Sin indemnizaciones fijas para las víctimas de pederastia: así es el acuerdo entre la Iglesia y el Estado

MadridEl gobierno español, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos han firmado este lunes, en la sede del Defensor del Pueblo, el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales y pederastia. Se trata del sistema para reconocer y reparar a las personas para las cuales ya no es posible la vía judicial y que estaba pendiente de detallar desde principios de enero, cuando se llegó a un pacto más genérico para ponerlo en marcha. Finalmente, en el texto no se ha incluido ninguna cifra orientativa de indemnización.

"Hemos querido excluir la referencia a baremos y cantidades económicas. En esto hemos estado de acuerdo todas las entidades", ha asegurado Luis Argüello, presidente de la CEE en una rueda de prensa posterior a la firma en la que ha subrayado que es un asunto que va más allá del dinero. Según el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, es positivo para las víctimas que no haya "un umbral mínimo y máximo" porque implica que no se limitan las indemnizaciones. "Es una buena noticia que se estudie caso a caso", ha añadido.

Las solicitudes se podrán presentar a partir del 15 de abril y el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra sobre la resolución de los procedimientos, en caso de que no haya acuerdo entre las partes. Con la culminación de este protocolo, la reparación a las víctimas de casos prescritos judicialmente o en los que el responsable de los abusos es fallecido deja de estar en manos únicamente de la Iglesia, tal como había pasado hasta ahora con el sistema que creó la Conferencia Episcopal en julio de 2024, conocido como PRIVA.

“Este plan tenía un pecado original y es que la Iglesia tenía la última palabra y eso hacía que muchas víctimas no tuvieran confianza en él", ha remarcado Bolaños, que ha celebrado que se ponga en marcha un "modelo mixto" que hace recaer en el Estado la decisión final sobre lo que deba hacer o pagar la Iglesia. "Se garantiza una reparación integral que en la mayor parte de los casos seguro que será económica", ha afirmado el ministro. Las víctimas que ya hayan sido reconocidas a través del plan PRIVA podrán volver a solicitar una indemnización con el nuevo mecanismo, si bien se tendrá en cuenta la reparación acordada previamente para evitar "duplicidades".

Así, ¿qué criterios se valorarán para fijar las cantidades de las compensaciones económicas? "La gravedad de los abusos sufridos –teniendo en cuenta su naturaleza–, la violencia ejercida, la edad de la víctima, el tiempo que duraron y la relación entre víctima y victimario", establece el protocolo, que también prevé evaluar el "daño a la dignidad, el dolor, el sufrimiento y la angustia emocional y las secuelas físicas, psicológicas, sociales y familiares que hayan producido, incluida la pérdida de oportunidades educativas, laborales o de prestaciones sociales". La reparación también podrá ser "simbólica", "restaurativa" o "espiritual".

Fases del procedimiento

Las víctimas que quieran solicitar una compensación tienen un año para hacerlo desde la puesta en marcha a mediados de abril, si bien las partes han dejado la puerta abierta a prorrogar el protocolo un año más por el hecho de que no saben si se podrá resolver del todo en este tiempo. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reconocido que no tienen una previsión de cuántos casos se pueden encontrar. Las víctimas que decidan acogerse al procedimiento deberán presentar un formulario ante el ministerio de Presidencia y Justicia, que lo remitirá a la unidad de víctimas del Defensor del Pueblo.

"No es un simple trámite [...] es un procedimiento flexible, personalizado, profesional y humano", ha garantizado Gabilondo, que ha asegurado que el equipo que esté a cargo será "muy cuidadoso". "Hemos visto el dolor que supone, no tiene ninguna gracia ver a personas de sesenta años convertidas de nuevo en niños. No jugaremos con la idea de hacerlas pasar de nuevo por esto, pero sí que debemos escucharlas y hacer una valoración", ha dicho.

La unidad del Defensor del Pueblo tendrá tres meses para hacer una propuesta de reparación una vez recibida la solicitud. Después, la pasará a la comisión asesora PRIVA, de la Iglesia, que tendrá un máximo de dos meses para valorarla. Cuando lo haya hecho, se comunicarán ambas respuestas a la víctima para que, en un plazo de quince días diga si está de acuerdo o, al revés, si presenta alegaciones. Si no hay conformidad, se abre un nuevo período de quince días para que el Defensor del Pueblo convoque una comisión mixta –formada por nueve miembros designados por el ministerio, el Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal y la de Religiosos, así como representantes de las víctimas– para que trate de llegar a un acuerdo consensuado en un plazo de un mes.

En caso de que no se consiga un acuerdo, será el Defensor del Pueblo el encargado de imponer su criterio. "Trabajaré para que haya el máximo consenso posible y espero que no sea necesario discernir en última instancia, pero si es necesario, ejerceremos con toda naturalidad nuestra responsabilidad", ha subrayado Gabilondo.