Más de 30.000 menores viven sin papeles en Cataluña

BarcelonaEstrena la adolescencia y Amina S. sueña con poder entrar en la academia y ganar una plaza en los Mossos d'Esquadra o en la Policía Local. Antes, sin embargo, tendrá que conseguir "los papeles" e incluso adquirir la nacionalidad española. De momento con 17 años, después de cuatro en Catalunya, está a la espera de que se resuelva su expediente, una vez que su padre se ha regularizado y puede iniciar los trámites del llamado arraigo familiar de sus dos hijos, mientras que la madre debe seguir otro procedimiento por separado. "¡No tener papeles te hace sentir diferente, porque sientes tantas veces que hay una invasión de ilegales!", afirma esta joven que solo piensa "en el futuro" y que nunca ha podido volver a su país de origen, ni siquiera cuando murió una abuela. "No habríamos podido volver", apunta.

De esta situación de inestabilidad y vulnerabilidad también sabe Roxanna Redon, que aterrizó en Catalunya cuando tenía 14 años, siguiendo a su madre desde Colombia. Ella pudo regularizar su situación administrativa por arraigo familiar. En estos casos, la ley pide que los progenitores demuestren que al menos llevan dos años residiendo en el Estado, tienen medios económicos para mantener a sus hijos y una vivienda digna para vivir. Durante seis años fue una niña sin papeles y recuerda ese periodo como "años difíciles" porque, "indocumentada" como estaba a ojos de la policía, limitaba las salidas por "miedo" a que por cualquier motivo le detuvieran. En casa, la madre le expuso lo que suponía no tener la documentación, así que ella fue consciente de ello desde el primer día de los "riesgos" que corría.

A pesar de que todas las criaturas tienen una protección especial por el mero hecho de serlo, lo cierto es que hay miles de menores que crecen en situación irregular, incluso habiendo nacido en territorio español. Por tanto, tienen sus derechos fundamentales limitados, señala Ona Lorda, responsable de políticas de infancia de la ONG Save the Children. Esta entidad elaboró ​​un informe con la Fundación por Causa en el que radiografiaba la situación de estos niños, y la abogada afirma que este grupo sufre un triple impacto: por ser menores de edad, por ser migrantes y por estar en situación administrativa irregular.

Una de cada cinco criaturas

¿Cuántas criaturas sin papeles hay? No hay una cifra oficial, tan sólo estimaciones. En el informe de las ONGs de 2021 se apuntaba a 34.000 menores de edad en Catalunya, una cuarta parte de los 147.000 de todo el Estado. Esta cifra supone una quinta parte de los extracomunitarios de ese grupo de edad. Preguntado al respecto, el departamento de Educación no dispone de estos datos porque afirma que todo el alumnado tiene el mismo trato. De hecho, profesores consultados confirman que no se les traslada esta información y que a menudo se enteran por un comentario de la familia o porque de repente el alumno no puede realizar una actividad. El único dato que aporta el departamento de Derechos Sociales e Inclusión es de 29.000 menores de 15 años, siempre a partir del censo. Ahora bien, y aunque no se cuenten, los menores existen y forman parte de la sociedad. El problema es que si no se cuantifica una situación se hace difícil visibilizar sus efectos.

La suerte de estas criaturas va ligada a la de los progenitores, porque la situación administrativa de los menores de edad provenientes de países extracomunitarios es la misma de la de sus padres: si ellos carecen de permiso de residencia, los hijos tampoco la tendrán. Esta situación se repite incluso para los nacidos en España de padres en situación irregular porque los hijos heredan la nacionalidad y la situación administrativa (el permiso de residencia). A diferencia de Estados Unidos, rige el derecho por sangre (ius sanguíneos) y no el derecho por territorio (ius solis), ilustra la abogada de la cooperativa IACTA Francisca Pérez.

Derechos vinculados al padrón

La gran mayoría de estos menores en situación irregular tienen acceso a una plaza en la educación obligatoria y en los servicios de salud. Ahora bien, según Lorda, el hecho de que estos son derechos vinculados al padrón municipal provoca que se produzcan "arbitrariedades" que pueden excluir a la criatura de estos derechos por el simple hecho de que no pueden optar a becas o no pueden realizar prácticas una vez llegan a estudios medios o superiores.

Esto le ocurrió a Redon, que de un día para otro tuvo que abandonar unas prácticas de un grado de formación profesional a raíz de la entrada en vigor del Estatuto del Becario, que obliga a las empresas a cotizar por los estudiantes en prácticas. "Como no tenía un NIE no podían darme de alta en la Seguridad Social", explica y, no pudo reanudar las prácticas hasta un año después, una vez ya pudo regularizar la situación por arraigo familiar cuando ya tenía 18 años (aunque el expediente arrancó cuando era menor). Entonces sólo tuvo permiso de residencia y no ha sido hasta hace pocos meses cuando ha sumado el de trabajo gracias a un precontrato que le hizo la entidad Suara dentro de un programa Lánzate de Intermedia, de formación e integración laboral dirigido a jóvenes vulnerables.

Sofía llegó con su madre hace cuatro años a Catalunya, donde ya vivía su padre en situación irregular desde hacía dos años. En este tiempo, ninguno de los dos progenitores ha podido conseguir una oferta laboral para poner en marcha los trámites del permiso de residencia, así que deben sobrevivir en el mercado laboral informal. Tampoco pueden alquilar una vivienda y se están realquilados en una habitación después de haber ocupado un tiempo un piso. "Te planteas volver a Colombia, porque aunque hay trabajo nadie quiere hacerte los papeles", se lamenta la madre, Carolina Urbano, quien señala las negativas que ha recibido de los empresarios que no han querido contratarla para no tener que esperar a que acabe todo el papeleo.

De hecho, si no se marchan –apunta– es para la niña, que está escolarizada y sigue un tratamiento en la sanidad pública de una enfermedad degenerativa sobrevenida que le afecta el oído y la vista y que la puede dejar ciega. Han intentado regularizar a Sofía acogiéndose a los criterios de circunstancias excepcionales por razones humanitarias y han recibido una respuesta negativa de la Subdelegación del Gobierno, que justifica la decisión por el hecho de que podría tratarse en Colombia. Sin embargo, la familia defiende que la factura económica de un hospital sobrepasa su capacidad. Desde octubre que están a la espera del recurso presentado. Si bien tienen acceso a la sanidad, la madre se queja de que no pueden hacer uso del servicio de ambulancias para trasladarla al hospital si sufre una crisis ni tampoco en las ayudas por discapacidad visual porque la niña no dispone de un NIE, el número de residencia para extracomunitarios.

Desde Save the Children, Lorda señala que la irregularidad administrativa tiene una clara traducción: una alta tasa de pobreza que, lógicamente, repercute a los menores. Estas criaturas tienen menos oportunidades en su desarrollo ya la hora de realizar actividades porque no pueden acceder a prestaciones oficiales como el ingreso mínimo vital o la renta garantizada de ciudadanía. En Sofía, como en el resto de niños, una excursión al extranjero es una experiencia negativa porque se expone al riesgo de que la detengan porque no tiene permiso de residencia. Imposible volver a ver a la familia en el país de origen, ni siquiera por una causa tan humana como la muerte o una celebración familiar. La de extranjería es "una ley inhumana", señala la abogada, porque obliga a las personas en situación irregular "a pasar desapercibidas, a ser casi invisibles".

La dificultad para conseguir un contrato laboral o un alquiler en una vivienda segura obstaculiza la regularización de los progenitores y, por tanto, también es un obstáculo para que los hijos menores de edad (o mayores con discapacidad) consigan los papeles. Por eso, tanto Lorda como Peréz coinciden en señalar las dificultades de que estas criaturas lleguen a los 18 años sin permiso de residencia porque decae la supuesta protección a la infancia y deben hacer el arraigo por el régimen general de los adultos. "Hay personas que llevan 15 años viviendo aquí y no han regularizado ni su situación ni la de los hijos", afirma la abogada, que enumera casos incomprensibles para la lógica familiar, con criaturas menores a las que se les concede el asilo pero no a los progenitores, que automáticamente tienen una orden de expulsión.