"Intentas disimular, pero las niñas ven que pueden perder su casa"

BarcelonaEl miedo de vivir con la amenaza de un desahucio es muy conocida por Nadia Mermouri, una de los miles de personas que ha vivido en carne propia lo que es tener que depender de la fortaleza (la propia, la de los vecinos y la de los movimientos sociales) para garantizar un techo a sus dos hijas. La situación de falta de ingresos hizo que en 2017 recibiera la primera notificación judicial para desahuciarla de su piso. Después vinieron dos más; la última –con fecha abierta en 2018– la obligó a hacer guardia día y noche en casa durante casi dos semanas. La pesadilla, explica, no solo la vivían ella y su marido, sino también las dos hijas menores de edad: "Tu procuras que no se te note, pero es imposible disimular y acaban notando, en tu carácter, que te angustia perder la casa, ven cosas", recuerda de aquellos días.

Como el piso de alquiler social no llegaba, el Ayuntamiento de Barcelona la realojó en un piso puente en Trinidad Vella mientras esperaba el piso definitivo. "Fueron 26 meses de espera en la mesa de emergencia", explica. Y la factura emocional, de nuevo, no solo la pagó ella, sino las niñas, obligadas a cambiar de entorno y de barrio de golpe: "De Ciutat Vella tuvimos que marcharnos a Trinidad Vella, y las dos acabaron con un TDAH (trastorno de hiperactividad) diagnosticado. La grande no comía y le costó adaptarse al nuevo barrio y la pequeña se empezó a portar mal en la escuela y nos dimos cuenta de que era de la tensión que se había sufrido en casa", relata Nadia. Ella, para no arrancarlas del entorno escolar, siguió cruzando la ciudad durante todo este tiempo para ir a la escuela de Ciutat Vella y a los casales.

Finalmente, llegó el piso definitivo: una vivienda social municipal que les permitió volver a Ciutat Vella con un alquiler de 194 euros que no superaba el 18% de la renta garantizada de ciudadanía (RGC) que cobra Nadia, que son los únicos ingresos que entran en casa. Después de dos años de una cierta tranquilidad, sin embargo, ahora le han revisado el alquiler y se lo suben a 470 euros. "Vuelvo a tener problemas porque este importe es el 38% de lo que cobro al mes y me encontraré con que no llegaré a cubrir los gastos de los cuatro", dice, de nuevo preocupada por su futuro.

El trance de vivir una situación en la que la vivienda está en riesgo, como en el caso de Nadia, o no poder hacer frente a los suministros básicos, mina la salud física y mental. Tres de cada cuatro personas presentan malestar psicológico y la mitad depresión, según los datos recogidos en el informe elaborado por entidades sociales, entre ellas la PAH y la Alianza por la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC. Los datos están muy por encima de la incidencia que tiene la depresión, por ejemplo, en la población general (4,7%). El informe asegura que seis de cada diez familias que tienen problemas para pagar las facturas de luz, agua o gas tienen hijos a cargo y que cerca de un tercio están formadas por un solo adulto (en la mayoría de los casos, una mujer) y uno o más menores de edad. La salud mental de los niños también recibe el impacto de la emergencia en el hogar: un 14% de los niños en estas familias en precario presentan estados de salud malos o regulares, mientras que la cifra se reduce al 2% en el global de población de esta edad.

Más de 5.000 desahucios evitados cada año

En el caso de Nadia, la familia acabó encontrando una salida gracias a la aplicación de lo que dice la ley catalana 24/2015, conocida como la ley antidesahucio, y para hacer frente a la pobreza energética, una norma que ha sufrido sacudidas y suspensiones en los tribunales desde que se aprobó hace siete años. Las entidades sociales critican que, a pesar de estar en vigor y probada la utilidad de estas medidas sociales, no se aplican en todos los casos. Lo demuestra el hecho de que haya, por ejemplo, más de 1.600 familias que esperan una vivienda en las mesas de emergencia en toda Catalunya.

A pesar de todo, las entidades sociales defienden que la batería de medidas que prevé el marco legal catalán funciona y ha evitado, como mínimo, que se llevaran a cabo unos 5.000 desahucios al año (la cifra lo extraen de los datos del Govern de ofertas de contratos de alquiler social ofrecidos por grandes bancos o fondos a familias que no podían pagar) y se han salvado unos 200.000 cortes de luz, agua o gas. Aun así, las interrupciones de suministro a familias vulnerables no se han erradicado y, según el informe, un 40% de los encuestados atendidos por las entidades asegura que ha sufrido al menos uno. La mitad se dan en familias que están ocupando una vivienda por falta de alternativas. Es el caso de Carmen, una mujer que trabaja en precario y que lucha para que se le expida un informe de vulnerabilidad.

Mari Carmen vive en un piso de propiedad, pero su incapacidad hace años que la privó de poder trabajar y no podía hacer frente a las facturas: "Con 350 euros al mes, tuve que elegir entre comer o pagar la luz o el agua". La "bola" de la deuda eléctrica se convirtió en una pesadilla de llamadas y amenazas por carta de llevarla a los tribunales: "Sonaba el teléfono y el corazón ya se me disparaba, me decían barbaridades, era un acoso en toda regla".