Un juez envía a juicio a 27 policías y un guardia civil por las cargas del 1-O en Girona y Aiguaviva

BarcelonaEs una de las últimas causas que se abrieron por las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1 de octubre de 2017 y una de las primeras que podría ir a juicio. El juez que investigaba la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en Girona y Aiguaviva durante la jornada del referéndum a raíz de la querella colectiva impulsada por un grupo de abogados ha ordenado procesar a 27 agentes de la policía española y un guardia civil por lesionar a diferentes votantes.

El juez concluye que se tiene que procesar a los 28 agentes por un delito de lesiones. En cambio, descarta hacerlo por el delito contra la integridad moral o por un delito de torturas como pedía la acusación. También archiva la parte de la causa que investigaba las cargas en Sant Julià de Ramis.

Pese al elevado número de procesados, el juez va con pies de plomo a la hora de valorar el dispositivo policial de los cuerpos de seguridad del Estado durante el 1-O. En una extensa resolución, que ha adelantado ACN y a la cual también ha tenido acceso el diario ARA, el magistrado subraya en varias ocasiones que el referéndum era "ilegal", que las fuerzas de seguridad del Estado tenían la orden de impedirlo y que, en la mayoría de los casos, actuaron de manera "proporcionada" y "cumpliendo" con los protocolos policiales. Analizando escuela por escuela, el titular del juzgado de instrucción 2 de Girona asegura que la mayoría de votantes opusieron "resistencia" a la actuación policial, recuerda que muchos agentes percibieron su actitud como "hostil" y concluye que los agentes tuvieron que hacer uso de la fuerza para cumplir "con la orden judicial de impedir la celebración del referéndum". Aun así, admite que hay que procesar a los 28 agentes por las lesiones que "desgraciadamente" causaron a algunos votantes durante su actuación.

Ahora bien, la resolución descarta el delito contra la integridad moral, el delito de desórdenes públicos y el delito de torturas que los querellantes atribuían a los policías y guardias civiles, porque los agentes actuaban "cumpliendo un mandato judicial" y porque en ningún caso los agentes quisieron "alterar la paz pública". También descarta que los agentes quisieran "denigrar" a los ciudadanos con su actuación, que "se extralimitaran", que "abusasen" de su cargo, o que los golpes de porra en la cabeza o en otras zonas prohibidas del cuerpo o el uso mientras los ciudadanos estaban de pie o sentados en las immediacions de las escuelas se puedan entender como un delito de torturas.

Se descarta la existencia de un plan común

El juez se limita a depurar responsabilidades individualmente en el caso de aquellos agentes a quienes se ha podido identificar y descarta hacerlo entre la cadena de mando a pie de calle durante la jornada del referéndum, porque entiende que no existía un plan "común" para lesionar a la ciudadanía o que los mandos dieran pautas a los agentes para "castigarles". Por eso también decide que se juzgue cada dispositivo por separado.

En total el magistrado procesa a 27 agentes de la policía nacional por su actuación en diferentes escuelas de Girona y a un guardia civil por la actuación en Aiguaviva. En este caso, se trata del agente que "por iniciativa propia" lanzó aerosol contra los votantes. En cambio, archiva la causa contra dos agentes más del cuerpo armado que actuaron en este municipio y por el dispositivo en Sant Julià de Ramis, a quien no se ha podido identificar.

En declaraciones al ARA, uno de los abogados impulsores de la querella, Albert Carreras, ha valorado positivamente la decisión del juzgado, "porque se han investigado los hechos" y porque irán "a juicio", a pesar de que finalmente se hayan descartado algunos de los delitos que planteaban los denunciantes, así como los hechos de Sant Julià de Ramis. Los abogados analizarán la resolución en los próximos días para decidir si la recurren.