Los altos tribunales valencianos y navarros, los que más marginen la lengua propia

ValenciaHace más de 10 años que ni el Tribunal Superior de Justicia ni ninguna Audiencia Provincial del País Valenciano publican una sentencia en valenciano. Así lo ha denunciado la Asociación Ecologista Agró, que lamenta que, junto a la navarra, la valenciana es la autonomía donde menos se utiliza su lengua cooficial en los tribunales.

La entidad, muy habituada a presentar recursos y demandas contra la administración, ha obtenido los datos mediante un análisis del CENDOJ, la página webser el primer a investigar la corrupció del PPComo ejemplo de la marginación del valenciano, la asociación ha destacado que desde el año 2000 la sala social del TSJ no ha publicado ninguna. En el caso de las salas penal y civil de la Audiencia Provincial, ha localizado cuatro, de los años 2001, 2003, 2009 y 2015. También destaca el hecho de que la sala de lo contencioso del TSJ hace 15 años que no dicta una sentencia en la lengua cooficial y que el dato no es mayor porque un único juez, el magistrado Luis Manglano, conocido por ser el primero en investigar la corrupción del PP, dictó 19 resoluciones en valenciano.

Euskadi y Navarra, también a la cola

Si comparamos los altos tribunales valencianos con los del resto de territorios con lenguas cooficiales del Estado, los datos tampoco mejoran, dado que los valencianos solo son superados por la diglosia de los juzgados navarros, que, según el análisis de Agró, directamente no dictan sentencias en euskera. A la cola también está el País Vasco, donde solo se han publicado 576 resoluciones en euskera, el 0,16% del total. Un pelo más positiva es la situación de las Islas Baleares, donde el porcentaje asciende a un 2,45%, con 3.788 sentencias en catalán. Mejor resultado es el de Galicia, con 9.586, el 3,42%. Donde la minorización de la lengua propia es más reducida es en Cataluña, dado que en este período se han dictado 110.248 resoluciones, el 8,09%. La cifra es muy similar a la aportada por la radiografía del catalán en la justicia que se hizo pública en 2022, según la cual las sentencias que se redactan en catalán son menos del 7%.

Como muestra de la marginación de las lenguas cooficiales en la justicia, Acció Ecologista-Agró detalla las dificultades que ha sufrido para tramitar sus escritos en valenciano, hasta el punto de que en un caso tuvieron que pedir que se tradujeran sus documentos al constatar que ni las otras partes ni el mismo tribunal parecían entender los documentos que presentaban. También destacan que en una ocasión enviaron un recurso de casación al Tribunal Supremo y que el juzgado no tradujo las actuaciones, circunstancia que consideran que les supuso una gran indefensión.

Cambios en la legislación

Para corregir esta situación, el 4 de diciembre del 2024 entró en vigor la nueva ley de defensa, según la cual los procesos judiciales iniciados en los territorios de habla catalana podrán continuar en la lengua propia cuando lleguen a instancias supranacionales. Además, los tribunales de todo el Estado deberán facilitar traductores "si el uso de una lengua, especialmente la materna o una de las lenguas oficiales en las comunidades autónomas, contribuye a garantizar el ejercicio del derecho de defensa".

Complementariamente a las modificaciones en la legislación estatal, AE-Agró reclama cambios a escala autonómica y denuncia la inacción de un gobierno valenciano al que acusa de incumplir su legislación, que establece que la Generalitat deberá impulsar los acuerdos necesarios con la administración "para hacer efectivo el uso del valenciano en los juzgados y tribunales”. En este sentido, también lamenta que el conocimiento del valenciano "no es un criterio para la selección de los magistrados que operan en los tribunales superiores", una circunstancia que tampoco se corrige utilizando herramientas informáticas como traductores.