La Fiscalía admite por primera vez un delito de torturas en una detención de la policía franquista

BarcelonaLa Fiscalía de Barcelona ha cerrado la investigación por torturas a la activista y filóloga Blanca Serra, la primera víctima que se dirigió directamente a la Fiscalía de Memoria Histórica y no a los juzgados. De este modo, le reconoce la condición de víctima del franquismo y lo hace por primera vez en base a la ley de memoria democrática del año 2022.

Blanca Serra y su hermana, la historiadora Eva Serra –que murió en el 2018–, estuvieron detenidas en la comisaría de Via La7 1982. La investigación concluye que durante el arresto de febrero de 1977 sufrieron "un delito de torturas perpetradas en un contexto de crímenes contra la humanidad". La Fiscalía añade que la Brigada Político-social las detuvo sólo por su actividad política de oposición a la dictadura y que les "infligió violencia física y psíquica por conseguir información y conseguir una confesión, que les causó secuelas de tipo traumático". Todo ello, en un contexto de persecución y represión política instaurada por el franquismo, añade el ministerio público en un comunicado.

Sin embargo, la investigación no ha podido esclarecer la identidad de los autores materiales del delito. Por ello, la Fiscalía ha optado por presentar una denuncia en los juzgados, y ha pedido que, de momento, la causa quede archivada provisionalmente por falta de autor conocido. De todas formas, el hecho de que la Fiscalía plantee un archivo provisional deja la puerta abierta a la posibilidad de reanudar la investigación si en el futuro trascienden datos nuevos que ayuden a identificar a los responsables de las torturas.

Además, la Fiscalía menciona expresamente que el archivo de la investigación penal no impide que se puedan emprender otras acciones judiciales previstas en la ley a través de la vía civil.

Primera investigación abierta

Antes de que Blanca Serra presentara su denuncia directamente a la Fiscalía, todas las denuncias que víctimas del franquismo habían llevado a los juzgados habían terminado archivadas porque la justicia interpretaba que los hechos están prescritos y que la ley de amnistía del año 1977 impide investigarlos.

Serra denunció que tanto ella como su hermana habían sido torturadas las cuatro veces que fueron detenidas durante la Transición: en febrero de 1977, 1980, 1981 y 1982. A raíz de esta denuncia, la Fiscalía abrió por primera vez al Estado una investigación por torturas durante el franquismo, interpretando que la ley de memoria democrática del 2022 obliga a ello.