La Fiscalía admite por primera vez un delito de torturas en una detención de la policía franquista

BarcelonaLa Fiscalía de Barcelona ha cerrado la investigación por torturas a la activista y filóloga Blanca Serra, la primera víctima que se dirigió directamente a la Fiscalía de Memoria Histórica y no a los juzgados. De este modo, le reconoce la condición de víctima del franquismo y lo hace por primera vez en base a la ley de memoria democrática del año 2022.

Blanca Serra y su hermana, la historiadora Eva Serra –que murió en el 2018–, estuvieron detenidas en la comisaría de Via La7 1982. La investigación concluye que durante el arresto de febrero de 1977 sufrieron "un delito de torturas perpetradas en un contexto de crímenes contra la humanidad". La Fiscalía añade que la Brigada Político-social las detuvo sólo por su actividad política de oposición a la dictadura y que les "infligió violencia física y psíquica por conseguir información y conseguir una confesión, que les causó secuelas de tipo traumático". Todo ello, en un contexto de persecución y represión política instaurada por el franquismo, añade el ministerio público en un comunicado.

Sin embargo, la investigación no ha llegado a esclarecer la identidad de los autores materiales del delito. Por ello, la Fiscalía ha optado por presentar una denuncia en los juzgados, y ha pedido que la causa quede archivada provisionalmente por falta de autor conocido. Tanto Òmnium como Irídia, que han acompañado a Serra en el procedimiento, ven "insuficientes" las pesquisas sobre la identidad de los agentes. De hecho, la abogada Sònia Olivella ha asegurado que entre los expedientes que se han recavado durante la investigación hay documentos en los que consta la identidad de los policías que intervinieron. Este miércoles la fiscal de memoria y derechos humanos, Sara Gómez, ha entregado los archivos a Serra en una reunión de unas dos horas. Existe, entre otros, el acta de entrada y registro en casa de las hermanas Serra durante su primera detención y la declaración que firmaron, durante su segundo arresto, después de unos tres días de torturas.

"Es desesperanzador ver que el único organismo creado en 50 años para romper el sistema de impunidad, esta Fiscalía de Memoria Democrática, se ha quedado corta", ha valorado Olivella. La abogada atribuye esta decisión de la Fiscalía a la "falta de voluntad política de la fiscal de sala", es decir, a la responsable en el Tribunal Supremo de la especialidad de memoria democrática, un cargo que ocupa el ex fiscal general y ex ministra de justicia Dolores Delgado.

Este jueves Serra también ha hecho pública en la que se dirige a las fiscales Gómez y Delgado. "Tenía la esperanza de que las nuevas fiscalías especializadas en memoria democrática pudieran abrir camino para acabar, de una vez por todas, con la impunidad de los crímenes del franquismo", critica. Con todo, reconoce el "valor simbólico e institucional innegable" de haber sido la primera víctima a la que la Fiscalía ha tomado declaración, y recuerda que "el deber de garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en relación con los crímenes de lesa humanidad".

La opción de reabrir el caso

El decreto con el que la Fiscalía ha cerrado la investigación no puede recurrirse, pero el hecho de que plantee en el juzgado un archivo provisional deja abierta la posibilidad de reanudar la investigación si en el futuro trascienden datos nuevos que ayuden a identificar a los responsables de las torturas. Para archivar el caso, el juzgado deberá dictar un auto que sí podrá recurrirse, y Olivella ha dicho que valorarán con Serra si quieren continuar por esta vía. Además, la Fiscalía menciona expresamente que el archivo de la investigación penal no impide que puedan emprenderse otras acciones judiciales previstas en la ley a través de la vía civil.

Antes de que Blanca Serra presentara su denuncia a la Fiscalía, todas las denuncias que víctimas del franquismo habían llevado a los juzgados habían terminado archivadas porque la justicia interpretaba que los hechos están prescritos y que la ley de amnistía del año 1977 impide investigarlos. Justamente esta semana, un juzgado de Madrid ha citado a declarar al denunciante Carlos Serrano Suárez y Agustín Costo Martínez, uno de los cinco policías contra quienes se ha querellado por torturas en 1975. El magistrado también ha pedido datos de filiación completa de los agentes.

Serra denunció que tanto ella como su hermana habían sido torturadas las cuatro veces que fueron detenidas durante la Transición: en febrero de 1977, 1980, 1981 y 1982. A raíz de esta denuncia, la Fiscalía abrió por primera vez al Estado una investigación por torturas durante el franquismo, interpretando que la ley de memoria democrática del 2022 obliga a ello.