Barcelona

La letra pequeña del plan urbanístico de Colau en Gràcia enciende a los vecinos contra las expropiaciones

Hay decenas de pisos afectados y un calendario fijado, pero el Ayuntamiento defiende que no tiene voluntad de ejecutar los derribos

BarcelonaLa cara A del plan, la que se anunció en rueda de prensa, hablaba de proteger patrimonio, ganar vivienda asequible, blindar el verde y borrar del mapa actuaciones urbanísticas que se arrastraban desde hacía décadas pero que se consideraba que ya no tienen sentido en la Barcelona actual, como atrasar la línea de fachada en la calle Gran de Gràcia o Travessera. A modo de titular: "Dibujar la Gracia que queremos para dentro de veinte años y proteger la identidad", en palabras del concejal del distrito, Eloi Badia. Pero la letra pequeña de la modificación del Plano General Metropolitano (PGM) del barrio de Gràcia escondía sorpresas en forma de amenaza de expropiación para algunos vecinos que, alertados como pasa tantas veces en Gràcia por el semanario L'independent, que desglosó los detalles del plan, han empezado a organizarse, incluso creando nuevas plataformas vecinales, para dejar clara su oposición al proyecto. Sobre todo los que ahora ven la espada de Damocles de la expropiación sobre sus cabezas. O los que, como los de la zona de la Plaça Joanic, ven que el nuevo plan no da respuestas a su situación, afectados desde hace más de 40 años. Seguirán en el mismo limbo.

Según la documentación que salió a exposición pública, el plan dibuja una docena de ámbitos en los que tendría que haber expropiaciones, la inmensa mayoría heredadas de planeamientos urbanísticos anteriores pero que se decide mantener y algunas incorporadas ahora para compensar las nuevas edificaciones de viviendas o cambios de usos. En total se situaba como afectados 68 viviendas y más de 90 empadronados. Una cifra que el gobierno municipal matiza ahora que se ha recalculado y que queda acotada a 42 pisos, aparte de una cuarentena de locales. Lo que más atemorizaba al vecindario era, de hecho, la página del documento en la que se especificaba que las actuaciones se harían en doce años: unas cuantas el primer sexenio y otras el segundo. El equipo de Colau, sin embargo, también ha suavizado ahora esta amenaza.

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El propio Badia enviaba el martes un mensaje tranquilizador a los vecinos que participaron en la audiencia pública del distrito al asegurar que el Ayuntamiento no tenía intención de activar ninguna expropiación si no eran los propios afectados los que las pedían. El plan urbanístico fue el tema estrella de la sesión, después de que muchos vecinos acudieran alertados por la publicación de un artículo en el diario El País donde se señalaba que algunos de los afectados todavía ni sabían que lo estaban y donde se apuntaban ya los espacios en los que el gobierno preveía hacer los realojos.

Después de la polémica generada entre el vecindario de la zona, la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, defiende que la modificación del PGM que prevé sacar adelante su equipo lo que hace, sobre todo, es desafectar: se pasa de 210 perjudicados a 42. Apunta que se han liquidado de manera prioritaria las que preveían abrir calles –no todas– pero que se han mantenido las necesarias para compensar que se construyeran nuevas viviendas y verde: "Seguirem atentos a las correcciones que se puedan introducir, estamos dispuestos a revisarlo".

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El vial de la polémica

Uno de los sectores más sublevados por el plan es el del Passatge de Frígola, afectado precisamente por la apertura de un nuevo vial. Se trata de un callejón situado muy cerca de la Plaça de Lesseps, que nace en la calle Verdi y no tiene salida. O la tiene solo en forma de parque: en el tramo final de la calle están los Jardins del Mestre Balcells, que sí se pueden cruzar para llegar a la calle de abajo. El nuevo planeamiento ha resucitado una amenaza antigua: la de los escombros en la calle. En concreto, lo que no se ha dejado sin efecto es la expropiación del último bloque, donde se prevé abrir un paso en planta baja para conectar esta calle con Cardener y hacer equipación en el resto de los pisos. Una operación que obligaría a realojar a 14 familias y que, como han denunciado los afectados, se traduciría en la apertura de un túnel, de unos 37 metros de largo y 3 de ancho, para hacer la conexión de calles por debajo del edificio existente, de donde se expropiarían las viviendas. Los vecinos ya se han constituido en la nueva plataforma No al Vial del Passatge Frígola. No quieren marcharse de su casa y no quieren que el pasaje pierda su "identitat". Entienden que el túnel, largo y estrecho, no es en ningún caso una buena solución de conexión.

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Las fincas del callejón están afectadas desde el PGM de 1976, cuando se preveía que pasara un gran vial de conexión entre Lesseps y Joanic, que ahora está del todo descartado. Pero la amenaza de expropiación ha vuelto de manera recurrente al pasaje, con proyectos como el de ampliar los jardines. Los vecinos, que ya han presentado alegaciones al plan, denuncian "el impacto psicológico" de la operación sobre las familias afectadas y aseguran que la apertura de la calle no responde hoy a ninguna necesidad "real" y que "rompe la fisonomía" del pasaje.

"Es un espacio muy especial y si abren el vial esto se desvanece", asegura Sílvia Callejas, propietaria del local de los bajos del edificio afectado, que funciona como un centro cultural. Ella y su hermana adquirieron el espacio en 2018. Sabían que estaba afectado, pero dieron por hecho que el plan previsto y descartado desde hacía décadas no saldría adelante. Ahora también están amenazadas de expropiación, a pesar de que el gobierno municipal se ha abierto a analizar la situación del pasaje.

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Casetas condenadas al escombro

Es una situación similar a la que denuncia una vecina de la calle Banyoles, donde también hay unas casetas que, según la modificación del PGM, tienen que derribarse para crear una zona verde nueva. Compró la vivienda sabiendo que estaba afectada desde un plan urbanístico de 1987, pero después de verificar con el Ayuntamiento que no se preveía ninguna actuación. "Me cogió por sorpresa la noticia de que ahora sí nos expropiarían", explica. El plan afecta aquí –en el ámbito entre Banyoles, Igualada y Milà i Fontanals– a cinco parcelas y una veintena de viviendas.

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La modificación urbanística también prevé expropiaciones en ámbitos como Riera de Cassoles-Carolines para liberar espacio edificado o en la parcela donde estaba el antiguo Teatre Principal, que ahora es un garaje, y que también se prevé expropiar para crear una zona verde nueva, que se quiere abierta en las calles Sant Domènec y Sant Pere Màrtir. O abrir un vial que enlace la Plaça del Gato Pérez con la calle Llibertat dando continuidad a la calle Tagamanent, y expropiaciones para ampliar jardines como los de Menéndez y Pelayo o para ganar verde en Torrijos-Terol-Torrent d'en Vidalet, entre otros.

El gobierno municipal, que consiguió tramitar la aprobación inicial del plan en febrero, tendrá ahora más problemas para conseguir el apoyo político necesario para aprobar la modificación definitiva. Grupos como ERC y JxCat han presentado duras alegaciones contra el proyecto. Los republicanos alertan de que se han visto "sorprendidos" por el contenido del plan. Cargan, sobre todo, contra el hecho de que en el gran ámbito de la Plaça Joanic y el Passeig Pi i Margall haya más de 300 viviendas afectadas a las que todavía no se da ninguna respuesta a la espera de un planeamiento posterior.

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"Llevan más de 40 años en una situación de precariedad y entendemos que esta modificación del PGM les tenía que dar alguna solución", critica el portavoz de ERC, Jordi Coronas, que también denuncia "contradicciones" entre los elementos que se ha decidir proteger y los que no y pone en entredicho la manera en la que se prevé ganar vivienda de protección oficial. El gobierno municipal situó el horizonte en 2.000 pisos nuevos, pero no les puso fecha.

JxCat también critica medidas como querer reducir la disponibilidad de nuevas plazas de aparcamiento a una por cada diez viviendas y pide un proceso participativo "mucho más extenso" del que se ha hecho y evitar una sobredensifiación de la zona con las nuevas promociones de pisos o de convertir bajos en viviendas.

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"Un chapuza hecha con prisas"

El punto de la priorización de la construcción de vivienda también ha encendido los ánimos de plataformas vecinales como Protegim l'Interior d'Illa, que acusan al gobierno de haber presentado el plan argumentando que se querían preservar también aspectos como el verde o el patrimonio y, en la práctica, haber hecho pasar la construcción de nuevos pisos por delante de todo. "Es una chapuza hecha con prisas electoralistas para poder anunciar muchas promociones de vivienda", denuncia Josep Maria Artigal. Una alegación conjunta entre cinco entidades pide que se priorice dar uso a los pisos vacíos que ya hay y evitar la expulsión de vecinos.

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Desde la plataforma Gràcia Cap On Vas? celebran la "valentía" de haber afrontado un replanteamiento urbanístico de esta envergadura pero lamentan que las promociones de vivienda de protección oficial se hayan dejado en buena parte en manos de la iniciativa privada. Proponen una fórmula mixta con vivienda de iniciativa pública en alguna de las nuevas zonas verdes y liberadas y "no aplazar más" el planeamiento de la zona de Joanic, como explica Antoni Ramon. En total el plan ha recibido 55 alegaciones.