La ley educativa balear, en el punto de mira por incorporar el castellano como lengua vehicular

PalmaEl Moviment per l'Escola en Català a les Illes rechaza la ley educativa balear, que se aprobará en el Parlament la semana que viene. El motivo principal es que la normativa incluye como lengua vehicular el castellano –además del catalán–, cosa que las entidades consideran "inaceptable". Así lo han defendido esta mañana representantes de la Plataforma per la Llengua y los sindicatos STEI, UOB Ensenyament y Alternativa Docent. El bloque de entidades reclama una reunión de urgencia a la presidenta Francina Armengol y al conseller de Educación, Martí March, para que se pare la tramitación de esta ley y "que se vuelva al diálogo con la sociedad civil".

El portavoz del Moviment y delegado de Plataforma per la Llengua Illes Balears, Ivan Solivellas, ha exigido "valentía" a los responsables políticos y ha expresado que es una ley "sin consenso, para hacerse la foto y que ningunea el catalán". Además, ha instado a los partidos políticos del Pacto, así como a Més per Menorca y El Pi, que no la aprueben. Además, el Moviment hace un llamamiento a todas las entidades y organizaciones de la sociedad civil a expresar públicamente su rechazo a la normativa. Además, la organización asegura que no descartan movilizaciones si no se atienden estas peticiones ni pedir un "voto de castigo" al Pacto si finalmente sale adelante la ley tal como está.

Según el Moviment, incorporar la vehicularidad del castellano significa "agravar todavía más la situación de emergencia lingüística que sufrimos" y abre la puerta a que "esta vehicularidad también se aplique en otras leyes futuras". Cree que el hecho de blindar el Decreto de mínimos de clases en catalán no se tendría que celebrar como una victoria porque "de entrada, es una derrota". "Este decreto que, como su nombre indica, es de mínimos, es una herramienta del siglo XX que ha quedado obsoleta en el contexto social y demográfico del 2022", argumentan. "Es por eso que ya no tiene sentido hablar tan solo de porcentajes cuando la realidad sociolingüística del catalán y el castellano no es la misma", añaden.

En este sentido, Aleix Font, representante de Unión Obrera Balear, ha expresado que "el Decreto de mínimos es insuficiente porque la situación social del catalán ha empeorado". Además, ha añadido que "hay que ir más allá y que la derecha no puede marcar la agenda política". Según Cosme Orell, de STEI-Intersindical, "esta ley llega tarde y mal y no garantiza que los alumnos asuman el mismo grado de competencias escritas en catalán y castellano".

Propuestas

El Moviment reivindica que la futura ley tendría que determinar "líneas maestras flexibles para los proyectos lingüísticos de centro y establecer mecanismos para hacerlas cumplir". Por ahora, consideran que "no se sabe cómo se comprueba el nivel de logro de competencias y capacidades de catalán". Así mismo, piden que "se territorialicen los resultados IAQSE [Institut d'avaluació i qualitat del sistema educatiu]" y que participen agentes externos como, por ejemplo, la UIB o el Consell Social de la Llengua Catalana, así como entidades de la sociedad civil, con objeto de tener la máxima objetividad. También reclama que la Conselleria de Educació explique cómo garantizará el cumplimiento de esta ley y de los planes lingüísticos de centro.

En este sentido, reconocen que "la ley da a entender que hay zonas donde la realidad sociolingüística es delicada y otras donde la situación es óptima y habla de las condiciones sociolingüísticas de cada zona", pero critican que "no concreta cómo y quién las evaluará, y de qué manera los centros lo tendrán que recoger en los planes lingüísticos de centro". En este sentido, la portavoz de Alternativa Sindicat Docent, Maria Gràcia Vila, ha dicho que hace falta "definir las áreas de urgente intervención lingüística (AUIL) y que la ley las tenga en cuenta para aplicar un sistema que sea realmente de inmersión lingüística en estos territorios".