Luz verde definitiva a la ley de protección de la infancia y la adolescencia
Los soberanistas votan a favor después de que en el Senado se hayan blindado las competencias de las comunidades autónomas
MadridConsenso prácticamente total en el Congreso para aprobar la ley de protección de la infancia y la adolescencia -ley Rhodes-, que recibe el visto bueno definitivo y entrará en vigor dentro de 21 días. Solo Vox se ha opuesto a una norma de largo recorrido que, entre las medidas más destacadas, alarga hasta los 35 años de la víctima la prescripción de los delitos contra los menores -ahora era a los 18-. El proyecto inicial del gobierno español lo situaba a los 30, pero, a lo largo del trámite parlamentario y por la presión de entidades de la infancia, se acordó esta extensión. El 15 de abril el dictamen obtuvo el aval mayoritario de la cámara baja, pero tras el paso por el Senado ha recogido también los apoyos de PNV, JxCat, PDECat y EH Bildu porque se han blindado las competencias de las comunidades autónomas.
Las enmiendas a la cámara alta también han introducido otros cambios: la prohibición de hacer desnudar a los jóvenes migrantes no acompañados para determinar su edad. "Cuando no se pueda establecer la mayoría de edad de una persona, será considerada menor y no podrán realizarse en ningún caso desnudos integrales, exploraciones genitales u otras pruebas médicas especialmente invasivas", dice la ley. Tampoco se podrán utilizar técnicas de contención mecánica en centros de menores, entendidas como sujetar a la persona a una cama articular o a un objeto fijo. Entre las novedades incorporadas en el Senado, también destaca la obligación de requerir una "autorización expresa de los progenitores" para difundir la imagen de un menor fallecido.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, así como los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, han celebrado la aprobación de una ley "pionera" que "dignifica" a los menores y adolescentes. Después de que el PP y el PSOE ya iniciaran un proyecto de estas características años atrás, la ley que se ha acabado sacando adelante ha sido la impulsada por el ministerio que dirigía Pablo Iglesias hasta hace pocas semanas y que ahora ha pasado a manos de la futura líder de Podemos. Más allá de las ya mencionadas, estas son algunas de las medidas más destacadas:
Obligación de comunicar cualquier sospita
Uno de los deberes que se han incluido en la ley es la obligación de comunicar cualquier sospecha de violencia contra un niño o un adolescente avisando a la autoridad competente. La idea es que la sociedad sea más protectora, sobre todo los colectivos profesionales que tienen un contacto habitual. Uno de los derechos de los menores es que deben poder estar informados, no solo ser escuchados, en los procesos administrativos y judiciales, además de poder presentar una denuncia de manera personal y directa. En este sentido, se ha incorporado que un menor de 14 años o persona con discapacidad necesitada de especial protección que tenga que intervenir en un procedimiento judicial pueda hacerlo solo una vez para evitar la revictimización y, además, pueden estar acompañados de equipos psicosociales.
La figura del “coordinador de bienestar”
La ley ha previsto la creación de la figura del "coordinador de bienestar y protección" en los centros educativos, enfocada principalmente a trabajar contra el acoso escolar. Es una de las medidas junto a un refuerzo de la formación en los ámbitos que están más en contacto con la infancia, para saber detectar los indicios de peligro, así como la especialización de jueces y fiscales para reducir la revictimización. También se quieren impulsar unidades con la misma especialización en los cuerpos de seguridad y aglutinar la información en un registro central.
Con perspectiva de género
Otro de los cambios es la eliminación del síndrome de alienación parental (SAP): que un padre acuse a su ex pareja de manipular o poner a su hijo en contra. La ley se ha definido con perspectiva de género y sin permitir que se utilice la SAP, ante la falta de un aval científico, para culpabilizar a la madre. Se incorporan acciones del pacto estatal contra la violencia de género y propuestas de igualdad, como suspender de oficio el régimen de visitas cuando se ha dictado una orden de protección y haya indicios de que el hijo ha presenciado o sufrido la violencia.
Los servicios sociales, reconocidos como "agentes de la autoridad"
Uno de los puntos controvertidos, que no convence a las entidades, es que la ley ha reconocido los servicios sociales como "agentes de la autoridad". Esto ha generado recelos debido a que este poder pueda causar indefensión en las familias contra la administración, por ejemplo en casos en los que se retira la tutela por desamparo. En cuanto a los centros de menores, se han planteado herramientas para que los niños y adolescentes puedan presentar denuncias sin sufrir represalias y reforzar el papel de la Fiscalía en la supervisión.
La edad como motivo de discriminación
Para poder aplicar todos los cambios, la propia aprobación del Congreso prevé la reforma de una quincena de leyes. Una de las reformas debe ser la modificación de los delitos de odio para incluir también la edad como motivo de discriminación.