El Govern sale al rescate del sistema saturado de reciclaje de ropa

BarcelonaSaturados, presionados y con unos costes que corren el riesgo de ahogarlos. Así se encuentran ahora mismo en Cataluña muchas entidades y empresas, muchas del tercer sector, que se dedican a la recogida selectiva y clasificación de la ropa y textil que depositamos en los contenedores específicos para que se puedan reaprovechar las prendas y los materiales. El problema que tiene acorralado el sector es doble: por un lado, una cantidad ingente y creciente de toneladas de ropa y tejidos que complica la gestión en las plantas de todo el país. Por otro lado, el colapso de ropa de segunda mano que existe también en los mercados internacionales donde hasta ahora encontraba salida el material previamente elegido aquí. Si no pueden venderlo, los costes de gestión para estas empresas de inserción se vuelven inasumibles.

La salida del callejón sin salida pasa, en parte, por la implantación del esperado sistema que obligue a los fabricantes de moda y textil en general a hacerse responsables y cubrir los costes de gestión de los residuos procedentes de sus productos. El llamado sistema de responsabilidad ampliada del productor (RAP) está en desarrollo en España y tardará aún un año en estar a pleno rendimiento, lo que ha obligado a la Generalitat a mover ficha y salir al rescate del sector para evitar el colapso del que advierten las empresas.

Lo hará a través de los entes locales, que son los que tienen contratados los servicios de estas empresas para que les gestionen todo el reciclaje del textil. Si hasta ahora el Govern otorgaba a los ayuntamientos 10 euros por tonelada de textil recogida selectivamente, ahora el importe pasará a ser de 50 euros por tonelada –o mayor, hasta 75 euros en los pequeños municipios rurales–. Este dinero, que proviene del retorno del impuesto que pagan los entes locales por vertido e incineración de residuos –lo que era el antiguo canon–, debería poder sufragar los gastos más altos a los que debe hacer frente el sector.

En total, la Generalitat destinará una partida de dos millones de euros para cubrir en 2026. El cálculo se hace teniendo en cuenta que ya desde este año, la ley obliga a los municipios a tener recogida separada del textil y que, si ahora lo que se recoge así es el 13,6% del total de residuos textiles –la totalidad de residuos textiles –la ir aumentando progresivamente. La Agencia de Residuos de Catalunya asume que las 21.600 toneladas de ropa que ahora acuden a los contenedores de ropa, casi se duplicarán a finales del próximo año, hasta rondar las 40.000 toneladas.

La Generalitat insiste en que este salvavidas financiero busca "dar un impulso al mundo local y aliviar la presión económica sobre las empresas gestoras", en palabras de la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Silvia Paneque. Y desde el departamento insisten en que se ha optado por esta ayuda sólo por salvar ese impasse por el retraso del sistema RAP que deberá hacer que sea la industria y los fabricantes los que hagan frente a los costes de estos residuos.

Mientras tanto, el hecho es que la situación del mercado de la reutilización es compleja. Sin destinos donde enviar todo lo que el mercado local no puede absorber –ni para darle una segunda vida a la prenda ni para reciclar los tejidos para hacer algún otro material como tapicería, trapos, etc.–, el material queda en los almacenes o debe buscar otra salida. Si no queda alternativa o si los tejidos no son de buena calidad, lo que ocurre a menudo, parte de estas toneladas se acaban incinerando, lo que conlleva un encarecimiento para los municipios, que pagan por cada tonelada que envían a vertido o incineración y es eso lo que explica el movimiento de la Generalitat.