Pulso entre municipios metropolitanos y la Generalitat por las zonas de bajas emisiones

BarcelonaEncuentro entre los municipios del Arco Metropolitano y la Generalitat a raíz de la regulación de las zonas de bajas emisiones (ZBE). Los alcaldes de Sabadell, Terrassa, Granollers, Martorell, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, Vilafranca del Penedès y Vilanova y la Geltrú han presentado este martes su propia propuesta compartida para regular las ZBE en sus municipios con críticas al Govern, al que han acusado de preparar un decreto para regular las ZBE "al margen del mundo local".

"Los municipios del Arco Metropolitano no tenemos el transporte público que tienen los municipios de la corona de Barcelona y, por tanto, no se puede tratar igual aquellos municipios que tienen alternativas que aquellos que no tenemos", ha avisado la alcaldesa de Sabadell y presidenta del colectivo, Marta Farrés, que ha asegurado que este mismo lunes la Generalitat les presentó un nuevo texto para regular las ZBE que dejaría en papel mojado la inversión en tiempo y dinero que los ayuntamientos han realizado en los últimos dos años para definir sus propias zonas. Según Farrés, el texto impulsado por la conselleria de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural es más restrictivo, "no contempla medidas para reducir el impacto social" y no tiene en cuenta las particularidades del territorio. Por eso, ha anunciado que "la postura del Arco será de absoluto rechazo".

Las palabras del Arco Metropolitano han recibido la respuesta de la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat, Mireia Boya, que negó que el departamento se haya "descolgado ahora con un decreto nuevo". Según ha explicado Boya, lo que se trasladó a los ayuntamientos el lunes fue el decreto del Plan de Calidad del Aire, que hace tres años que empezó a elaborarse con la cooperación de los entes locales y que ha tenido recientemente un período de 45 días de exposición pública en los que los ayuntamientos han podido presentar alegaciones.

Según Boya, lo único que hace este decreto es fijar unos mínimos homogéneos para todos los municipios de más de 50.000 habitantes que están obligados a crear ZBE antes del 1 de enero. Boya defendió que las reglas del juego para las exenciones, por ejemplo, deben ser las mismas para facilitar que los ciudadanos lo entiendan y puedan acceder y moverse de un municipio a otro sin tener dudas. Lo que sí permite la Generalitat es que aquellos municipios que quieran hacer propuestas "más ambiciosas", las puedan hacer. es crítica" y que proteger la salud de la población es una cuestión de "responsabilidad". Boya, además, ha dicho que el rechazo del Arco Metropolitano o del alcalde de Badalona, ​​Xavier García Albiol, a la normativa del Govern no responde a "la necesidad de proteger la salud de las personas y asegurar que respiran un aire limpio".

Las ZBE del Arco Metropolitano

En concreto, las ordenanzas pactadas por los nueve municipios del Arco Metropolitano -y que estos ayuntamientos prevén aprobar entre finales de 2023 e inicios de 2024- prevén que los vehículos que no tengan las etiquetas cero, eco, B o C no puedan acceder a los espacios céntricos de los municipios de 7 de la mañana a 8 de la tarde los días laborables. Sin embargo, los nueve ayuntamientos también han pactado que las restricciones no pasen a ser permanentes hasta enero de 2025 y que no se impongan sanciones hasta mayo de 2025. Además, prevén importantes exenciones y moratorias con el objetivo de escalonar la entrada en vigor de las restricciones. Por ejemplo, los ciudadanos que en el momento de entrada en vigor de la norma estén empadronados en la zona de bajas emisiones estarán exentos y podrán acceder a ellos sin distintivo mientras mantengan la condición de residentes.

Tampoco se aplicaría la normativa a los vehículos dedicados al transporte de personas con movilidad reducida o diagnosticadas de enfermedades que requieran tratamiento médico. Y podrían gozar de moratorias de acceso los vehículos de personas con niveles de renta bajos, los de personas autónomas o trabajadoras a las que falten como máximo cinco años para jubilarse o vehículos necesarios para ejercer una determinada actividad profesional.