El departamento de Vicepresidencia, Políticas Digitals y Territorio ha explicado que el objetivo del Gobierno es eliminar un 25% de los vehículos privados que hacen desplazamientos diariamente. Para conseguirlo tienen previsto aumentar la oferta de transporte público con hasta 360 millones de desplazamientos más al año durante los próximos 10 años. La puesta en funcionamiento del tramo central de la L9 y la conexión de las líneas de FGC del Vallès y del Llobregat-Anoia ya supondrán una nueva oferta de hasta 260 millones de nuevos desplazamientos anuales en el sistema. Y además de estos, el departamento tiene previsto una serie de actuaciones viarias de mejora de los carriles bus para reducir el tiempo de los trayectos y lograr una movilidad cada vez más descarbonitzada. El secretario general del departamento, Ricard Font, también ha aprovechado el encuentro de este miércoles para reclamar una vez más la gestión integral de la red de Cercanías, las deudas pendientes y las obras prometidas y no ejecutadas.
La ATM pide al Estado que aumente "de manera notoria" las aportaciones al transporte público
El Govern califica de "decepción" la propuesta de ley de movilidad española y anuncia que presentará alegaciones
Barcelona"Todo lo que hagamos [en materia de transporte público] va ligado a los objetivos que marca el Estado y por lo tanto encontramos lógico que sea la administración que fija los objetivos la que haga más aportaciones al sistema". Así de claro ha sido el director general de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), Pere Torres, que ha reclamado este miércoles al Estado que aumente "de manera notoria" las aportaciones que hace al transporte público para poder afrontar el reto de la reducción de emisiones global. Em los últimos años, las aportaciones de dinero estatal han ido bajando, mientras que las exigencias en relación con la descarbonización, la calidad del aire y las zonas de bajas emisiones han aumentado, ha dicho Torres, que ha explicado que para conseguir mejorar el transporte público harán falta muchas "inversions puntuales y también recurrentes" en los próximos años.
"La reivindicación es clara. Evidentemente, es una mala noticia que después de los 149 millones de aportación que hizo el Estado [a la ATM] el 2019, este 2022 solo haya previstos 109 millones", ha concretado Torres, que ha añadido que el Estado mantiene congelada su aportación a los niveles del 2010. También ha recordado que precisamente este miércoles se acaba el plazo para presentar aportaciones al anteproyecto de la ley estatal de movilidad sostenible y que la ATM ya ha presentado alegaciones "para pedir más aportaciones del Estado a todo el sistema de transporte público".
El director de la ATM ha hecho estas declaraciones en un encuentro con periodistas liderada por la conselleria de Vicepresidencia, Políticas Digitales y Territorio. A su vez, el secretario general del departamento, Ricard Font, ha calificado la nueva ley española de movilidad de "decepción" y ha anunciado que la Generalitat también ha presentado alegaciones. "Esta ley estatal que está ahora en tramitación tendría que ser la respuesta a las necesidades de incrementar el transporte público para luchar contra el cambio climático", ha argumentado Font. "En cambio, la ley dice que no habrá más aportaciones en las grandes ciudades, Barcelona y Madrid, que son los grandes generadores de CO₂, y que ya tienen advertencias de sanción por contaminación por parte de la Unión Europea", ha añadido. "Así, lo que decimos que hay que hacer y lo que podemos hacer no cuadra", ha resumido Font.
Torres también ha avisado de que las mejoras en infraestructuras requieren inversión inicial y también un mantenimiento y que si no se aumenta el precio de las tarifas a los viajeros son las administraciones las que tiene que hacer frente al aumento del coste. "Harán falta
