"No todo fue inevitable": Amnistía denuncia una investigación "deficiente" del covid en las residencias
La entidad lamenta que la Fiscalía archive la mayoría de las denuncias y que se genere una impunidad "casi absoluta" sobre las muertes
Barcelona"Mi madre murió una vez, pero esto es una segunda muerte para ella y para la familia, porque no nos permiten que se investigue y que se asuman responsabilidades. Nadie las asume, todo el mundo pasa página". La madre de Ángela Arreba murió por covid en una residencia de Madrid sin que ella la hubiera podido ver antes ni a través de una videoconferencia, en lo que considera un "homicidio imprudente". Ahora lamenta que las comisiones de investigación que se han ido abriendo sobre la gestión de la pandemia en las residencias se cierren sin resultados y que la Fiscalía no esté admitiendo a trámite "muchísimas" de las querellas de los familiares sobre lo que se vivió en los centros de gente mayor. Una indignación que manifiestan muchas familias y que ha recogido Amnistía Internacional (AI), que, después de analizar las denuncias que afectan a un centenar de residencias entre Catalunya y Madrid, ha documentado el malestar por la "falta de procedimientos adecuados para saber la verdad sobre qué pasó en las residencias durante la pandemia".
La organización concluye hoy, justo cuando se cumplen dos años de la detección del primer caso de covid en el Estado, que las autoridades han incumplido la obligación de investigar de manera exhaustiva las "vulneraciones" de derechos en las residencias, donde murieron 35.670 ancianos. Lamenta que el cierre de las comisiones de investigación en las comunidades autónomas "está provocando una impunidad casi absoluta sobre los hechos", y apunta que el 89% de las investigaciones penales en la Fiscalía han quedado archivadas. "No todo fue inevitable, muchas de estas personas sufrieron un abandono inhumano e incluso discriminación institucional sin que hasta ahora se haya declarado ningún responsable", denuncia Safira Cantos, que es quien ha impulsado la investigación por parte de AI. Por todo ello, la entidad pide, por un lado, crear una comisión de investigación en el Congreso y, por el otro, que sea la Fiscalía la que investigue "de manera proactiva".
Amnistía Internacional considera que la mayoría de investigaciones que ha llevado a cabo hasta ahora la Fiscalía "incumplen los estándares de derechos humanos sobre exhaustividad y eficacia" y critica que en muchos casos están siendo las mismas familias de las víctimas las que asumen la carga de tener que impulsar estos procesos. Es el caso de Enriqueta López , que perdió a su madre en una residencia de Barcelona y ha visto cómo la Fiscalía archivaba su denuncia: "No he podido llorar la muerte de mi madre, no he hecho el luto. La rabia y el desamparo que siento por lo que pasó se te queda ahí, no te deja avanzar. Cada noche me culpo por haberla metido ahí dentro, por no haberla sacado, por haber confiado en gente que me mentía... Me siento culpable de no haberla salvado. Lo intenté y no pude".
Ahora, dice, busca justicia: que la gente que ha estado implicada "en el genocidio" en las residencias lo pague. "Quiero la verdad y no me la dan", lamenta. Y denuncia que ni la han ni llamado para pedir datos o informes sobre el contenido de las denuncias archivadas, y que siempre responden que no hay nada que haga pensar que hubo una mala praxis. Según Amnistía, entre Madrid y Barcelona se habrían archivado 129 casos sin haber llamado a testificar los a familiares.
Catalunya, situación "crítica"
Amnistía considera "crítica" la situación en Catalunya, donde aseguran que la denuncia de casi 200 familiares en relación con 30 residencias fue archivada por la Fiscalía sin tomar declaración a las víctimas o a los profesionales de los centros. La entidad ve "alarmante" la falta de inspecciones sobre el terreno y reclama investigaciones proactivas. Denuncia, por ejemplo, que no se han investigado los protocolos de no derivación a los hospitales.
También critican que las comisiones de investigación se hayan ido cerrando y que, "en el mejor de los casos", hayan hecho "investigaciones parciales". La última en cerrarse fue la de Castilla y León, por la convocatoria de elecciones anticipadas. En Catalunya se ha cerrado la puerta a crear una comisión, y lo que se ha hecho es proponer un grupo de expertos.
