Las ONG denuncian la vulneración de derechos de los migrantes bloqueados en Canarias

MartorellEl muelle de Arguineguín, el de más al sur de la isla de Gran Canaria, concentra la cara más amarga del hundimiento de la actividad turística por la pandemia. Casi no hay ni rastro de los miles de europeos que, en condiciones normales, llenarían playas y hoteles de la zona. Desde el mes de septiembre, es el punto donde se hacen las pruebas PCR y la identificación de migrantes africanos, que en su mayoría huyen de la ruina en la que les ha dejado la ausencia de visitantes a sus países de origen.

En agosto el gobierno español improvisó un campamento para acoger 400 personas en tiendas y lonas, pero la reactivación de esta ruta migratoria a niveles que no se veían desde la crisis de los cayucos del 2006 ha acabado por desbordar todas las previsiones y los pocos recursos destinados a la atención médica. El martes por la noche durmieron 1.935 personas, la mayoría a la intemperie, explica Txema Santana, portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Para Santana la situación ya es "insostenible" por la "insistencia" del ejecutivo de Pedro Sánchez en retener a los migrantes en un territorio que no dispone de suficientes servicios y capacidad. "Nos quieren convertir en una prisión, al estilo de Lampedusa y Lesbos", se queja el activista. En los últimos días han muerto 480 senegaleses en el intento de llegar a Canarias y para recordarlos se está organizando para el viernes un día de duelo en el país africano para denunciar la pasividad ante la inmigración.

La situación en el interior del campamento improvisado es difícil de analizar porque el ejecutivo español prohíbe expresamente la entrada de la prensa y no está facilitando información. Varias entidades a favor de los derechos humanos han denunciado este miércoles las "indignas" condiciones en que tienen que malvivir las personas que tocan tierra firme, sea por sus propios medios o rescatadas por Salvamento Marítimo, después de una traumática travesía por el mar. Amontonados, sin suficiente espacio para mantener los dos metros de distancia segura contra el coronavirus y con un puñado de lavabos químicos, según subraya Human Rights Watch en un informe. La visita de HRW se produjo cuando en el centro había 845 personas, menos de la mitad de las que había el martes. El relato de las condiciones que hace Judith Sunderland, la responsable de la ONG para Europa, es demoledor: la mayoría de personas duermen en el suelo sin ni siquiera un colchón.

Para Santana, el peligro es que el campamento de Arguineguín, planteado como una situación temporal y de emergencia, acabe siendo una estructura permanente, a pesar de que no cumple ninguno de los requisitos para ofrecer buena asistencia. El goteo de llegadas de personas a las instalaciones hace que los trámites para comprobar la identidad y filiación y las pruebas diagnósticas por el coronavirus se alarguen. Esto los obliga a pasar más tiempo de las 72 horas que la ley marca en un centro de primera atención; de hecho, las entidades de derechos humanos han entrevistado testigos que dicen que llevan dos semanas.

Según los datos de ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas de ayuda al refugiado, desde principios de año han llegado a Canarias más de 11.000 personas, la cifra más alta desde 2006. El incremento de la ruta canaria, como se ha bautizado la travesía entre la cuesta oeste africana y el archipiélago, se acentuó el año pasado: el bloqueo en la frontera norte, en Libia, desplazó a los migrantes hacia la costa Atlántica.

En realidad, apunta Santana, la ruta "ha estado activa desde que se abrió hace 26 años", pero el descenso de la actividad turística de este verano ha hecho que muchas personas que nunca se habían planteado migrar hayan decidido jugárselo todo en un peligroso viaje, debido a la pérdida de trabajos y la falta de cobertura social. Si entre enero y septiembre del año pasado llegaron, de media, dos personas diarias a Canarias, en el mismo periodo de este año la cifra oscilaba entre las 15 y las 26; en octubre, se llegó a 170 y en noviembre ya se superan las 200.

Pero a las pobres condiciones higiénico-sanitarias del campamento se añade que los migrantes disponen de muy poca información sobre cuáles son sus derechos. Al llegar, la policía española les entrega la documentación que contiene la orden de expulsión, sin que se les ofrezca "una adecuada e individualizada asistencia letrada" sobre sus derechos y sobre cómo pedir protección internacional, escribe en un comunicado Esteban Beltrán, el director de Amnistía Internacional.

Siguiendo el hilo de esta denuncia, la CEAR detalla que los acuerdos de devolución se tramitan por grupos y sin abogado, hasta el punto que en alguna ocasión los letrados firman las órdenes de expulsión sin haber tenido la oportunidad ni siquiera de ver y hablar con su cliente, según informa la Cadena SER, que también ha avanzado que el Defensor del Pueblo abrirá una investigación sobre estas supuestas vulneraciones de derechos a raíz de las denuncias presentadas por el Colegio de Abogados de Canarias. Además, la información es poco clara y no está disponible en las lenguas maternas de los migrantes, del mismo modo que los abogados tampoco tienen nociones de estos idiomas, un hecho que dificulta la comprensión de cuestiones tan complejas, apuntan las entidades.

Por otro lado, España reinició ayer martes los vuelos de deportación, parados por la pandemia desde marzo, con un vuelo a Mauritania en el que viajaban 20 senegaleses, un mauritano y guineano. Al llegar a la capital, Nouakchott, las autoridades locales expulsaron fuera de sus fronteras los 21 extranjeros. "Es la subcontratación del trabajo de expulsar", subraya Santana. Para Beltrán, las deportaciones empujan a los migrantes afectados a volver a pasar por los mismos peligros de los cuales huyen.