El polémico negocio privado que veta el acceso al paraje natural de la garganta del Fluvià

Sant Pere Pescador (Alt Empordà)El río Fluvià, que atraviesa la llanura alto-ampurdanesa desde las montañas de la Garrotxa, desemboca en medio del golfo de Roses, muy cerca de los humedales del Empordà, marcando la frontera entre los campos de cultivo y las playas largas de arena fina de Sant Pere Pescador. En la orilla norte del último meandro hace más de 40 años que se construyó una pequeña marina de canales artificiales, que debía permitir amarrar embarcaciones y da acceso a la arena. Desde hace unos tres veranos, sin embargo, estas manzanas están ocupadas por el negocio de un promotor privado, propietario de una parte de la parcela, que ha montado un aparcamiento de caravanas, alquila kayaks y motos de agua y, durante la temporada de sol, instala un chiringuito junto al mar. También cierra el paso a los coches que quieren llegar a la playa por el camino público del Joncar y cobra tasa de aparcamiento.

Administraciones y entidades ecologistas reiteran que el empresario no tiene ningún permiso para desarrollar esta retahíla de actividades en la garganta del Fluvià. Consideran que, aunque anuncie sin miramientos en internet todos los servicios bajo el nombre de Port Natura, el negocio es “ilegal” y “estropea el entorno”. Varias sentencias judiciales lo avalan, pero el empresario mantiene el pulso, desobedeciendo los requisitos legales, desatendiendo las multas de miles de euros y presentando alegaciones por dilatar los procesos.

Echar al propietario y renaturalizar el entorno: objetivo ecologista

"Antes venía la gente del pueblo, bañistas y pescadores, pero ahora aparcan más de 100 autocaravanas pagando, no sabemos si hay servicios de aguas sucias o no, es un cúmulo de suciedad que estropea el paraje y tiene todas las sentencias en contra, en cuanto no podemos entender cómo continúa con la actividad no autorizada, es una barbaridad que escandaliza", dice Miquel Quera, del Grupo en Defensa de la Garganta del Fluvià. La desembocadura del río está protegida dentro de la Red Natura 2000, limita con el Parque Natural dels Aiguamolls y es hábitat de especies protegidas. Por eso, los ecologistas no sólo piden que se ponga freno a las actividades del propietario y el paso del Joncar vuelva a ser libre, sino que se derriba la construcción náutica y se restablezca el paraje natural. "Consideramos que naturalizar esta primera línea de costa sería muy importante a efectos del cambio climático y de mitigar los efectos de los temporales, al recuperar las dunas y la fauna y flora típica del salitre", argumenta Arnau Lagresa, portavoz de Yaeden- Salvemos el Empordà.

Terreno no urbanizable desde 2003

La marina del Fluvià se construyó legalmente en 1977 sobre el litoral virgen de la garganta para hacer canales y levantar las urbanizaciones de la Rumasa, pero en 1983 la obra urbanística se paralizó por orden judicial, la estructura del primer bloque de pisos quedó a medias y los solares salieron a subasta pública. Después de diferentes recursos de los ecologistas, en 2003 los terrenos se clasificó definitivamente como no urbanizables y el edificio se derribó en 2005. Justo antes de la descalificación, el propietario de Port Natura, Víctor Latorre, que en ese momento se dedicaba a la promoción inmobiliaria, compró una parcela para realizar apartamentos. El resto de terrenos los compraron Incasòl y el Ayuntamiento de Sant Pere Pescador. Al ver que no podía construir, Latorre puso en marcha los primeros juicios cruzados para pedir indemnizaciones o revocar el plan urbanístico. Hasta que en el 2021, cuando la prohibición de levantar pisos estaba ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el Supremo, reunió financiación y comenzó las obras para montar el negocio actual, que también ocupa gran parte de los terrenos públicos de la Generalidad y el consistorio.

El Ayuntamiento de Sant Pere Pescador tiene muchas causas y frentes abiertos con el promotor en el ámbito legal y administrativo. "La actividad de autocaravanas la ha iniciado sin ningún tipo de licencia ni con posibilidad de conseguirla por la naturaleza del entorno ya raíz del chiringuito que abrió el pasado verano le hemos ido poniendo multas coercitivas", dice el alcalde, Agustí Badosa. Y añade: "El camino del Joncar también es un problema, es público, aunque él sea el titular, tener una propiedad privada no quiere decir que en nuestra casa podemos hacer lo que queramos". "Realmente sólo tiene una concesión del Estado por la lámina de agua, pero para su uso privativo, no para desarrollar una explotación y actividad comercial", acaba Badosa.

"Todos van contra mí"

Pese a las acusaciones de ecologistas y administraciones, Víctor Latorre aguanta la embestida y achaca todas las sentencias en contra a una conjura de corrupción de los funcionarios con intereses ocultos. "El conseller Felip Puig descalificó los terrenos en la época del 3% de Convergència y se atreven a decir que no tengo licencia, pero los permisos funcionan con régimen de comunicación y yo lo he notificado todo, en ningún sitio dice que sea necesario un estudio ambiental", argumenta Latorre. Y continúa: "El alcalde engañó al arquitecto municipal, todo está lleno de trapicheos y mafias, hacen la vista gorda con los bungalows del camping vecino construidos en zonas inundables porque de allí sacan 8 millones de beneficios en rentas legales; por eso van contra mí y me han hecho un juicio medieval como a la inquisición, agotaré todas las vías hasta llegar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo".

Los ecologistas y el ayuntamiento sospechan que esta actitud tan beligerante es una estrategia para hacer presión y recibir una compensación económica a cambio de renunciar a la actividad. "Cuando Latorre compró los terrenos ya no valían nada, con el Port Natura no gana dinero, y por eso desafía a la administración hasta el extremo, para que llegue un momento en que se cansen, le indemnicen, cobre y se vaya ", termina Miquel Quera.