El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio para conocer las medidas adoptadas y pendientes de adopción que han tomado las diferentes administraciones ante la crisis humanitaria de Ceuta.La institución que dirige Ángel Gabilondo se ha dirigido a la secretaría de estado de Migraciones, a la ciudad autónoma de Ceuta, a la Fiscalía General del Estado y a la Delegación del gobierno español en Ceuta. El Defensor del Pueblo ha pedido información sobre los espacios de acogida institucional y su colapso, también sobre las personas que continúan durmiendo en la calle dos semanas después, entre las que hay menores de edad, y, finalmente, sobre los posibles demandantes de asilo.
La primera reunión por los menores de Ceuta entre gobierno español y comunidades se acota al presupuesto
El PP se desmarca de Vox y asiste al encuentro telemático en el que también participa Cataluña
MadridEl presupuesto extraordinario para el reparto de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta es, a priori, el único punto del orden del día que el Gobierno español y las comunidades autónomas discutirán este jueves en el marco de un primer encuentro sobre esta acogida. El ministerio de Infancia y Juventud pilotado por Sira Rego está reunido desde las 11 horas de esta mañana con las direcciones generales de Infancia de las diferentes comunidades autónomas para acelerar la puesta en marcha de los 25 millones de euros extraordinarios anunciados y que deben servir para ampliar los recursos actuales de las comunidades. Al mismo tiempo, se debería fijar la fecha para una conferencia sectorial de infancia y adolescencia y determinar su orden del día. En esta reunión, que previsiblemente será a finales de agosto, tal como han apuntado desde el ministerio, es donde se abordará el reparto de los menores migrantes que continúan en Ceuta dos semanas después de haber entrado nadando desde Marruecos.
Las últimas cifras oficiales sitúan en 1.400 los menores registrados hasta ahora en Ceuta y, por tanto, bajo tutela de la administración local. Las organizaciones sobre el terreno, sin embargo, elevan los menores solos en Ceuta a más de 2.000. Si se tienen en cuenta los adultos, en Ceuta quedan unos 5.000 migrantes de los más de 70.000 que entraron nadando, según ha revelado El País. El Gobierno español, sin embargo, no confirma una cifra.
Hasta este miércoles, muchos de los menores continuaban durmiendo al raso, en espacios habilitados por las mismas ONG o asociaciones de vecinos, ante el colapso de los lugares de acogida institucionales –la administración continúa buscando a contrarreloj espacios, teniendo en cuenta que ya se han habilitado dos colegios públicos–. Entre todos los menores el Gobierno español priorizará la reagrupación familiar (este 16 de agosto se instalará un equipo técnico del ministerio en Ceuta para acelerar los trámites). Los niños que no puedan reagruparse con la familia del país de origen pasarán a tutela de la administración pública.
Sin Vox
En la reunión de este jueves no todas las direcciones generales de Infancia estarán presentes. En aquellas comunidades donde las competencias están en manos de Vox tras los pactos con el PP –en Extremadura, Aragón y Castilla y León–, los consejeros del partido de Santiago Abascal no asistirán. Este escenario ha obligado al PP a hacer equilibrios, que finalmente dejará a Vox solo porque las consejerías que dependen de ellos sí asistirán a la cita –en Andalucía, donde también hay una coalición, y en los otros siete territorios donde gobiernan en solitario–. Sin embargo, al principio el PP dejó en el aire su predisposición a participar en el reparto de los menores.
En cuanto a Cataluña, la Generalitat también participará. En este sentido, Junts también se puso en pie de guerra. La portavoz del partido en el Congreso, Miriam Nogueras, recordó que su partido ya votó una vez en contra de que Cataluña formara parte del último reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. Nogueras afirmó que era un "abuso" del gobierno español, que "no ponía recursos" y que "tensionaba aún más" el sistema de protección catalán.
En abril de 2025 el Congreso convalidó la reforma que convertía en obligatorio el reparto y la reubicación de los menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas en casos de "contingencia migratoria extraordinaria", como ocurre en Ceuta, donde la emergencia humanitaria aún es palpable en las calles. Este 2026 el reglamento que recoge la obligatoriedad se prorrogó un año más, de modo que la medida está en vigor hasta marzo de 2027.