Pueden decir que no: la cuarentena de los 14 españoles del crucero del hantavirus es voluntaria

BarcelonaLos 14 españoles que están a bordo del crucero MV Hondius pasarán la cuarentena en el Hospital Militar Gómez Ulla solo si están de acuerdo y acceden voluntariamente. Como ocurrió con la crisis de la covid-19, el actual marco legal impide el confinamiento obligatorio en caso de no presentar sintomatología, como es el caso de este grupo, sin una autorización judicial. A estas alturas, nadie sabe qué pasará con estos pasajeros una vez el barco atraque en el puerto canario, donde personal de Sanidad Exterior los evaluará antes de trasladarse en un avión medicalizado hasta la base de Torrejón de Ardoz. El gobierno español lo tiene todo preparado para que, una vez en Madrid, ingresen en el centro médico, pero con la ley en la mano pueden decidir irse a casa o incluso no respetar el periodo de aislamiento aconsejado para detener las infecciones.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha contradicho lo que anunció el miércoles la titular de Sanidad, Mónica García, y ha cuestionado la obligatoriedad de las cuarentenas. Además, ha explicado que no se prevé que los pacientes ingresen en las unidades de infecciosos del hospital militar, como sí ocurrió con los enfermos del Ébola en 2014. Simplemente, se prevé que estén en habitaciones individualizadas, según Robles, que ha asegurado que los dos ministerios trabajan en la preparación del avión medicalizado que debe llevar de Gran Canaria a Madrid al grupo de pasajeros. La pregunta es qué pasará a partir de entonces si estas personas se mantienen sin síntomas como ahora. El hantavirus tiene un periodo de incubación que oscila entre la semana y las seis semanas, pero de momento las autoridades no han indicado la duración de la cuarentena.

Robles ha insistido en decir que la cuarentena en el hospital la harán "siempre que voluntariamente quieran", ya que es una medida privativa de libertad que solo puede ordenar la justicia. En este punto, la ministra García ha apelado "al sentido común y a la responsabilidad" de los pasajeros españoles y ha asegurado que en caso de que no quieran entrar al Gómez Ulla, el gobierno español se reserva aplicar las medidas legales necesarias para que entren.

En declaraciones a la Cadena SER, la titular de Sanidad ha explicado que la ley 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública otorga a las autoridades sanitarias la potestad de aplicar medidas excepcionales para proteger la salud pública y de control de las enfermedades transmisibles. "Les haremos PCR y todas las pruebas necesarias y estaremos evaluando junto con los expertos internacionales cuál es la cuarentena", ha señalado.

Durante la crisis de la covid-19, el gobierno español tuvo que recurrir a declarar el excepcional estado de alarma para decretar los confinamientos masivos, ya que el texto de la ley de 1986 no incluye una medida tan drástica y generalizada, y permitía al ejecutivo tomar el mando único de la gestión de la crisis. Desde la pandemia se ha planteado el debate de la modificación de esta ley de hace 40 años, pero la falta de consenso político ha impedido actualizarla para evitar nuevas polémicas en caso de que una epidemia obligase otra vez a restringir derechos fundamentales, como la prohibición de movilidad.