Polémica por los ingresos psiquiátricos forzosos: Sanidad aclara que se seguirán haciendo

BarcelonaA veces, cuando una persona con un problema grave de salud mental tiene una crisis, los profesionales que la atienden la hospitalizan en contra de su voluntad para estabilizarla y evitar cualquier daño tanto para ella como para los que están a su alrededor. Es lo que se conoce como un ingreso involuntario o forzoso. Este viernes, sin embargo, entra en vigor una nueva ley que quiere reforzar los derechos de estos pacientes y aumenta su protección en diversos supuestos, como por ejemplo en este tipo de hospitalizaciones. La nueva norma ha levantado ampollas entre las sociedades científicas de psiquiatría del Estado, que esta semana han puesto el grito en el cielo porque la ley determina que estos ingresos solo se podrán hacer cuando haya una urgencia vital. Con todo, el ministerio de Sanidad ya ha aclarado que se seguirán haciendo cuando sean necesarios.

Se trata de la nueva ley general de discapacidad, que fija que cualquier intervención sanitaria o asistencial en salud mental requiere el consentimiento libre e informado del paciente. En caso de que un profesional concluya que hay que imponer una medida en contra de su voluntad, como puede ser un ingreso forzoso, la normativa los circunscribe a la urgencia vital, es decir, si hay amenaza a la vida o la integridad de la persona o de terceros. Para la Sociedad Española de Psiquiatría Clínica (SEPC), esto provoca "inseguridad jurídica" para los profesionales que atienden a estas personas y la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) cree que se pone en riesgo a los pacientes y a sus familias.

Las sociedades explican que la enfermedad mental grave, cuando hay crisis, a menudo impide al paciente reconocer que está enfermo. Hay situaciones que requieren un ingreso involuntario, como por ejemplo una psicosis con abandono total del autocuidado, un episodio maníaco con grave perjuicio económico o social, un deterioro cognitivo con conducta errática o una ideación suicida de alto riesgo sin plan inmediato. La nueva norma establece que la atención a pacientes con problemáticas de salud mental debe basarse en el consentimiento libre e informado, respetando sus deseos, la voluntad y las preferencias. Según el gobierno español, esta reforma "garantiza los derechos de los pacientes ante las intervenciones involuntarias en salud mental".

Orden judicial

En el caso de los ingresos involuntarios, regulados por el artículo 763 de la ley de enjuiciamiento civil, la nueva norma establece los supuestos que permiten el ingreso por urgencia vital. Ahora bien, la SEPSM cuestiona la norma porque, cuando el ingreso no es posible, la responsabilidad del cuidado se traslada al domicilio y son las familias quienes se tienen que hacer cargo de estos pacientes, que pueden tener crisis graves que pongan en riesgo tanto su salud como la de los que les rodean.

Desde Sanidad, sin embargo, aseguran que los ingresos involuntarios se podrán seguir realizando. "Aquellos que no sean urgentes se vehicularán a través de una orden judicial y los que sí que sean urgentes se tendrán que ajustar a las garantías de la nueva ley", ha dejado claro la comisionada de Salud Mental, Belén González. La nueva norma establece que, en caso de que el paciente no pueda decidir, se tendrá que consultar su voluntad anticipada a través de los documentos registrados o de la información recogida en su historia clínica.

Antes de hospitalizar a alguien en contra de su voluntad, el ministerio afirma que se tendrán que haber agotado las alternativas voluntarias, haber consultado las voluntades anticipadas, haber proporcionado los apoyos necesarios y haber ofrecido información accesible al paciente. Las sujeciones o contenciones mecánicas solo se podrán considerar en situaciones excepcionales y se tendrán que tratar como un incidente relacionado con la seguridad del paciente, además de documentarse en la historia clínica y evaluarse posteriormente.