Vigilancia constante y celdas de aislamiento: así es por dentro el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona

BarcelonaOculto en la Zona Franca, entre fábricas y almacenes, lejos de la Barcelona turística, se encuentra el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona. En las instalaciones viven encerrados cientos de personas durante un máximo de 60 días. “Pasan semanas privadas de libertad en condiciones muy duras solo por el hecho de no tener papeles”, explica Cel Far, educadora social que ha visitado a los internos con la entidad Migra Studium. La realidad es que la mayoría de quienes van a parar al CIE no han cometido ningún delito: el año pasado, solo el 7% de los internos habían sido condenados.

A pesar de ello, el régimen de encierro es estricto para todos ellos sin distinción, y de lo que pasa detrás de estas paredes se sabe muy poco. El centro está vetado a los periodistas. A diferencia de lo que ocurre con las prisiones, donde sí pueden acceder los profesionales de la información, el ministerio del Interior deniega sistemáticamente el acceso a los CIE. Este reportaje lo he podido desarrollar con detalle porque he podido entrar durante cinco años como amigo de varios internos a quienes he podido visitar.

Sus historias son ejemplo de vidas que se han visto marcadas por el CIE. En 2024, 401 personas pasaron por el centro de la Zona Franca; en 2023, 592; y en 2022, 482. En la era de las deportaciones masivas impulsadas por Donald Trump, en Barcelona la maquinaria no se ha detenido nunca: cada año, cientos de personas son internadas y expulsadas. La duda es qué pasará con la regularización anunciada de medio millón de inmigrantes: “Habrá mucha gente que se beneficiará, pero en el CIE todo continuará igual”, asegura Far.

Cuando llegas a las puertas del centro de la Zona Franca, lo primero que llama la atención es una torre baja, pintada con franjas azules y blancas. En el interior, esperan los familiares, la mayoría mujeres e hijos de los internos. Son personas como Luisa, que en marzo pasado acababa de saber que estaba embarazada e iba a ver al padre de su primer hijo: “Me siento engañada, no imaginaba que lo podrían expulsar de un día para otro”.

Esta realidad se repite en toda la España. En 2024 se expulsaron a más de mil personas desde los diferentes CIE. Más allá del de Barcelona, hay seis más: Madrid, Valencia, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Algeciras. El último en entrar en funcionamiento es este último, situado en Botafuegos: un macrocomplejo que ha costado 21,5 millones de euros, financiados en un 90% con fondos de la Unión Europea.

La sala de espera del complejo da paso a la sala de visitas, un espacio pequeño con una mesa y tres sillas. En uno de los locutorios, en la pared, un niño ha hecho un dibujo con bolígrafo. El techo de los locutorios está abierto y se pueden escuchar las despedidas de las familias. En diciembre de 2024, las juezas de control del CIE, Zita Hernández y Alejandra Gil, pidieron al director del centro que garantizara “el respeto a la intimidad y a la confidencialidad”. De momento, no ha habido cambios relevantes.

Al lado de la sala de visitas, está la puerta de seguridad que se cierra detrás de ti como en una prisión. A partir de aquí solo internos y Policía Nacional pueden pasar. El reglamento define los CIE como "establecimientos públicos de carácter no penitenciario", pero una vez dentro, la vida se organiza en horarios estrictos, dormitorios cerrados, libertad restringida y vigilancia constante.

En la planta baja, tras la puerta metálica, hay un pasillo que distribuye los diferentes espacios. Uno es la biblioteca, de unos 100 metros cuadrados. Aquí los internos ven películas proyectadas por la Cruz Roja, como Torrente, o leen libros como El señor de los anillos. En caso de macrooperaciones de expulsión, el espacio también ha servido para aislar durante horas a los internos del resto del CIE.

Si continuamos por el pasillo, se llega al comedor. El CIE asegura que el menú cambia cada dos semanas y se adapta a las diferentes religiones. Los hombres desayunan a las 8.30, comen a las 12.30 y cenan a las 19.30; las mujeres, unos quince minutos más tarde. “Una de las quejas más recurrentes a lo largo de los años es la escasez y la mala calidad de las comidas”, explica Marta Vallverdú, del colectivo Irídia.

*Algunos nombres han sido modificados a petición de los protagonistas para proteger su intimidadDespués de años de litigios, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) consiguió que la justicia obligase al ministerio del Interior a hacer públicas las datos sobre las quejas presentadas por familiares, entidades y también internos mediante el buzón del director. Hasta entonces, estas cifras se habían mantenido ocultas. Así, en 2024 se presentaron 358 quejas en todo el Estado, 78 en Barcelona. El abogado penalista y experto en CIE Josetxo Ordóñez, asegura que los directores “tienen auténticos quebraderos de cabeza para controlar a los agentes: mueven hilos para apartar a los más violentos”. “Me lo han reconocido ellos mismos; hay gente a la que se le va la mano”, añade Ordóñez.

Los CIE dependen del ministerio del Interior y están gestionados por la Policía Nacional con la colaboración de la Cruz Roja. La mayoría de expertos coinciden en que no es el cuerpo más adecuado. El profesor de derecho e investigador de los CIE Markus González Beilfuss señala que “los policías deberían custodiar el recinto y garantizar la seguridad, no repartir máquinas de afeitar”.

Al final del pasillo de la planta baja está uno de los dos patios donde pueden jugar a fútbol y baloncesto, y también están equipados con máquinas de ejercicio. Todos estos espacios son testimonios de la conflictividad diaria que se vive en el centro.

Al final del pasillo, el 22 de marzo de 2025, Jorge Leonardo se peleó con otro interno y un policía le golpeó en la cabeza con la porra. La sangre le empezó a brotar, según su testimonio y el de dos internos más, en una conversación telefónica desde el centro. En el CIE se permite el uso de teléfonos móviles, pero sin acceso a internet y sin cámara de fotografía.

Indignado, Jorge Leonardo inició una huelga de hambre. Al octavo día, la doctora alertó de que había perdido seis kilos y lo trasladaron al Hospital Clínic. “Me dijo que mis órganos podían fallar en cualquier momento”, recuerda. Ese mismo día rompió la huelga. Dos semanas después, lo expulsaron sin previo aviso. Había presentado una denuncia, pero el juez no llegó a tomarle declaración.

Agua caliente precaria

El CIE dispone de 46 habitaciones distribuidas en tres pabellones, dos para hombres (A y B) y uno para mujeres (F). Al inicio de la planta hay un espacio donde se guardan los jabones y una habitación con siete duchas. Durante el invierno de 2025 diferentes testigos aseguran que solo una ducha disponía de agua caliente. “Hacemos turnos, mientras uno se pone el jabón desnudo, el otro se ducha”, detalla un interno. El agua caliente de las duchas es una queja recurrente desde hace años.

Las celdas tienen dos o tres literas, es decir, pueden acoger entre cuatro y seis personas. La estancia dispone de una ventana que da al patio interior, y en una de las esquinas hay un grifo para lavar la ropa. Todas las celdas tienen un váter cerrado, pero algunos internos aseguran que huelen mal. Las habitaciones están siempre cerradas con puertas de barrotes.

En 2012, uno de los fundadores de la marca Top Manta, Aziz Faye, estuvo en el CIE de Barcelona, cuando todavía no había váter en las habitaciones. Cuando alguien necesitaba ir al servicio, tenía que golpear los barrotes. “A menudo, los policías reaccionaban con molestias e insultos, y muchas veces, simplemente, no respondían”, recuerda Aziz.

Celda de aislamiento

Las celdas de aislamiento son espacios reducidos de solo cinco metros cuadrados, con una cama de hormigón y un colchón delgado, sin muebles ni lavabo. Los internos son encerrados sin decisión judicial, en condiciones que pueden comportar riesgos importantes para la salud física y mental.

“La celda no cumple los estándares internacionales de derechos humanos. Se lo hemos explicado al director, y dice que hay un protocolo de suicidio, pero básicamente es una cámara que te vigila 24 horas: quizás no te suicidas, pero te puedes volver loco”, explica Marta Vallverdú de Irídia. Durante la pandemia, las celdas se utilizaron para aislar a los internos positivos de covid durante semanas.

Los testimonios

*Algunos nombres han sido modificados a petición de los protagonistas para proteger su intimidad

Cuando Abraham Calderón entró al CIE su nombre cambió. La policía empezó a llamarle por un número, el 145, y sus compañeros por un alias, Doc. El número con el que le bautizó la policía quería decir que Abraham era el interno 145 que ingresaba en el centro aquel año, el 2023. De origen peruano, Calderón volvía a Italia en autobús cuando la policía le hizo bajar. En Figueres, pasó por delante del juez, que decretó el internamiento en el CIE y la expulsión. “Nunca había estado preso, lo peor de todo es que te miraban como a un delincuente, pero yo no había hecho nada”, dice recordando perfectamente aquel fatídico día.El 145

leía para evadirse, devoró los libros de Gabriel García Márquez, pero también la ley de extranjería. “Cuando estás en el CIE te empieza a llegar toda tu vida en forma de papeles: notificaciones, multas, expedientes. Los otros internos me preguntaban qué significaba cada documento. “¡Doc, doc, doc!", me gritaban. “Necesitaban respuestas y alguien que les escuchara, y por eso me decían el Doc, el doctor”, explica.Los internos solo pueden pasar 60 días en el CIE. Si la policía no ha conseguido llevar a cabo la expulsión antes de esta fecha, está obligada a dejarles salir. El día que cumplía 59 días encerrado, Calderón presentó una solicitud de asilo, y la policía le dejó en libertad. La admisión a trámite de una petición de asilo puede tardar un par de días. En 2024 se presentaron 180 solicitudes de asilo en el CIE, y en el 40% de los casos las personas quedaron en libertad.Una hora después, Calderón cruzó la reja del CIE en dirección al exterior. Estaba en la Zona Franca y quedaban pocas horas para que se hiciera de noche. Recordó un parque de Sant Boi de Llobregat, donde pasó la primera noche. Estuvo viviendo allí durante dos meses. La encuesta anual de la entidad Arrels, hecha a personas que viven en la calle, revela que el 74% son personas inmigrantes como Calderón.

Cada día iba al centro de primera acogida para personas sin hogar de la Zona Franca, muy cerca del CIE. Con el tiempo, consiguió una plaza para poder dormir allí. Calderón dejó de ser el 145 y se convirtió en el 972. “El CIE es una prisión, no es un centro; te privan de la libertad, aquí puedo salir cuando quiera”.

Un día fue al abogado del SAIER, el servicio municipal, que le señaló un número. “Me dijo que, cuando tuviera papeles, aquel sería mi documento de identidad. Les gusta mucho eso de los números... Yo solo quiero papeles y que me dejen trabajar”, pensó. Finalmente, este año Abraham Calderón, el 145 o el Doc ha conseguido la residencia legal.

Cada semana, Eli y Bea iban al CIE de Barcelona para acompañar a un interno. Como voluntarias de la entidad Migra Studium, formaban parte del grupo de personas que visitan a los reclusos. Aquel día, en la sala de visitas, se sentó Abdou Aziz Sow. Eli empezó con las preguntas de costumbre: "¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?". Pero muy pronto, la conversación se adentró en la angustia que el joven sufría.

Abdou vendió su barco de pescador y se marchó de Senegal por problemas con la familia de su pareja, con quien acababa de tener una hija. Con lágrimas en los ojos, recordaba su historia: él solo quería formar una familia, no migrar. Después de una travesía de un año por varios países, jugándose la vida en el mar, lo internaron en el CIE con el objetivo de devolverlo a Senegal. Desesperado, llegó a plantearse el suicidio bebiendo lejía, pero una trabajadora de la Cruz Roja en el CIE le dio "ánimos para vivir", explica.

Después de darle muchas vueltas, Eli tomó una decisión: lo invitaría a vivir a su casa durante unos meses. Harían un contrato, una voluntaria sería testigo: le cedería el sofá cama de su casa de las 23:30 a las 7:30 de la mañana. Además, le ayudaría a tramitar la documentación; a cambio, él se apuntaría a clases de castellano y buscaría trabajo.

Después de 59 días en el CIE, Abdou recuperó la libertad, todavía sin saber por qué, y fue a vivir en un sofá cama de un piso de 60 metros cuadrados en el barrio de Sant Andreu de Barcelona. La libertad, aunque inesperada, es la salida más habitual del CIE. En 2024 solo se ejecutaron 148 expulsiones, el 37% sobre el total de internos que pasaron por allí, prácticamente la misma proporción que en 2023. El 63% restante de personas internadas quedaron en libertad. Sin papeles ni derecho a trabajar, Abdou se fue encerrando en sí mismo.

Pasaba largas horas contemplando las fotografías de su hija y de la vida que había dejado atrás. Seis meses después, Abdou fue a anunciar a Eli que le habían ofrecido un trabajo en el sur para recoger olivas. Desde entonces, ha pasado por varios pueblos de las provincias de Jaén y Almería, el último de los cuales ha sido Adra, un municipio rodeado de miles de invernaderos, en el llamado mar de plástico del sureste español. Abdou continúa pensando en su hija, que el próximo 26 de noviembre cumplirá cinco años. Se marchó cuando ella solo tenía tres meses.

L’Aziz ha sido encerrado cinco veces en un CIE, dos en las dependencias de Barcelona, y ha sido expulsado a Senegal en tres ocasiones, pero siempre ha conseguido volver, jugándose la vida en el mar en cayuco. Uno de los fundadores del Sindicato Popular de Manteros de Barcelona se ha convertido por obligación en un gran conocedor de los Centros de Internamiento de Extranjeros y un experto a la hora de soportar la carga de pasar 60 días encerrado a la espera de una expulsión.

En el año 2012, después de más de tres años en Barcelona, fue con su amigo, Lamine Sarr, a hacer los trámites para regularizar su situación. Pero la policía los paró y los envió al CIE. Era diciembre y no había agua caliente. “Ducharse con agua fría era un sacrificio auténtico”, recuerda el impulsor de Top Manta.

Los manteros que lo visitaban le trajeron un libro para aprender inglés. En medio de aquel entorno opresor, el Aziz encontró refugio en el estudio. Cada día aprendía una lección: un día los verbos en pasado simple o continuo, al día siguiente el condicional... Un episodio que le marcó de aquellos días fue el castigo a Lamine. Su compañero estaba rezando cuando los llamaron para ir a cenar, pero él no podía interrumpir su oración. La policía lo encerró en una celda de aislamiento durante todo un día como castigo.

A los pocos días fueron deportados a Senegal. El Aziz preparó rápidamente su vuelta y se convirtió en capitán para poder costear el viaje. Cuando llegó a las Islas Canarias, la policía lo trasladó a Lanzarote. El Aziz describe aquel centro como “un espacio sin luz, un sótano, con muchas personas juntas”. De allí, lo enviaron a Barcelona.

Su libertad duró poco. Un día, la policía hizo una macro redada en el Maremàgnum y lo detuvieron con otros manteros. Cuando el Aziz ingresó al CIE por segunda vez, su hermano le trajo de nuevo un libro de inglés. El Aziz continuaba con su rutina: “Tenía mi pequeño mundo para desconectar del centro”.

Después de pasar cuarenta días encerrado recuperó la libertad, todavía no sabe por qué. “Cuando me llamaron, empecé a llorar de alegría”. Estos días, el Aziz prepara la nueva colección de la marca de ropa Top Manta. A su lado, tiene el mismo libro de inglés. Al Aziz le gusta aprender idiomas; de hecho, habla wòlof, francés, castellano y catalán de manera clara y fluida. El inglés siempre le ha costado un poco más, se lo toma con calma, poco a poco, no tiene prisa.

Eran las dos del mediodía del martes 8 de abril. Marta estaba tumbada en la cama, igual que sus dos compañeras de celda, en el pabellón de mujeres. Después del de Madrid, el de Barcelona es el único CIE del Estado con un espacio específico para mujeres. El pabellón se inauguró en 2023, año en que fueron internadas 62 mujeres. En 2024, la cifra se redujo a 29. Marta no se encontraba muy bien: tenía cólicos menstruales y pensó que pediría un analgésico. También quería llamar a su hijo de 18 años para saber cómo le había ido la visita al médico esa mañana. Se incorporó lentamente para coger el teléfono. En ese instante, la Policía Nacional irrumpió en la celda con prisas y malos modos.

Los agentes le arrancaron el aparato de las manos, repartieron bolsas de basura donde debían colocar sus pertenencias y no le dejaron que se comunicaran con sus familias, solo podían hacer una llamada internacional. "Yo quería hablar con mis tres hijos y mi madre que viven aquí, no en Colombia", recuerda con impotencia. Con una quincena de personas más la enviaron a Madrid. Cuando llegaron al aeropuerto tenía las manos hinchadas: llevaba más de diez horas con grilletes y el cinturón le presionaba el pecho. Pudo ir al baño un par de veces, siempre con los grilletes puestos y una policía al lado. No se pudo cambiar de ropa: iba manchada de sangre por la regla.

El avión iba lleno hasta los topes, gente de toda España que era expulsada a Colombia y a Perú. Sentada en el avión Marta solo pensaba qué haría cuando llegara a Colombia. Sin dinero ni batería en el móvil, tardó dos días en conseguir hablar con su hermano: “Cuando me oyó, se puso a llorar, mi familia está destrozada”. Hacía pocos meses, la jueza de control del CIE había requerido formalmente al director del centro que la policía avisara con un mínimo de 24 horas de antelación antes de ejecutar una expulsión. La advertencia llegaba después de que otra mujer hubiera sido expulsada sin ninguna notificación previa.

“Para algunas cosas hay leyes, para otras no”, denuncia Marta. “A mí me cae todo el peso de la ley; a ellos, no”, lamenta. Ella había llegado a España hace veintitrés años, había trabajado en empleos precarios, combinando períodos de ocupación con otros de cuidados, mientras intentaba hacer crecer la familia. Esta inestabilidad también había afectado su situación administrativa. La última orden de expulsión llegó después de un desahucio. “Intenté anular la expulsión con un abogado, pero mientras hacíamos el trámite me enviaron al CIE”.

La familia, desesperada, comenzó a recoger todos los papeles para presentar un recurso. Pero la abogada de oficio no movió ficha. Con los días contados, buscaron un abogado privado. Cuando este consiguió presentar la apelación, ya era demasiado tarde: había llegado el martes fatídico. El día que Marta fue expulsada, a miles de kilómetros lejos de su casa, de su familia.

Mohamed Zaidan evita la mirada, pero cuando habla se le ilumina. Su historia es nítida, cargada de detalles, se nota que la ha explicado cientos de veces: a policías, psicólogos, jueces, a la madre... Pero, sobre todo, se la explica a sí mismo, cada noche, justo cuando cierra los ojos. Su caso se volverá a explicar una vez más, pero por primera vez lo escuchará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que no había tenido que juzgar nunca un caso de maltrato en los CIE. Ton Mansilla, abogado del colectivo Irídia, presentó la denuncia hace pocos meses: “Hay un patrón estructural de impunidad en el CIE: las imágenes borradas de las cámaras, el informe médico incompleto, la expulsión sin tomar declaración... tenemos esperanzas.”

Durante la última década, Irídia ha interpuesto quince procedimientos judiciales por presuntos malos tratos en el CIE de Barcelona, pero ninguno ha llegado a juicio. Uno de los principales problemas es que se expulsa a los denunciantes y testigos antes de tomar declaración. En diciembre de 2019, después de cenar, buena parte de los internos del CIE hacían cola para recoger la medicación. Entre ellos estaba Mohamed Zaidan, de 21 años. Un policía, con una lista en la mano, decidía quién podía entrar en la enfermería. Aquella noche, Zaidan tenía derecho a pedir un ansiolítico, pero el policía le cerró el paso.

Zaidan, indignado, marchó hacia su habitación. Cuando subía las escaleras, vio de reojo cómo el policía se le acercaba y, de repente, le clavó un puñetazo tan fuerte que cayó por las escaleras, según recuerda. Cuando abrió los ojos, estaba en el suelo. Un grupo de policías lo arrastró hasta la enfermería. “Le expliqué a la enfermera que la policía me había pegado, pero ella me dijo que se había caído por los nervios. Me enfurecí. Era mentira. Entre varios policías me inmovilizaron y me inyectaron un calmante”, recuerda Zaidan. Cuando hacía casi dos meses que estaba encerrado en el CIE, lo deportaron sin ningún aviso previo. Lo trasladaron en avión de Barcelona hacia Melilla. Por suerte, su teléfono todavía tenía cobertura en la frontera y pudo llamar a su familia, que vive en la frontera con Ceuta, a cientos de kilómetros.

El caso de Zaidan ayuda a comprender el caos jurídico que viven muchas personas maltratadas en el CIE de Barcelona. Después de sufrir la agresión, presentó una denuncia en el juzgado de guardia, que la derivó al juzgado de instrucción. Este abrió la investigación, pero no detuvo la deportación ni pidió las imágenes de las cámaras de seguridad; la mayoría se borraron.

“Salimos nadando cuatro, pero llegamos tres”

Mohamed Zaidan quería volver a intentarlo. Con la llegada del coronavirus, pensó que quizás tenía una oportunidad. Con tres compañeros más trazaron un plan: entrarían nadando a Ceuta y, desde allí, intentarían llegar a la península con una lancha. Cada año, cientos de jóvenes intentan migrar de la manera más temeraria, nadando, desde puntos como el Tarajal, Benzú o las playas de Castillejos. Zaidan propuso el viaje a un amigo de la infancia, con quien había compartido escuela hasta los catorce años. El día señalado se lanzaron al mar. La marea era favorable. Calculaban que tardarían unas dos horas, pero acabaron nadando casi siete. De los cuatro que habían salido solo llegaron tres. El amigo de la infancia no lo consiguió. “Quizás se paró a descansar, pero la marea cambió y lo empujó mar adentro”.

Mohamed Zaidan llegó a España cuando todavía era un niño. Con catorce años entró en el sistema de protección de menores en Ceuta. Cuando cumplió dieciocho, lo echaron. Tenía papeles, pero no podía trabajar. Acabó en la calle. Un estudio de la Fundación Arrels, con datos de 2023, revela que al menos el 34% de los jóvenes entre 18 y 29 años que viven en la calle han pasado antes por un centro de menores tutelados.

Pasó tres años durmiendo en la calle. En aquel tiempo estuvo en la cárcel en Bélgica, y hasta llegó a Noruega. "Iba de un sitio a otro. Quería viajar. Iba drogado todo el día, sin trabajo. Estaba perdido. Colgado. Coca... de todo", recuerda. La adicción lo arrastró hacia los primeros hurtos, los robos. Ahora, años después, todavía paga el precio. La situación de los jóvenes extutelados ha cambiado mucho a lo largo de los años, a medida que las leyes han facilitado su integración. La última encuesta publicada por la Red de Entidades para la Emancipación Juvenil (FEPA) muestra que el 90,1% de los jóvenes extutelados en Cataluña estudian o trabajan, y que el 23,1% compagina ambas actividades.