Malestar entre los alcaldes de Tarragona por las limitaciones que impone el riesgo de las químicas

TarragonaEl crecimiento urbanístico del Campo de Tarragona choca con las restricciones que impone la proximidad con la industria química y, por primera vez, los alcaldes y representantes de ocho de los municipios más importantes del territorio han alzado la voz. En un acto sin precedentes, los alcaldes de Vila-seca, Tarragona, Constantí, la Canonja, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga del Camp y el primer teniente de alcalde de Salou comparecieron el 5 de octubre para presentar el Manifiesto por una gestión del riesgo compatible con el futuro del Campo de Tarragona. El documento reconoce que "la protección de las personas debe ser siempre la prioridad" pero reclaman que debe ser compatible "con la vida cotidiana de los vecinos y las vecinas, el desarrollo de los municipios y la continuidad de una actividad industrial estratégica".

Su queja va dirigida, sobre todo, a quien pone las restricciones para reducir los riesgos, que es Protección Civil. Los alcaldes se sienten "actores pasivos" en la toma de unas decisiones que les afectan completamente y reclaman que también se plantee reducir el riesgo de las industrias a partir de inversiones para que el radio de riesgo disminuya. "No se puede aceptar que no se plantee cómo reducir el riesgo en origen. Quizás hace falta soterrar depósitos, usar las nuevas tecnologías...", dice Pere Segura, el alcalde de Vila-seca, uno de los municipios más afectados.

La tarea de Protección Civil, organismo que depende del departamento de Interior y Seguridad Pública, es gestionar y coordinar las acciones destinadas a proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente. La industria química convive con los núcleos urbanos tarraconenses desde hace más de sesenta años. ¿Qué ha pasado para que ahora los alcaldes alcen la voz?

Desde el 2020, el Campo de Tarragona tiene un plan especial de emergencia redactado por Protección Civil que se llama Plaseqta. Entre otras cosas, este plan quiere planificar la respuesta en caso de una emergencia para reducir el riesgo de la población. La última actualización del Plaseqta, aprobada el 28 de julio, permite incorporar 432 sensores químicos para detectar posibles fugas tóxicas y también el sistema ES-Alert para avisar a los ciudadanos a través del móvil en caso de alguna emergencia. Pero la actualización del Plaseqta va a incorporar otro cambio aparentemente irrelevante que ha indignado a los ayuntamientos: la lista de todos los equipamientos tarraconenses que se encuentran dentro de la zona de intervención por el riesgo químico y que, por tanto, deben tener un plan de actuación que prevea el confinamiento de todo el mundo en caso de emergencia. Hasta ahora, esta zona aparecía delimitada en un mapa por un círculo, pero desde julio todos los elementos vulnerables figuran en un listado: los núcleos urbanos de Tarragona, Reus, Salou, la Canonja y Vilaseca, el barrio de Bonavista de Tarragona, donde cada domingo se celebra un mercado donde se concentran miles de personas; tres CAP, una veintena de centros educativos (entre los cuales tres guarderías)...

Todos los alcaldes de los municipios que aparecen en la lista deben tener planes de autoprotección validados por Protección Civil, que detallen cómo lo harán para confinar a toda la gente en caso de emergencia. "Es muy difícil poder garantizar que podrás confinar a 5.000 personas si estás organizando algún evento y pasa algo", lamenta Segura. Los alcaldes temen que estas exigencias puedan hacer desaparecer algunas actividades. "Determinadas decisiones sobre la identificación y la gestión del riesgo pueden tener consecuencias directas sobre espacios, equipamientos y actividades consolidadas de nuestros municipios", aseguran en el comunicado.

Crecimiento urbano

La otra restricción que ha indignado a los alcaldes son los límites que tienen para que sus municipios puedan crecer. Para aprobar cualquier plan de desarrollo urbanístico necesitan el visto bueno de Protección Civil y cada vez es más difícil de obtener. Los grandes impedimentos son las proximidades con las vías por donde circulan las mercancías peligrosas, como la A-7, la AP-7 y, sobre todo, las vías del tren, que en algunos casos están a menos de 100 metros de la trama urbana. El riesgo de una emergencia grave en caso de accidente de algún convoy que transporte material peligroso no obliga a derribar lo que ya está construido, pero impide que se hagan nuevos equipamientos y dificulta mucho que se puedan construir edificios. "Desde el 2010 estamos haciendo informes urbanísticos para determinar qué se puede hacer y qué no. Intentamos que el territorio se pueda desarrollar, pero si hay un riesgo muy inminente decimos que no. Tenemos que evitar que en estas zonas se ponga una escuela o un centro comercial", explica Marta Ortín, responsable de Protección Civil en Tarragona. Segura lamenta que esta restricción "tiene una afectación brutal" sobre las ciudades y sus posibilidades de crecer: "Yo no puedo mover la ciudad 500 metros", se queja.

Los alcaldes también reclaman tener voz a la hora de decidir todas estas restricciones, pero Protección Civil recuerda que esta es su trabajo. "Siempre que aprobamos cambios los explicamos a los alcaldes y tenemos la puerta abierta para hablar de ello, pero hacer los protocolos de emergencia es nuestro trabajo", explica Ortín. En cuanto a las exigencias a las empresas químicas, la responsable de Protección Civil explica al ARA que también se hace y que funciona bien: "Se está haciendo, la seguridad industrial depende de otro departamento, pero ya se les pide mucha innovación y están respondiendo. Y los radios de intervención ya están disminuyendo y vamos por este camino", asegura. Fuentes de la Asociación de Empresas Químicas de Tarragona (AEQT) defienden que "la seguridad es una prioridad absoluta para la industria química de Tarragona" y, aunque "siempre hay margen para reducir los riesgos", aseguran que "incorpora continuamente nuevas tecnologías, especialmente en digitalización y sistemas avanzados de control, para reforzar la prevención y la seguridad de las instalaciones".

Más participación

La semana pasada, precisamente, se constituyeron en Tarragona los consejos de participación del Plaseqta tanto en el polígono norte como en el polígono sur. El objetivo de estos nuevos organismos, que estarán dirigidos por Protección Civil y formados por ciudadanos, es implicar más a la población en estos planes de emergencia y hacerlos más participativos. Durante el acto, la delegada del Gobierno en Tarragona, Lucía López, destacó “la voluntad compartida de construir un Plaseqta más cercano y todavía más participativo, en el que la ciudadanía no sea solo receptora de información, sino también una voz activa en la construcción de la seguridad colectiva”.