Tarragona aún espera a los sensores prometidos por el Gobierno en los polígonos químicos

TarragonaLa entidad medioambientalista Cel Net ha analizado los registros recogidos en los últimos años por los sensores de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y de la propia Generalitat que hay en el Camp de Tarragona, en torno a la industria petroquímica, y ha llegado a una conclusión. "En el Camp de Tarragona respiramos compuestos cancerígenos. Está demostrado científicamente", ha dicho Adrià Pallejà, portavoz de Cel Net. La activista ha comparecido este miércoles en rueda de prensa, junto a investigadores de la UPC, la Universidad Rovira i Virgili (URV) y la Universidad de Barcelona (UB), para presentar sus propuestas para mejorar la calidad del aire en torno a los polígonos químicos. Desde la entidad denuncian que "el problema ya no es de desconocimiento, sino de inacción", y miran directamente al departamento de Territori, antes Acció Climàtica.

Las concentraciones que más preocupan a la entidad son el benceno y el 1,3 butadieno. "Son dos compuestos cancerígenos y los únicos niveles protectivos para la salud humana deberían ser 0,0", dijo Joaquim Rovira, investigador del Laboratorio de Toxicología y Salud Medioambiental de la URV. "Estar expuesto a una de estas concentraciones puede provocar un cáncer a lo largo de toda la vida", advirtió el doctor, licenciado en química y bioquímica.

El departamento de Territori controla desde hace años las inmisiones –lo que respira la población– de algunos compuestos, con el benceno entre ellos. El doctor de derecho administrativo de la UB Àlex Peñalver ha explicado que la legislación determina que las inmisiones máximas permitidas de este hidrocarburo deben ser de 5 microgramos por metro cúbico al año, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda sólo 1 microgramo. El problema aparece en los episodios puntuales que no están regulados.

Según publicó el portal Porta Atrás, el 30 de junio del 2020 el medidor de Constantí detectó 429 microgramos por metro cúbico. El doctor en ingeniería industrial y miembro del Laboratorio de Control de Medio Ambiente de la UPC José Francisco Perales confirma que "el problema de la zona nunca ha sido de valores medios sino de valores episódicos, que son recurrentes". En cuanto al 1,3 butadieno, no existe ningún tipo de regulación y, hasta ahora, las únicas medidas que se han realizado han sido por parte de las propias empresas químicas. En 2024, precisamente, estas mediciones, que se realizan en el Morell, advirtieron de que se superaron los valores máximos que fija la legislación de Ontario (Canadá), que sirven de referencia porque allí sí está regulado.

Sin sensores públicos

En febrero del 2023, el Parlament aprobó una propuesta de la CUP, que había sido redactada por Cel Net, que instaba al Gobierno a ampliar el número de compuestos que analiza desde su red de vigilancia, y añadía el 1,3 butadieno y el dióxido de etileno. También reclamaba más sensores para detectar el benceno y que no se haga manualmente, como se hace actualmente, sino automática. Según el compromiso del Gobierno, este incremento del control debía ponerse en marcha en un año y tenía un presupuesto de 3 millones de euros.

Desde Cel Net denuncian que los sensores "ya están en manos del Govern" pero que "los tiene encerrados en un almacén". El ARA preguntó hace semanas al departamento de Territori cuando se pondrían en marcha estos sensores, pero no ha conseguido ninguna respuesta concreta. Pese a la insistencia, fuentes del departamento se limitan a decir que fue una licitación "fuerza compleja" y que calculan que entrarán en funcionamiento "en los próximos meses".

Cel Net reclama al Gobierno que regule las inmisiones de estos compuestos, que, según las conclusiones de Peñalver, es posible: "En el ámbito de competencias, se concluye que es viable aprobar una nueva normativa sectorial catalana, o bien modificar la existente, a fin de establecer unos niveles de inmisión más rigurosos", dice. También reclaman que, una vez esté regulado y entren en funcionamiento los nuevos sensores, la administración pública pueda saber si una empresa ha incumplido y ponga sanciones. "Una normativa no tiene sentido si no se aplica", ha dicho Pallejà.

Lo que sí funciona desde 2018 son los sensores que instaló la industria química por su cuenta con la financiación de Repsol y el apoyo del Institut Cerdà. Se trata de una red de dispositivos, desarrollados y gestionados por la Universidad Rovira i Virgili, que cogen muestras del aire durante 14 días cada mes y permiten promediar las emisiones. "Es un paso adelante muy importante", dice Perales, aunque insiste en que el problema no son los valores anuales, sino los episodios concretos de gran concentración. Las mediciones de esta red demuestran que se cumple la normativa actual e incluso una mejora de la calidad del aire en el Camp de Tarragona, pero siempre con valores anuales.