Nuevo decreto para la vivienda, legislar a golpe de emociones

Causa una profunda vergüenza que haya sido necesario el desahucio de esta señora mayor de Madrid para que ahora sí, corramos todos. Primero, porque no es serio y, después, por los que dicen que ellos ya hace tiempo que avisaban, porque un decreto antidesahucios parará el golpe, pero no es la solución al problema de la vivienda.

Hay que recordar que, sin ir más lejos, de desahucios se producen más de 7.000 al año en Cataluña, tres cuartas partes de los cuales, aproximadamente, son por impago del alquiler. Quiero decir que hace años y años que tenemos el problema sobre la mesa, y que ahora haya un esfuerzo negociador de última hora a causa del impacto social que ha causado el desahucio de Madrid confirma que la política se dirige a las emociones y no a las soluciones. Admitamos que solucionar el problema de la vivienda no es fácil, cuando resulta que ha estallado en todo el mundo, pero precisamente por eso, quien no haya hecho los deberes en las últimas décadas solo puede aspirar a poner parches, que es lo que pasará ahora si se aprueba el decreto.

Ahora, en vez de una discusión social, tenemos una partidista, que es la peor que podíamos tener: ¿cómo se las arreglará el gobierno de Pedro Sánchez para aprobar un decreto con un bloque de investidura donde tiene a derechas e izquierdas enfrentadas? Porque tal y como se practica la política hoy en día, el acuerdo es presentado como una debilidad, y de esta condena no se salva ni una política tan básica para la vida de la gente (ya no hablo del bienestar, hablo de la vida de la gente), tanto para su presente como para su futuro. Es, salvando las distancias, lo mismo que ocurre con la educación en Cataluña.

Si quieren el minuto y resultado de las negociaciones, les interesará saber lo que informa hoy Núria Orriols desde Madrid:

Junts, que en la votación del decreto anterior votó junto al PP y Vox contra la prórroga de la moratoria de los aumentos aprobada en 2020 durante la pandemia, ahora plantea al gobierno español una medida antidesahucios que distinga a los pequeños y grandes propietarios, que los fondos buitre no puedan comprar vivienda y una deducción del 15% del IRPF por el alquiler o compra de residencia habitual. La idea de Junts es que “mientras los trabajadores, los autónomos y los pequeños propietarios se empobrecen al ver reducida su renta disponible, la hacienda pública no deja de incrementar sus ingresos a consecuencia de la inflación”, y esto justificaría esta deducción del 15% del IRPF en concepto de adquisición de vivienda habitual o para vivienda destinada a arrendamiento habitual, excluyendo los alquileres de temporada o turísticos.

Está bien impedir situaciones dramáticas con actuaciones de emergencia, pero negociar forzados por una noticia impactante en una cuestión tan sensible es el auténtico drama. O se ponen generosamente o el mercado de la vivienda, tal como lo tenemos aquí, les continuará y NOS continuará pasando por encima.

Buenos días.