Paternidad

Nuevo obstáculo laboral para ser padres

El gobierno cambia las condiciones de los contratos de sustitución por maternidad y paternidad

Barcelona"Penaliza tener hijos". Esto dice Raúl Sánchez, director de la Asociación de Familias Numerosas de Cataluña (FANOC), de una nueva ley en vigor desde este septiembre que cambia las reglas de juego, vigentes desde hace 25 años, en los contratos de las personas que sustituían a un trabajador o trabajadora por baja de paternidad, de maternidad, de riesgo durante el embarazo o de lactancia.

Antes de que entrara en vigor la normativa, aprobada por el gobierno español, las empresas estaban exentas de pagar el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social del trabajador contratado para sustituir al empleado que acababa de ser padre o madre, que representan entre un 30 y un 40% del salario bruto. Por tanto, si el empleado sustituto cobraba 2.000 euros brutos mensuales, la empresa se ahorraba pagar un mínimo de 600 euros de cotizaciones. Ahora, en cambio, la nueva normativa limita esta bonificación a 366 euros al mes, una bonificación que también se aplica a la persona que se toma la baja por haber tenido un hijo (hasta ahora la empresa tampoco debía pagar sus cuotas a la Seguridad Social durante la baja). Además, establece otra condición: que el contrato de sustitución se haga a una persona menor de 30 años –si tiene más edad la empresa tampoco cobraría ese dinero—. Si volvemos al ejemplo de antes, el empresario con la normativa actual pasaría a pagar a la seguridad social 244 euros al mes para sustituir a la persona que está de baja de maternidad o paternidad. "Lo que acabará pasando es que la empresa intentará contratar a alguien que no quiera ser padre o madre para que no tenga que pagar un coste extra por tener un sustituto durante su baja de paternidad o maternidad", lamenta Sánchez. La directora del área de Trabajo de la patronal PIMEC, Sílvia Miró, lamenta que la nueva medida conlleve que la empresa tenga que asumir un coste del que hasta ahora estaba exento y añade que cambios como éstos no están pensados en clave de pequeñas y medianas empresas, que representan más del 99% de las empresas que hay en Cataluña y que son las que emplean al 68% del total de empleo en nuestro país.

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Para el director de la FANOC esta nueva medida es contradictoria con otros que ha sacado adelante al actual gobierno español en funciones, como igualar la baja de paternidad con la de maternidad a 16 semanas. "¿Qué sentido tiene alargar la paternidad para que se comparta el cuidado de los hijos para después sacar las ayudas a las empresas cuando hay bajas de maternidad y paternidad?", se pregunta Sánchez.

La FANOC ya ha enviado una petición formal al ministerio de Trabajo solicitando una explicación sobre este cambio y que se devuelva a la normativa de 1998, pero de momento no ha obtenido respuesta. "Ante el descenso de natalidad que estamos sufrimos deberían ser una prioridad para el gobierno las políticas de apoyo a quienes quieren ser padres y madres, en lugar de castigarles", lamenta Sánchez.

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En una línea similar se ha mostrado la Unió Sindical Obrera, que también ha enviado un escrito a los ministerios de Trabajo y Economía Social y al de Igualdad para que dejen sin efecto esta nueva normativa, que asegura que sobre todo perjudicará a las mujeres a la hora de ser elegidas para un puesto de trabajo por el hecho de poder quedarse embarazadas. "Llevará efectos negativos en la estabilidad del trabajo de las mujeres y pondrá más barreras en su proyecto de vida, además de retroceder en corresponsabilidad y cuidados por parte de los hombres", alerta la secretaria de políticas sociales, igualdad y formación del sindicato , Lourdes Pedrazuela.

El ministerio de Trabajo ha explicado al Criatures que este nuevo "criterio" está avalado por los "dictámenes" de distintos organismos independientes y personas expertas, sin especificar cuáles, y argumenta que establecer una bonificación fija de 366 euros en lugar de un porcentaje supone un mayor incentivo para los salarios bajos. Ahora bien, sólo uno de cada cinco trabajadores cobra el salario mínimo interprofesional (SMI) y, sin embargo, según la directora del área de Trabajo de la patronal PIMEC, las cotizaciones para los salarios bajos que acabará pagando la empresa son superiores esos 366 euros.

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El otro argumento que da el ministerio es que con esta bonificación se trata de primar el acceso a la contratación del colectivo de menores de 30 años. "Son los colectivos que más lo necesitan", dice. Sin embargo, desde la PIMEC se recuerda que el colectivo más afectado por el paro de larga duración son las personas de más de 45 años.