Las víctimas de Eduard Cortés denuncian "las grietas" de la industria del cine y del sistema legal

BarcelonaDos meses después de denunciar públicamente y de forma colectiva el acoso sexual sufrido por el cineasta Eduard Cortés, el grupo de víctimas ha hecho un comunicado este lunes en el que explican en qué situación se encuentran. Desde que salieron a relucir los hechos, el grupo ha incorporado a más víctimas. La fotógrafa Sílvia Grav, que ejerce de portavoz de todas ellas, asegura que son ya 52 mujeres. En un vídeo compartido en las redes sociales, Grav explica que se sienten muy agradecidas con el apoyo recibido a lo largo de este tiempo, pero que también sienten "la necesidad de señalar las grietas" que han visto "en la sociedad, la industria y el sistema legal".

Al hacer públicos los hechos a finales de octubre, la Acadèmia del Cinema Català puso al servicio de las víctimas su equipo de atención especializada en los abusos en el sector audiovisual. También hablaron con la Academia del Cine Español y con la ONG feminista Aspacia. Sin embargo, las afectadas lamentan que los protocolos y las respuestas institucionales no han sido suficientes. "Los protocolos de las industrias y academias deben ir más allá de la creación de comisiones, libros blancos, días especiales. Las investigaciones deben llevarse a cabo sin tener en cuenta el estatus de afiliación; el abuso no debería depender del rango del agresor", piden.

Asimismo, hacen referencia a la prescripción de los hechos, a las dificultades de demostrar el abuso de poder sin un contrato laboral firmado y a que los abusos pasen en la intimidad para poner de manifiesto las dificultades a la hora de denunciar a la policía. En el reportaje sobre los abusos cometidos por Cortés, el ARA ya explicó que el director utilizaba como pretexto su trayectoria profesional para prometer trabajo a las mujeres y, después, les pedía imágenes sexuales o sexting alegando que todo formaba parte de una futura película. Las peculiaridades de la industria audiovisual (donde habitualmente los intérpretes se ponen a preparar un proyecto sin que los contratos laborales estén firmados) le ayudaban a retener a las chicas, convenciéndolas de que estaban llevando a cabo un intercambio profesional.

En el comunicado también ponen de manifiesto el coste económico de denunciar. "La justicia gratuita y los abogados de oficio exigen unos parámetros muy difíciles de cumplir, o que simplemente no encajan en nuestro caso. El Código Penal está obsoleto y necesita actualizarse para que los abusos de poder en entornos laborales sean castigados de forma efectiva", reclaman. Por todo ello, defienden que "las denuncias públicas también son denuncias" y que "en muchos casos, son la única forma de romper el silencio".