El Congreso tumba la alternativa de ERC a la ley de memoria histórica

La represión contra los que perdieron la Guerra Civil se prolongó durante cuarenta años de dictadura, y reconocer las injusticias que sufrieron ha sido siempre muy complicado en el estado español. Este jueves el Congreso de Diputados ha debatido una nueva ley de memoria democrática que propone, entre otras cosas, una auditoría del expolio franquista, una nueva fiscalía para investigar los crímenes del franquismo –ningún juzgado español ha aceptado nunca investigar los crímenes que se cometieron durante la dictadura–, subvenciones para exhumar fosas o resignificar el Valle de los Caídos. La nueva ley se presenta catorce años después de que se aprobaran las leyes de la memoria en España y Catalunya. La ley española del 2007 aprobada por el gobierno de Zapatero ha vivido, además, largos periodos de hibernación por falta de presupuesto, sobre todo durante el gobierno del PP.

Tampoco ahora será fácil, pero la previsión es que la nueva ley se apruebe en 2022. PP y Vox se oponen y ERC ha presentado una enmienda a la totalidad que la cámara baja ha rechazado. Solo ha recibido 31 votos a favor, 9 abstenciones y 308 en contra. Así, Unidas Podemos ha rechazado el texto de ERC, más ambicioso que el del PSOE en la reparación de las víctimas del franquismo. De hecho, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha criticado que en su discurso el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, haya manifestado la intención del gobierno de "homenajear" a todas las víctimas de la Guerra Civil "sin distinciones". "Es como si Alemania equiparara los muertos en los campos nazis con los soldados nazis que murieron en la Segunda Guerra Mundial", ha denunciado su presidente, Emilio Silva.

Uno de los puntos que destacan de la propuesta de los republicanos es el del expolio. Los socialistas proponen una auditoría del expolio franquista y promover las iniciativas necesarias para investigar las confiscaciones producidas por motivos "políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura". En concreto, el anteproyecto del gobierno español destaca que se hará una auditoría incluyendo las sanciones económicas que se aplicaron a los juicios franquistas y un inventario de los bienes y derechos confiscados. Los republicanos quieren ir más allá y restituir los bienes, dinero y archivos requisados a personas físicas, jurídicas o entidades e instituciones mediante el regreso del bien o con una compensación económica.

Las dimensiones del expolio franquista son estratosféricas, porque cuando Franco ganó la Guerra Civil requisó tierras, pisos, casas, edificios enteros, coches, dinero... Muchísimas propiedades cambiaron de manos. Muchos acumularon grandes fortunas o levantaron grandes negocios que perduran hasta hoy. Además, ERC cuantifica en 135.000 euros las indemnizaciones que tendrían que recibir las personas con familiares muertos o desaparecidos por la represión franquista, a manos de funcionarios del Estado o de organizaciones paramilitares hasta el 27 de diciembre de 1978.

ERC también pone un calendario y da un año para presentar un estudio sobre la represión durante la Transición, es decir, entre el 1975 y el 1982, y propone rendir homenaje a las víctimas de funcionarios y organizaciones paramilitares durante los primeros años de la democracia. Los republicanos quieren, además, que también se reconozca y se rinda homenaje a los que lucharon a favor de un Estado descentralizado, a los maquis y a los que formaron parte de organizaciones y guerrillas antifranquistas, y que se los indemnice. El texto alternativo de ERC también especifica que se dé apoyo económico a todos los que quieran denunciar los delitos cometidos durante la dictadura y que se declaren ilegales los tribunales creados durante la Guerra Civil. El anteproyecto de ley de los socialistas declara ilegales, nulos y sin ningún efecto los consejos de guerra y juicios que se hicieron por motivos políticos durante el franquismo, pero no los tribunales. Además, no implementa suficientes medidas para poner fin a la impunidad, y tampoco se garantiza la investigación ni el enjuiciamiento.

La otra demanda de los republicanos es que se invaliden todas las concesiones, distinciones, títulos honoríficos... que todavía continúan teniendo los que colaboraron con los franquistas.