María Servini: “España no tiene voluntad de investigar los crímenes de su dictadura”

Buenos AiresTorturas, asesinatos, desapariciones forzadas, sustracción de menores, homicidios agravados y privación ilegal de la libertad. Son delitos cometidos en España entre el 17 de julio del 1936, día del alzamiento militar contra la Segunda República, y el 11 de septiembre del 1978, cuando la policía asesina al militante comunista Gustau Muñoz en una manifestación en Barcelona. Este es el marco temporal que comprende la querella argentina contra los crímenes del franquismo, una causa judicial iniciada en 2010 por familiares de víctimas de la represión que ha ido sumando particulares, organizaciones y ayuntamientos y que recientemente ha hecho posible la exhumación del militante del PCE Cipriano Martos en una fosa de Reus. Mientras el Tribunal Constitucional español estudia el recurso interpuesto por Vox contra la nueva Ley de Memoria Democrática, en el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal núm. 1 de Buenos Aires la jueza María Servini (San Nicolás de los Arroyos, 1936) investiga con insistencia este periodo de la historia reciente de España con la voluntad de hacer justicia. A los 86 años y todavía en activo, es la única magistrada en el mundo con una causa abierta contra altos cargos de la dictadura franquista. Nos recibe en su despacho, en el Palacio de Justicia de la Nación Argentina, en Buenos Aires.

Argentina y España han vivido dictaduras militares a lo largo del siglo XX. Pero la manera en la que se entienden estos capítulos de la historia reciente en cada país es muy diferente. ¿Por qué?

— Es sencillo: Argentina investigó su propia dictadura y los crímenes contra la humanidad. España no: ni siquiera han devuelto los cadáveres.

¿Cuáles son las limitaciones jurídicas que presenta España para que los querellantes tengan que llegar hasta Argentina?

— España se ampara en la Ley de Amnistía del 1977, con la que todos los criminales quedaron amnistiados y los detenidos en libertad. Argumentan que en esa época no existía, en el derecho interno español, la categoría jurídica de “crímenes contra la humanidad” y que, por lo tanto, no se puede aplicar, y que los crímenes están prescritos. Pero, según el derecho internacional, los crímenes contra la humanidad no prescriben ni se pueden amnistiar; hay una extensa bibliografía sobre esto, no nos lo hemos inventado nosotros. La Constitución argentina, en cambio, recoge el principio de jurisdicción universal, según el cual la comunidad internacional tiene la facultad y el deber de investigar y sancionar todo hecho que vaya contra el derecho de gentes (ius gentium). Ante la no investigación de España de estos delitos, es cuando Argentina hace uso de la jurisdicción internacional y los investiga.

¿En qué estado se encuentra la causa?

— Está en trámite, en etapa de instrucción. Estamos pidiendo pruebas, pero de muchas peticiones no recibimos ni siquiera una respuesta. Se pide material que obviamente está en el país donde pasaron los hechos y no lo envían, diciendo que en todo caso habría que investigarlo ahí. Se han pedido pruebas al gobierno español, a los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, a un montón de juzgados provinciales… a diferentes niveles según el hecho por el que preguntamos.

En octubre pasado el gobierno español del PSOE y Unidas Podemos aprobó la nueva Ley de Memoria Democrática. Se prevé hacer un mapa de fosas, un censo de víctimas, un banco de ADN, el estudio de la memoria en el ámbito educativo y, como ya se está llevando a cabo, la posibilidad de obtener la ciudadanía española a personas nacidas en el exilio por razones políticas. ¿Qué le parece?

— Insuficiente. Antes que nada se tendría que devolver los muertos. Hay personas enterradas en los arcenes de la carretera, que no se sabe quién son, o que sí se sabe pero no se dice. ¿Por qué no se los devuelve a las familias? ¿Qué problema hay? Recuerdo el caso de Timoteo Mendieta [secretario de la UGT fusilado en 1939], de quien conseguimos la exhumación en 2017. La hija, Ascensión Mendieta, vino con casi 90 años hasta Argentina pidiendo el cadáver de su padre. Lo quería recuperar para darle una despedida digna y porque quería que a ella misma la enterraran cerca de él. ¿Qué daño puede hacer esto?

Quizás implicaría reconocer que la Transición no fue tan modélica como han sostenido todos los gobiernos de la democracia.

— A los argentinos la Transición nos genera una sensación extraña, porque no tiene nada que ver con cómo finalizamos nuestra dictadura. Es muy fuerte, muy fuerte…

Ha hablado con decenas de personas que le piden ayuda para, al fin y al cabo, saber su pasado. ¿De qué le hablan?

— A menudo acaban hablando de cómo ellos mismos también han perdido la vida entera en este proceso. Ascensión Mendieta era una niña cuando se llevaron a su padre y hasta los 90 años no lo encontró. Sufrió toda la vida: ¡se la había pasado buscándolo! Bueno, ella y sus hermanos, que ya habían muerto cuando encontramos a Timoteo y no lo pudieron ver nunca. Una de las hermanas había dejado escrito un poema para cuando se encontrara el cadáver del padre.

¿Qué se genera, a escala individual y colectiva, cuando se recupera un cadáver?

— Para quien encuentra lo que buscaba, reparación. Y, para el resto, esperanza de poder conocer algún día su verdad y acabar un luto. Imagínate un luto sin un cuerpo… se debe de hacer eterno.

¿Cree que hay miedo a hablar?

— No sé si hay miedo: al fin y al cabo, todas estas personas han tenido el valor de venir hasta aquí a denunciar después de encontrarse obstáculos en su país. Llegan para pedir justicia y lo tienen claro. Pero sí, supongo que durante muchos años han tenido miedo. De hecho, actualmente algunas familias, una vez recuperado el cuerpo, han recibido presiones para reagendar la ceremonia del funeral en horarios que no pudieran ser muy concurridos.

¿Y a usted, le han sugerido alguna vez que lo dejara?

— No, nunca. Y, si pasara, continuaría haciendo lo que tengo que hacer y lo que hace falta. Intento no pensar mucho en lo que pasa alrededor porque, si no, no podría trabajar. Tengo que salir adelante. No puedo decir “esto se ha acabado”, porque no es verdad.

¿El actual gobierno español coopera más que en otros momentos?

— No. En general, España no tiene voluntad de investigar los crímenes de su dictadura.

¿En Argentina sí hubo?

— La presión social, sobre todo de las familias, fue muy grande y una parte de la justicia decidió ponerse a investigar. A mí me tocó detener a Emilio Massera, miembro de la junta militar con Videla, en una causa de apropiación de menores. ¡He restituido muchos hijos y nietos! El actual ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, es uno de ellos; también Ignacio Montoya, el nieto de Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

¿Las restituciones tienen finales felices?

— Hay nietos que no quieren acercarse a los abuelos: los vínculos biológicos se escapan de la justicia. Pero devolver la identidad a las personas es muy importante psicológicamente, y la mayoría de ellos se acercan a la nueva familia. En este sentido, el Banco Nacional de Datos Genéticos (creado en 1987) nos ha ayudado mucho, porque con las pruebas de ADN las personas pueden recuperar su historia. Después, cada uno decide qué hace.

Volviendo al franquismo: ¿qué futuro le ve a la querella?

— Hay un gran dolor entre las personas que han perdido seres queridos. Para muchos, la Ley de Amnistía no ha sido el pacto de perdón que tenía que ser. Creo que en algún momento España tendrá que aflojar para tener más paz entre la ciudadanía, sencillamente.