El gobierno español lleva a la ONU las leyes del PP y Vox que equiparan República y franquismo

MadridCon las elecciones europeas en el horizonte, el gobierno español quiere llevar a Naciones Unidas ya instituciones comunitarias las leyes que PP y Vox están impulsando en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León contra la memoria histórica. Son las llamadas leyes de "concordia", que intentan equiparar episodios como la II República y el franquismo. La Moncloa ya ha anunciado que las impugnará en el Tribunal Constitucional si los gobiernos autonómicos no rectifican con la vía del diálogo. Este martes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, daba un margen de seis meses antes de presentar el recurso al TC, pero sólo 48 horas después ya se ha apresurado a dar por hecho que la cuestión acabará en el tribunal de garantías y que también llevará la batalla a nivel internacional.

Por un lado, recurrirá ante el relator especial sobre verdad, justicia y reparación y al relator de ejecuciones extrajudiciales para que diriman si las medidas de PP y Vox se corresponden con los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de derechos humanos. En el Parlamento Europeo el gobierno español promoverá iniciativas para que se incluyan en el orden del día del pleno. Por último, también se dirigirá al Consejo de Europa para que se produzca un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria para abordar una posible derogación de las leyes de memoria que aprueben las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox; se informará a la secretaría general del Consejo de Europa y al comisario de Derechos Humanos de la “gravedad de la situación” y se pedirá un informe sobre la situación de la memoria democrática en España en caso de que se aprueben estas normativas.

Pedro Sánchez se ha referido a este movimiento esta tarde en un acto en Madrid. "Actuaremos a todas las instituciones nacionales e internacionales en defensa de la ley de memoria democrática frente al negacionismo de los de siempre", ha advertido. Lo dijo después de haber acudido esta mañana al laboratorio forense del Valle de Cuelgamuros. Acompañado del ministro Torres, el presidente del gobierno español ha visitado los trabajos de identificación de hasta 33.833 hombres enterrados que están haciendo una quincena de técnicos. Tal y como marca la ley de memoria democrática estatal, se está atendiendo a la demanda de 160 familias, ha explicado Sánchez en un tuit a X. “La ley se cumplirá y debemos saldar nuestra deuda pendiente con quien dio su vida luchando por la libertad y la democracia en España. Justicia, reparación y dignidad para todas las víctimas de la guerra y la dictadura”, ha subrayado.

Esta visita de Sánchez no ha gustado a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ha presentado una queja formal al ejecutivo protestante por el hecho de que se haya negado a sus familiares la asistencia a Cuelgamuros “con el argumento que sería peligroso para ellos [las personas enterradas]”. “Solicitamos que nadie sea tratado por encima de las víctimas y que conozcamos toda la información de lo que va pasando en el Valle de los Caídos [ahora Cuelgamuros], ya que las familias son las promotoras de estas exhumaciones, las más afectadas por lo que sucede y las que tienen derechos respecto a lo que ocurre en las criptas”, manifiesta esta asociación. En otra dirección, también llegaron críticas desde Vox, principal impulsor de las leyes autonómicas que pretenden quitar hierro a la dictadura. "Vuelve la necrofilia, la división y el rencor", ha denunciado el presidente del partido de extrema derecha, Santiago Abascal, en un tuit a X.