La persecución real y simbólica de la República durante la Transición y más allá

GeronaPara los sectores reformistas del franquismo, la monarquía establecida por el general Franco fue una línea roja que no podía cruzarse. Al margen de la voluntad popular, el rey era una institución indiscutible, que garantizaba la continuidad del sistema y de sus servidores, y permitía también una transición controlada. Un referéndum sobre la forma de estado fue imposible, pero no sólo eso: todo lo que significaba imagen, valor y símbolo de la República, como la bandera tricolor, fue perseguido durante un grupo de años. El combate se prolongó más allá de la aprobación de la Constitución de 1978, más allá de los años de la transición institucional y de la política.

Los partidos electoralistas o partidarios del consenso –conscientes de su debilidad– renegaron de las propias convicciones y aceptaron entrar en el juego político, para poder ser legalizados para los comicios de junio de 1977. Así, la renuncia del PCE y del PSOE a la defensa de los minoristas la minorista de la minorista de la policía republicana dejó en manos de la tradición republicana y cuyos progresos sociales habían luchado muchas personas en los tiempos difíciles de la dictadura.

En 1977 fue legalizado el Partido Comunista y fue desmantelada la organización del Movimiento, pero la palabra república se convirtió en un tabú permanente, y las formaciones que la reivindicaron fueron señaladas a la hora de la vigilancia y las restricciones. En Cataluña, en las primeras elecciones generales, Esquerra Republicana no pudo explicitar la palabra mal vista y tuvo que presentarse como Esquerra de Catalunya. Otras formaciones que incluían esta misma idea tampoco fueron legalizadas.

Cargar, detener y retener 72 horas

El combate antirrepublicano fue canalizado por medio de la legislación, las órdenes gubernativas y las fuerzas de orden público. En el primer sentido, el 12 de abril de 1977, dos días antes del 46 aniversario de la proclamación de la Segunda República, el BOE inserta un decreto sobre la libertad de expresión (!), en el que advertía que serían secuestradas las publicaciones "que constituyan demérito o menoscabo de la Institución Monárquica", lo que equivalía a prohibir el debate sobre la forma de estado.

En el segundo, todos los gobernadores civiles recibieron la normativa a aplicar frente al cumpleaños republicano, firmadas por Enrique Sánchez de León, director general de Política Interior, miembro del equipo ministerial de Rodolfo Martín Villa. Entre las indicaciones especiales del día 14, la vehemencia era innegable: "No se trata de disolver, sino de reprimir con toda contundencia el menor indicio de alteración. La fuerza deberá cargar y detener el máximo número de posibles manifestantes, a los que se las retendrá durante 72 horas y serán objeto de muy fuertes multas. Estas severas instrucciones serán válidas para cualquier tipo de acción subversiva durante ese día, en lo que se persigue.

La movilización de las fuerzas de orden público ante ese aniversario supuso, en Girona, un despliegue extraordinario. La ciudad fue dividida en cuatro zonas y, para el control de las jornadas del 13 al 14 de abril, el comisario principal distribuyó a sus agentes en turnos de noche y de día para impedir las acciones de propaganda. Dieciséis fueron los movilizados por la noche: Hernández Oliván, Rastrilla Sierra, Osorio Burón, Albacete Molina, Nevado González, Ramiro Cisnero, Castaño Moreno, Hoz Gabiola, Mariscal Carchenilla, Matito Soler, González Fiestas, Serrano Sanz, Castro Juvant. Y nueve los del turno diurno: Haro Arrabal, Rosa Monge, Ortega Páez, Menac Menac, García Lanseros, Figueiras Allo, Jodra Arribas, Sanjuán Martínez y Rodríguez Ballou.

Haciendo balance de la actuación policial, el gobernador Armando Murga pudo trasladar al director general de Política Interior y al director general de Seguridad las novedades de la jornada. Concretamente, la aparición de dos banderas: una de Estat Català, en unas obras de la plaza de Catalunya, conectada a un paquete explosivo simulado, y una bandera republicana, en la Rambla, retirada inmediatamente por la policía, "sin que se produjera el menor incidente, ni se haya podido localizar a los autores de la colocación". 

La prensa resultó afectada por otro lado. El 16 de abril, el semanario Presencia, que –aprovechando la efeméride– había colocado en la portada los colores de la bandera tricolor para anunciar un dossier histórico sobre el episodio de 1931, también se resintió. Aunque ya había sido suprimido el artículo 2 de la ley de prensa, había que respetar unos temas sagrados: la monarquía, las fuerzas armadas y la unidad de España. Por eso, la delegación del ministerio de Información y Turismo envió el ejemplar de la revista a la autoridad judicial, por si podía contener alguna infracción en la nueva legislación en materia de prensa.

El director de la publicación, Narcís-Jordi Aragó, fue citado en el juzgado y tuvo que declarar sobre la intención simbólica de la portada. El magistrado Fernández Oubiña se limitó a cumplir las formalidades legales e indicó que aquellas diligencias, ridículas y absurdas, serían archivadas de inmediato. Pero el aviso no dejaba de ser intimidatorio.

Nuevas medidas coercitivas

Una vez aprobada la Constitución de 1978, la persecución de los símbolos republicanos no se refrenó. Los efectos expansivos del intento del golpe de estado del 23 de febrero de 1981 se dejaron sentir. Así, el día 11 de abril de ese año, todos los gobernadores civiles recibieron un télex del director general de Política Interior, Juan Gómez Arjona, para que –ante el próximo 14 de abril– aplicaran normas coercitivas, destinadas a evitar la aparición de propaganda conmemorativa (banderas, símbolos, carteles, pintadas, pandas). En otro de los apartados de la ordenanza se especificaba que, desde la recepción del télex y en colaboración con los servicios policiales, "se evitará todo tipo de propaganda mural y pintadas referentes a la fecha, persiguiendo y sancionando esta clase de infracciones".

De acuerdo con las órdenes recibidas, el 25 de abril de 1981, el gobernador Ramon Codina remitió al fiscal de la Audiencia Provincial un cartel de la Convención Republicana de los Pueblos de España - Unión Republicana de Cataluña, en el que se leía: "¡Por la República! Por las libertades populares de los pueblos! Por la legalización. ¡República!".

Una placa prohibida en 1989

La prolongación de las prohibiciones contra la simbología republicana tuvo una singular evidencia en tiempos de los gobiernos del PSOE. En 1989 surgió la idea de colocar una placa que evocara la última sesión de las Cortes republicanas en el castillo de Figueres, cuando la ciudad ampurdanesa se había convertido en capital de la República. La iniciativa no salió de abajo, ni de ninguna organización marginal, sino del gobierno civil de Girona. Para el acto previsto, incluso se realizaron gestiones para que pudiera asistir José M. Prat, presidente del Ateneo de Madrid y antiguo diputado socialista.

Dado que el recinto defensivo era de propiedad militar, el gobernador Pere Navarro, el 27 de enero de ese año, pidió la autorización reglamentaria al capitán general de Barcelona, ​​José Luis Carrasco Lanzos, personaje vinculado a las reuniones previas al golpe de estado del 23 de febrero de 1981, si bien después –el 1987 Narciso Serra.

El 30 de enero, dos días antes de la conmemoración, la negativa llegó puntual: "Comprendo su interés en conmemorar con una placa un acontecimiento histórico de singular relevancia. Pero es el caso de que en el momento actual el Castillo de Figueras constituye un recinto militar y como tal debe ser preservado de todo tipo de símbolos que no sean propiamente castrenses. Por eso, lamento no poder acceder a una legítima aspiración que exceda a mis atribuciones".

Es decir: catorce años después de la muerte del general Franco, la iniciativa del gobernador civil de Girona no pudo recordar las últimas Cortes republicanas, pero en cuarteles militares y en el propio edificio de la Capitanía de Barcelona se exhibían símbolos de la dictadura. La autonomía militar les toleraba, aunque fueran contrarios al orden constitucional vigente. Para los franquistas, reconvertidos o no, la República era considerada como el enemigo vencido en la Guerra Civil.