"La ley de memoria es necesaria y debe tramitarse por la vía de urgencia"
El consejero de Justicia espera que el nuevo proyecto de ley se tramite con rapidez en el Parlament
BarcelonaEn marzo del pasado año parecía que la nueva ley de memoria democrática catalana ya era una realidad, pero las elecciones catalanas hicieron que volviera a quedar en un cajón. el consejero de Justicia, Ramon Espadaler, ha insistido en que es una de las prioridades del Govern. el texto del anteproyecto y el conseller de Justícia espera que los grupos permitan una tramitación de urgencia en el Parlament. Para facilitarlo todo, el texto es exactamente el mismo que el que se elaboró hace más de un año, cuando la consellera era Gemma Ubasart. No se ha cambiado ni una coma. "Cualquier retoque o modificación nos habría obligado a dilatar aún más el trámite", ha argumentado Espadaler, quien ha destacado la perspectiva de género como una de las novedades del texto, porque hasta ahora no se distinguían las particularidades de las torturas y vejaciones que recibían las mujeres por el hecho de serlo.
En el acto de este lunes Ubasart no estaba, pero sí la consejera que la precedió, Esther Capella (ERC), que es quien empezó a escribir la nueva ley que agrupa toda la legislación que había en el alrededor de la memoria: la ley del Memorial Democrático (2007), la ley de fosas (2009) y la ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo (2017). Además, intenta resolver los retos que no se han podido solucionar, como la persistencia de simbología franquista y el resarcimiento de las víctimas.
"Llevamos tres legislaturas detrás de la nueva ley de memoria democrática y hemos participado en todos los procesos y comisiones. La teníamos casi aprobada la anterior legislatura y cayó, por eso pedimos al conseller que fuera una de sus prioridades" , explica Carles Vallejo, presidente de la Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo. "Es una ley necesaria y urgente, y debe tramitarse por la vía de urgencia. Sería una pena y un uso fraudulento que algún grupo parlamentario le pusiera bastones en las ruedas", dice Marc Andreu, director de la Fundación Cipriano García de Comisiones Obreras.
Infracciones de los 10.000 a los 150.000 euros
Algunas novedades de la nueva ley son la investigación del expolio, la obligación explícita de retirar en un período de dos años los símbolos franquistas y perseguir de forma activa, personándose como acusación, los crímenes del franquismo. La nueva ley pone también el foco en la educación en todas las etapas, desde primaria hasta la formación de funcionarios. Por otra parte, se prohibirán los actos y homenajes de enaltecimiento del franquismo y se sancionará cualquier desprecio o humillación a las víctimas. Se considerará una infracción muy grave, con multas que pueden ir de los 10.000 a los 150.000 euros, profanar fosas o, sin haberlo comunicado, hacer movimiento de tierras o alguna construcción donde se sepa con certeza o se sospeche que existen restos humanos de personas desaparecidas durante la Guerra Civil o la dictadura.
También se considerarán infracciones muy graves causar daños en los Espacios de Memoria Democrática. A las víctimas ya reconocidas se añaden los niños separados de sus familias, que también recibirán el asesoramiento y ayuda de la Generalitat para investigar su pasado, así como los que fueron internados en psiquiátricos porque no cumplían las normas sociales del momento y las víctimas de enfermedades por medicamentos nocivos y no retirados. Además, en el Día del Exilio y en el dedicado a las víctimas del Holocausto se añade el Día de la Segunda República, el 14 de abril, y el Día de la Assemblea de Catalunya, el 7 de noviembre . Ninguno será festivo, pero se harán homenajes.
Tanto a Andreu como a Vallejo les hubiera gustado que la nueva ley recogiera que el Memorial Democrático no dependiera del Gobierno por no estar sujeto a los vaivenes políticos, pero eso de momento no ha sido posible. Vallejo también destaca la importancia que tiene que la memoria y la investigación histórica estén por encima de la protección de datos. "Nos da miedo que se acaben borrando muchos nombres", asegura Vallejo, refiriéndose sobre todo a quienes cometieron torturas o cometieron crímenes durante la dictadura.