Papeles de Salamanca: la Comisión de la Dignidad exige a Illa desatascar los 35.000 documentos que faltan
La entidad también lamenta el silencio del ministro Ernest Urtasun ante los fondos retenidos de 47 ayuntamientos, de la masonería y de la comunidad judía, y amenaza con ir a la ONU.
BarcelonaCuando se cumplen 21 años de la ley de retorno de los documentos de Salamanca y cuatro de la ley de memoria democrática, el proceso de restitución del patrimonio documental expoliado por el franquismo continúa encallado. Según ha denunciado la Comisión de la Dignidad, aún quedan por retornar a Cataluña unos 35.000 documentos, cifra que representa cerca de un 5% del total del fondo. Ante esta situación, la entidad ha instado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a convocar la comisión mixta Estado-Generalitat para desbloquear los traspasos con el ministerio de Cultura.
El presidente de la asociación, Josep Cruanyes, lamenta la falta de respuestas del ministerio que encabeza Ernest Urtasun, y recuerda que las administraciones catalanas están reconocidas legalmente como víctimas de la represión. ¿Por qué se hacen tantas leyes si después no se cumplen?", se pregunta Cruanyes, que considera que, sin una reparación efectiva, las normas corren el riesgo de convertirse en simples actos de propaganda. Si la parálisis persiste, la entidad prevé trasladar el caso al relator de las Naciones Unidas para la Verdad, la Justicia y la Reparación.
Uno de los principales puntos de fricción es la documentación de orden Público y justicia de la época de la Guerra Civil, así como los fondos pertenecientes a 47 ayuntamientos catalanes, a la masonería y a la comunidad judía. Según la Comisión, el ministerio de Cultura argumenta ahora que los fondos de orden público posteriores a los Hechos de Mayo de 1937 corresponden al Estado, ya que es cuando el gobierno estatal asumió entonces la dirección de la policía.
Un "botín de guerra"
Cruanyes recuerda, sin embargo, que en el litigio de 2006 por los primeros legajos retenidos en Salamanca el mismo ministerio emitió un dictamen en el que especificaba que el Estado solo había asumido la dirección policial de manera "provisional" y que la competencia continuaba siendo de la Generalitat, un criterio que avaló una sentencia de la Audiencia Nacional en 2008. Para Cruanyes, mantener la retención de estos papeles equivale a perpetuar la lógica del "botín de guerra" militar. "Señor Urtasun, si no hubiera ganado Franco todos estos documentos estarían en los archivos catalanes y la competencia de la policía y la justicia habría retornado a la Generalitat", dice Cruanyes, que también critica al presidente catalán, Salvador Illa: "Por primera vez para un presidente no ha sido una prioridad la recuperación de los fondos saqueados por el franquismo".
Asimismo, el colectivo alerta de la situación de una parte del fondo de la Generalitat custodiado en el Archivo Militar de Ávila. Según las investigaciones del historiador Jordi Oliva, la documentación, originalmente catalogada como fondo del "Archivo de documentación de la guerra de liberación, zona roja. Índice de la Generalidad de Cataluña" , se ha convertido en “Archivos públicos Instituciones de la administración territorial. Gobierno de Euskadi. Generalidad de Cataluña”. "Es una manera de ocultar su origen y evitar su retorno", asegura Cruanyes.