Acuerdo en la UE para desnudar la fiscalidad de las multinacionales

BruselasLa crisis económica asociada a la pandemia del coronavirus ha acelerado el debate sobre la necesidad de actualizar la fiscalidad global en las nuevas prácticas de grandes multinacionales. Las arcas públicas han hecho frente a los costes de esta crisis y, para apuntalar la recuperación, se considera indispensable tapar los agujeros por los que se escapan miles de millones de impuestos de grandes empresas que no tributan dónde o cómo tendrían que tributar. Uno de los primeros pasos es el acuerdo al que han llegado este martes la Eurocámara y los gobiernos, que obligará a las grandes corporaciones a publicar cuánto ganan y qué impuestos pagan país por país. Hacía cinco años que esta directiva estaba enterrada en los cajones de Bruselas, pero finalmente hoy ha visto la luz. A partir de ahora, pues, cualquier persona podrá ver en línea el volumen de negocio y los impuestos de Inditex en los Países Bajos.

Con este acuerdo, encallado porque países como Irlanda, Malta, Suecia, Hungría o Chipre se oponían, todas las empresas que han facturado más de 750 millones de euros durante dos años seguidos y que tienen sede o filial en la Unión Europea tendrán que publicar su actividad económica y fiscal detallada país por país y también en los estados que la UE tiene en la lista negra y gris de paraísos fiscales. Hasta ahora, las empresas solo están obligadas a dar la información a las haciendas estatales, que a menudo son responsables de pactar los llamados tax rulings con que los dan un trato preferencial a cambio de inversiones. Poner las cuentas de estas empresas bajo el foco público no resuelve el problema de fondo, pero sí facilita la tarea de organizaciones, periodistas e instituciones para comprobar si se paga lo que toca y, como mínimo, dejarlascon las vergüenzasal aire.

Lo que celebran los europarlamentarios es que, gracias a esta directiva, países considerados por la cámara como paraísos fiscales, como Luxemburgo, los Países Bajos, Irlanda o Malta, verán cómo la información de lo que tributan grandes multinacionales sale a la luz. Se tendrá que publicar anualmente, desglosando la naturaleza de las actividades económicas, el número de trabajadores y los beneficios antes y después de impuestos.

Uno de los puntos de controversia es el alcance geográfico de la ley. La propuesta de la Comisión Europea pretendía que la información solo se tuviera que desglosar para las actividades de estas empresas en países de la UE y en los de la lista negra. Pero el Parlamento Europeo presionaba para ir más allá e incluir también a los de la lista gris, donde está por ejemplo Turquía. Las filiales europeas de una multinacional con sede fuera de la UE también tendrán que publicar toda la información aunque su sede central no quiera colaborar, y en caso de que así sea, lo tendrán que dejar por escrito. Eso sí, hay una cláusula de excepcionalidad en caso de que esta información pueda perjudicar al negocio. También se ha arañado el compromiso de revisar el umbral de los 750 millones de facturación al cabo de cuatro años. El objetivo del Parlamento Europeo sería rebajarlo.

Así, la directiva prevé que no solo Amazon tenga que hacer público qué paga en impuestos en Irlanda o en los Países Bajos, sino que si una empresa como ACS o la filial de Facebook en Europa tuviesen una filial en las Seychelles también tendría que publicar qué volumen de negocio tiene y qué impuestos paga.

170.000 M€ más para las arcas públicas

Como se ha dicho, esta directiva no resuelve el problema de fondo, que pasa en muchos casos por la creación de un impuesto sobre sociedades mínimo común. Según un estudio del Observatorio Europeo de Fiscalidad (inaugurado esta semana), los países de la UE recaudarían hasta 170.000 millones de euros más al año en impuesto sobre sociedades si se aplicara un tipo mínimo del 25%. Solo para España supondría recaudar 12.400 millones de euros más en 2021, un 43% más. Este debate está más caliente que nunca porque después de años de bloqueo con Donald Trump, la llegada de Biden a la Casa Blanca ha reimpulsado el debate global y se espera un acuerdo en el seno de la OCDE las próximas semanas para tener una base común del impuesto sobre sociedades global.

Justo es decir que la cifra que hay actualmente sobre la mesa es un 15%, muy por debajo de lo que muchos países y las mismas instituciones europeas querrían pero la única cifra que podría convencer a países como Irlanda, con un impuesto de sociedad del 12,5%, según ha advertido el propio gobierno irlandés. Se espera que en los próximos días los países del G-20 encaminen el acuerdo para que la OCDE lo confirme en julio. Después, la Comisión Europea se ha comprometido a trasladarlo en forma de directiva inmediatamente y a presentar en 2023 una propuesta más ambiciosa solo a escala europea. Eso sí, solo con el 15% de base común, la recaudación ya aumentaría 50.000 millones en toda la UE.