Aena garantiza a los accionistas que la gestión de los aeropuertos es "exclusivamente" suya

MadridTraspaso, cogestión o coordinación. Son algunas de las palabras que se utilizan cuando se hace referencia a la demanda de algunos partidos –ERC o el PNB– y gobiernos autonómicos en cuanto al papel de las comunidades autónomas en el sistema aeroportuario español. En particular, en aquellos aeropuertos situados en sus territorios. Aena, el gestor aeroportuario en el Estado, lo tiene claro: de traspaso ni hablar, y la "cogestión", es decir, participar en la gestión, es una demanda "imposible". Aena, de la cual el Estado controla un 51% del capital social a través de Enaire, mientras que el 49% restante está en manos privadas, solo se abre a profundizar en la "coordinación" con los territorios. ¿Cómo? A través de acuerdos como el que alcanzaron el gobierno central y el vasco sobre los aeropuertos en el País Vasco el pasado mes de marzo. Todo ello lo ha recordado el mismo presidente de Aena, Maurici Lucena, este jueves aprovechando la celebración de la junta general de accionistas de la compañía que lo ha reelegido para cuatro años más, alargando el mandato hasta 2030 (en total sumará 12 años como máximo directivo de Aena).

"Tengo la amarga impresión de que en algunos casos se ignora genuinamente, y en otros fingidamente, una realidad palmaria", ha afirmado Lucena. Se ha referido así a las pretensiones de aquellos partidos, pero también gobiernos autonómicos, que quieren que su comunidad juegue un papel importante en la gestión de los aeropuertos en sus territorios. "Son [pretensiones] estériles", ha dicho el directivo catalán ante los accionistas. Lucena ha dedicado buena parte de su discurso a esta cuestión para concluir, como ha hecho en otras ocasiones, que la competencia de los aeropuertos que son de interés general en el Estado es "exclusivamente" de Aena.

¿Qué encaje hay para Cataluña?

Las palabras de Lucena llegan un día después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, asegurase que próximamente habrá un acuerdo con ERC para que Catalunya participe en la "gestión aeroportuaria". Hay que recordar que en el marco de su investidura, republicanos y socialistas acordaron un cambio en la "gobernanza" del aeropuerto de El Prat para que la Generalitat tenga más voz. El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, insistía en que se trata de uno de los "puntos decisivos de esta legislatura". "La Generalitat debe tener peso y debe liderar", afirmaba Jové.

Pero, ¿hay un encaje entre esta reivindicación y las palabras de Lucena? De momento, Illa ha dado pasos adelante para contentar a los republicanos con el impulso de una Autoridad Aeroportuaria de Catalunya. La intención es que se ponga en marcha en 2027 y que, entre otras cosas, tenga "voz propia" en el diálogo con Aena y la Unión Europea. Por ejemplo, podrá intervenir en documentos de planificación como el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), para hablar "de tú a tú" con Aena o Enaire, según explicó el Govern. La clave, sin embargo, será el alcance de esta intervención y si tendrá competencias ejecutivas o lo que diga será vinculante, o será un órgano meramente consultivo.

Para Aena se puede avanzar en la creación de órganos así, pero sin que tengan funciones ejecutivas ni sus decisiones sean vinculantes. De hecho, Lucena ha defendido este jueves que esto es lo que han hecho el gobierno vasco de Imanol Pradales y el ejecutivo de Pedro Sánchez. Pradales aseguró que se llegó a un entendimiento para que el País Vasco empiece a "participar en la toma de decisiones" que afectan a los aeropuertos de Euskadi, pero el ministerio de Transportes señalaba en una nota de prensa horas más tarde que el acuerdo se limitaba a la creación de un órgano bilateral aeroportuario entre el gobierno vasco y el español para "colaborar y cooperar" en cuanto a la estrategia de los aeropuertos en el País Vasco. Este órgano, sin embargo, "no cuestiona ni altera la autonomía de la gestión" de Aena, remarcaba el ministerio.

¿Resucitar los comités de coordinación?

Espacios como este recuerdan los comités de coordinación aeroportuaria con los que cuentan las comunidades autónomas desde 2013 y que, según la ley, deben reunirse al menos dos veces al año, cosa que no ha ocurrido. De hecho, está previsto que el comité de Cataluña se reúna la semana que viene, después de mucho tiempo inactivo, indican diferentes fuentes consultadas por ARA. Aunque la reunión prevista la semana que viene llega justo cuando Illa ha prometido avances, tocaba hacerla como trámite preceptivo ante el nuevo plan inversor de Aena, el llamado DORA III, que deberá aprobarse próximamente en consejo de ministros.

El comité lo forman el gobierno español (ministerio de Transportes y delegación del gobierno central en Cataluña); la Generalitat, a través del departamento de Territorio; los entes locales (Barcelona, El Prat y Vilobí), las Cámaras de Comercio y representantes de organizaciones económicas (ahora mismo Fomento y RACC), explican desde Aena. Aena actúa como secretario del comité. Además, en el caso de Cataluña se podía crear una "comisión de coordinación" específica para el aeropuerto de El Prat por su volumen de pasajeros, tal como se desprende de la normativa.

Durante años, ni gobierno español ni gobierno catalán han promovido estos encuentros, aunque eran el espacio donde, tal como establece la ley, la Generalitat podía opinar sobre las inversiones o incluso "colaborar" en las líneas estratégicas de los aeropuertos catalanes. ARA ha solicitado al ministerio de Transportes el calendario de encuentros, pero no ha obtenido respuesta. En paralelo, funciona el CDRA (Comité De Rutas Aéreas), un órgano constituido en 2005 para potenciar nuevas rutas intercontinentales en el aeropuerto de El Prat, con el que fuentes empresariales reconocen que el diálogo es más fluido.

Los motivos de Aena

Con todo, Lucena se aferra a la "imposibilidad" de una cogestión de los aeropuertos por la estructura accionarial de Aena –el directivo catalán ha recordado que el 49% de las infraestructuras aeroportuarias, independientemente del lugar donde se ubiquen, están en manos privadas–, pero también por el marco constitucional, que "imposibilita cualquier operación que altere la autonomía de la gestión de Aena", ha dicho.