La Generalitat amplía las restricciones de acceso al medio natural a 91 municipios por la peste porcina
El departamento de Agricultura descarta por el momento sacrificar cerdos de las granjas de la zona afectada por la epidemia
BarcelonaLa Generalitat ha ampliado las restricciones de acceso a zonas naturales para evitar la propagación de la peste porcina africana (PPA). Hasta ahora se habían prohibido las actividades de ocio en áreas consideradas de medio natural en 12 municipios y en el Parque Natural de Collserola, y actualmente la prohibición se amplía a 79 municipios más hasta el 14 de diciembre.
Así pues, en 91 municipios queda prohibido realizar actividades de ocio (paseos, correr, montar en bicicleta), la caza y actividades forestales dentro de áreas calificadas de medio natural, según una resolución del departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación publicado este viernes en Diario Oficial de la Generalidad (DOGC). Por medio natural se entienden zonas boscosas; cauces de ríos y rieras; prados y campos de cultivo y parques y caminos fuera de núcleos urbanos, además de los parques naturales, según fuentes del departamento de Agricultura. También se mantiene cerrado el acceso al parque natural de Collserola y ahora se añaden las zonas naturales protegidas de San Lorenzo del Munt, San Miguel del Fai, la Cordillera de Marina, Cordillera Litoral y el Parque Fluvial del Besòs.
Sí se mantienen como permitidos el acceso a viviendas y actividades profesionales o que no tienen que ver con el ocio personal, como la actividad académica normal en escuelas y en la Universidad Autónoma de Barcelona, ubicada en el municipio de Cerdanyola del Vallès, donde se inició el brote. Por tanto, los restaurantes, las hípicas, los centros deportivos y otros negocios que se encuentren en espacios naturales dentro de los municipios afectados por las restricciones podrán operar con normalidad, pero el Gobierno pide a los clientes y usuarios que se limiten a acceder a través de las vías habituales. Sin embargo, no se permite la salida de rebaños de ovejas o cabras —aunque la PPA no afecta al ganado ovino y caprino— para evitar que esparzan posibles restos biológicos de cerdo contaminados.
El ejecutivo facilitará a las empresas desinfectantes para los zapatos y para las ruedas de vehículos, además de las instrucciones de cómo utilizarlos y qué tipos son los más eficaces. También instalará zonas de desinfección fuera de los negocios. La resolución no obliga a los ciudadanos a desinfectar, pero el Gobierno lo recomienda como medida para evitar la propagación del virus del PPA.
En estos 79 municipios las restricciones aprobadas este viernes se mantendrán en vigor hasta el 14 de diciembre. A partir del día 15 sólo se mantendrán para actividades de ocio en el medio natural de grupos grandes de personas y que estén programadas (por ejemplo, carreras de montaña y romerías en zonas naturales).
Entre las medidas de la resolución también existe un cambio de nomenclatura de las zonas afectadas por las restricciones que sigue las recomendaciones hechas por la Comisión Europea y el ministerio de Agricultura del gobierno español. Así, los 12 municipios ubicados en un radio de 6 kilómetros del punto donde se hallaron los dos primeros jabalíes infectados pasarán de ser considerados "zona infectada" a ser "zona de alto riesgo". El resto de 79 municipios situados entre 6 y 20 kilómetros pasarán de ser "zona de vigilancia" a "zona de bajo riesgo".
De momento, el Govern mantiene un dispositivo de más de 700 agentes entre mossos, policía local y bomberos para evitar el acceso de la ciudadanía a las áreas restringidas. Estos agentes han instalado puntos de control fijos y móviles. Además, otros 300 operativos siguen examinando las zonas afectadas en busca de jabalíes muertos o enfermos.
Ayer el ministerio de Agricultura aumentó de 9 a 13 el número de jabalíes analizados que han dado positivo por el virus, todos hallados dentro del perímetro de 6 kilómetros de radio. Pese al aumento, el conseller de Agricultura, Pesca, Ganadería y Alimentación, Òscar Ordeig, ha asegurado este viernes en una entrevista en Catalunya Ràdio que "el porcentaje de positivos ha descendido una barbaridad". El laboratorio del Centro de Investigación en Sanidad Animal (Cresa-Irta) es el organismo que está analizando todos los jabalíes fallecidos o abatidos que se encuentran en la zona afectada, y si encuentra algún caso infectado lo envía al Laboratorio Central de Veterinaria del ministerio de Agricultura, en Algete (Madrid), que confirma los casos positivos.
De hecho, este viernes el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el propio consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha señalado que los análisis de los jabalíes fallecidos indican que la variante del virus que hay en Collserola es diferente a las variantes que se encuentran en otros países de la Unión Europea, mientras que se asemeja. Ordeig no quiso descartar aunque el brote pueda tener origen en el propio Cresa-Irta, situado a pocos kilómetros de donde se encontraron los primeros jabalíes infectados, pero dijo que todavía es "demasiado pronto" para saberlo. Responsables del laboratorio han asegurado esta semana en el ARA que no han detectado ninguna incidencia que apunte a que el virus podría haberse esparcido fuera del centro, que tiene unas medidas de seguridad biológicas muy elevadas.
Descartado el sacrificio de cerdos de granjas
Aparte de las acciones de control, la epidemia sigue impactando económicamente en la industria agroalimentaria catalana. Este viernes la compañía GCT Plus, con sede en Santa Eugenia de Berga (Osona), ha presentado un expediente de trabajo temporal por fuerza mayor (ERTO) para 458 trabajadores, que justifica por los efectos de la PPA sobre la actividad de la empresa, ha informado el ACN. Algunos de estos empleados afectados trabajaban para otras empresas como Grupo Jorge, Rivasam y Le Porc.
De hecho, ayer Mercolleida, el palco de referencia en España para el precio del porcino, pidió sacrificar a unos 30.000 cerdos en Catalunya de la zona afectada para evitar la expansión del virus en otras zonas del país. Asimismo, el mercado mayorista redujo en 10 céntimos el precio de la carne de cerdo y avisó de que los mataderos se quedarán sin espacio para carne congelada "en cuestión de días". Los sindicatos agrarios también piden matar a los animales y compensar a los productores.
Aunque la normativa lo permitiría en caso de que la epidemia se expandiese por el territorio o en explotaciones ganaderas, el departamento de Agricultura descarta por el momento aprobar el sacrificio ningún animal, con el argumento de que todavía no se ha detectado ninguna infección entre reses en ninguna de las 39 granjas situadas dentro del radio de radio. Estas explotaciones tienen prohibida la entrada y salida de animales vivos de sus recintos, con la excepción de quienes deben ir al matadero. Igualmente, en una reunión en Madrid con representantes de las patronales porcinas y de los sindicatos, Planas ha dicho que la medida no es necesaria porque el ganado de las granjas carece del virus.
Esta semana técnicos de la conselleria han revisado las explotaciones y han analizado a los animales sin encontrar indicios de la presencia del virus y han efectuado recomendaciones a las empresas para incrementar medidas de higiene y desinfección adicionales a las habituales para evitar contagios. La próxima semana se hará una segunda ronda de revisiones en las granjas.
De acuerdo con los protocolos sanitarios comunitarios e internacionales, el gobierno español tuvo que suspender todas las exportaciones españolas de productos de porcino fuera de la UE y negociar con cada país la reapertura del mercado. China, el principal mercado fuera de Europa, ha aceptado la entrada de cerdo con la excepción del procedente de la demarcación de Barcelona, mientras que estados como Reino Unido o Filipinas, han optado por los criterios que aplica la propia UE y sólo vetan la entrada de productos realizados dentro de los 91 municipios dentro del radio de 20 kilómetros. En total, Cataluña exporta unos 1.000 millones de euros anuales de cerdo fuera de la UE y otros 2.000 millones a países comunitarios.