La Audiencia Nacional imputa al BBVA por contratar a Villarejo

SANTANDEREl BBVA y su expresidente, Francisco González, tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados ​​por el caso Villarejo. Siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, y en plena opa hostil en el Banc Sabadell, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha decidido imputar al BBVA como persona jurídica penalmente responsable; también quien fue presidente de la entidad entre los años 2000 y 2018, Francisco González, así como otras doce personas entre altos directivos de la entidad y cargos policiales por delitos de cohecho en grado de continuidad y delitos de revelación de descubrimiento y revelación de secretos. Por el contrario, el juez acuerda el sobreseimiento de los autos para once de los investigados.

Con esta decisión, García-Castellón pone punto y final a la instrucción iniciada en 2018 de la pieza separada número 9 del denominado caso Tándem, la operación que investiga el espionaje a empresas y personas por parte del comisario ya jubilado José Manuel Villarejo. El siguiente paso es fijar la fecha de inicio del juicio, una decisión que deberá tomar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y que puede tardar semanas. Pese a que el proceso coincide a las puertas de la jubilación de García-Castellón –el Consejo General del Poder Judicial ya ha propuesto que se retire este 2 de septiembre–, fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que esto no afectará al caso.

El BBVA es la única empresa del Ibex 35 que sigue salpicada por este caso, mientras que compañías como Repsol o CaixaBank han visto cómo se les archivaba. En el caso concreto de la entidad bilbaína, los hechos investigados ocupan el período entre 2004 y 2016. Durante aquellos años, la entidad dirigida entonces por Francisco González contrató a Cenyt, la empresa del excomisario José Manuel Villarejo, para espiar a la constructora Sacyr.

La versión de la Fiscalía se impone

El magistrado de la Audiencia Nacional se hace suyo el informe de la Fiscalía Anticorrupción, que relata que el caso comenzó con la contratación por parte del BBVA del comisario Julio Corrochano en septiembre de 2002. De hecho, García-Castellón destaca "l 'impecable detalle en la narración de los hechos'. Según el auto, la contratación de Corrochano tenía el visto bueno de Francisco González. Este hilo fue el que más adelante unió a la entidad con los comisarios entonces en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castany.

Torres, fuera del caso

El actual presidente del BBVA, Carlos Torres, no aparece como investigado, pese a que el fiscal indica en su escrito que envió correos electrónicos a sus subordinados cuando ocupaba otras posiciones en el banco en el que expresaba su interés sobre acuerdos privados con desconocidos . Fuentes del BBVA siguen defendiendo que "de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal para la entidad". "La prioridad del BBVA siempre ha sido la plena colaboración con la justicia para esclarecer los hechos", añaden las mismas fuentes.

Torres, delfín de Francisco González, siempre ha negado tener ningún vínculo con el caso, pero sí ha defendido la inocencia del expresidente: "Yo creo en Francisco González", decía en el 2019, cuando la investigación ya estaba en marcha. Para el juez García-Castellón, González no sólo conocía y autorizó las actividades ilegales contratadas por el banco en la empresa del excomisario, sino que asegura que "la única razón por la que el BBVA no ejecutó el programa de prevención penal y puso de manifiesto lo que sucedía era porque se trataba de ejecutar el mandato del presidente".