Los becarios no podrán trabajar por la noche ni superar el 20% de la plantilla de la empresa

MADRIDDespués de diez reuniones, gobierno español, sindicatos (CCOO y UGT) y empresarios han acercado las posiciones para cerrar el Estatuto de los Becarios, el nuevo marco normativo que busca blindar esta figura y poner fin al fraude que durante años lo ha perseguido. Este lunes el ministerio de Trabajo puso encima de la mesa un texto que tiene el aval de CCOO y UGT –según confirmaron al ARA fuentes sindicales– pero todavía no el de la patronal (CEOE). Los dos sindicatos aseguran que el siguiente paso ya es trasladar la norma a los órganos internos para que "en los próximos días" decidan si avalan el texto o no. "Esperamos tener cuanto antes mejor un acuerdo definitivo para disponer de una norma que aporte garantías y derechos a las prácticas no laborales", apuntan desde la UGT.

El objetivo principal del Estatuto del Becario es poner fin al fraude alrededor de las prácticas. Por eso simplifica las actuales figuras de "trabajadores en prácticas no laborales". En concreto, delimita la línea entre qué se considera una acción formativa, es decir, la práctica, y qué un trabajo productivo, que lleva a cabo el empleado en un ámbito de aplicación muy definido dentro de la empresa. Además, la nueva norma también limitará el número de becarios que puede tener una empresa, cosa que hasta ahora rechazaba la patronal. En concreto, el número de personas en formación práctica no podrá superar el 20% de la plantilla total de la empresa. Tampoco podrán hacerse las prácticas por turnos ni en horario nocturno. "Si la patronal piensa que hay caminos que tienen que permitir el uso de la formación como fórmula de abaratamiento de los costes será difícil llegar a un acuerdo con ellos", advertía el secretario de estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, a principios de agosto.

Hace años que los sindicatos denuncian "la explotación" de trabajadores jóvenes titulados y las pérdidas que esto supone para la Seguridad Social. Según un informe publicado por la UGT, por la práctica fraudulenta de las empresas con los becarios en 2018 la Seguridad Social dejó de ingresar 1.500 millones de euros en cotizaciones. De hecho, durante la negociación también se ha involucrado la cartera de Inclusión y Seguridad Social, que dirige José Luis Escrivá, con la que los agentes sociales todavía tienen que cerrar algún flequillo abierto del nuevo marco legislativo.

Una de las principales novedades de la norma es que se concede por primera vez un catálogo de derechos a los becarios: podrán acceder a un plan formativo individualizado, a la compensación de los gastos que puedan tener mientras están en prácticas –como por ejemplo las derivadas del transporte o las dietas– y a un seguimiento más exhaustivo a través de tutorías, y verán mejoradas sus cotizaciones, entre otras cosas.

¿Qué dice ahora la ley?

Actualmente los jóvenes pueden optar a contratos de trabajo formativo o formación dual –que pueden durar tres años–, o a contratos de prácticas –que se pueden alargar hasta dos años–. Los dos modelos están destinados a estudiantes universitarios y alumnos de FP.

En paralelo, están las prácticas no laborales vinculadas a convenios para personas que normalmente están estudiando, y es aquí donde los sindicatos ponen la lupa. Normalmente estas prácticas se formalizan a través de un convenio con el SEPE, también son remuneradas y tienen como objetivo acercar a personas jóvenes sin experiencia laboral previa a sectores o empresas concretas donde quieran empezar a trabajar. En este caso, los jóvenes que se acogen a ello tienen que recibir de la empresa una remuneración como mínimo del 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem) mensual y vigente en el momento del convenio (cada año se va actualizando). Además, la compañía está obligada a dar de alta al trabajador en la Seguridad Social.