El caso BBVA-Sabadell abre la puerta a explorar los límites de las leyes en juego en una opa

MadridEl caso BBVA-Banc Sabadell ha abierto la puerta a explorar los límites de las leyes que han entrado en juego a lo largo de la opa hostil, una de las más mediáticas y politizadas de los últimos años y que ha terminado descarrilando. En consecuencia, se ha puesto sobre la mesa la necesidad, o no, de revisar y actualizar algunas de las normas, cuyo contenido ha sido en un momento u otro caballo de batalla de estos diecisiete meses, que han marcado la partida. En el punto de mira se ha colocado la ley de Defensa de la Competencia y la ley de opas. En caso de que una integración entre BBVA y Banc Sabadell hubiera prosperado, también habría entrado en juego la ley bancaria que deja en manos del gobierno español la autorización o no de una fusión.

Quien primero alzó la voz cuando el desenlace de la opa aún no se conocía fue, nada menos, que uno de los rivales de ambos bancos: "No haré comentarios sobre la operación, pero sí podemos reflexionar sobre si la legislación [la ley de Defensa de la Competencia] es adecuada. Es algo que tendremos que repensar cuando esto [el opa] se va" Gonzalo Gortázar, en un foro financiero. La ley de Defensa de la Competencia es la que marcó el proceso de análisis de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y que acabó con un dictamen en favor de autorizar a la opa, aunque bajo compromisos y condiciones. Asimismo, también permitió la intervención del gobierno español con la aprobación de condiciones adicionales por razones de interés general.

El interés general: una caja de truenos

De todo ello, lo más discutido de la ley es el calendario –el proceso de la CNMC se prolongó casi un año– y el papel del gobierno español, en concreto, la capacidad de actuar por razones de interés general. En el primer caso, hay quien cree que ahora "ha llamado la atención" porque Competencia estaba ante una operación que salpica a dos sociedades grandes, lo que plantea más problemas. "Si no, habría pasado desapercibido".

En cuanto al rol del gobierno, el BBVA ha decidido recurrir la decisión del ejecutivo central ante el Tribunal Supremo al interpretar que las condiciones aprobadas son contrarias a la filosofía de la norma: a juicio del banco vasco, el gobierno no puede endurecer la decisión de Competencia.

"Creo que ha sido el punto más polémico de todos", indica una fuente jurídica, y coinciden otras voces de firmas de bufetes de abogados consultadas. ¿Cuál era el espíritu de la ley? ¿Que el gobierno fuera más o menos restrictivo que Competencia? Hay quien recuerda que la ley de Defensa de la Competencia se reformó en el 2007 para dar, precisamente, mayor poder a los organismos supervisores, y menos al ejecutivo de turno. El hecho es que sólo existe un precedente en el que se hizo por interés general y fue para aguar las condiciones de Competencia. "La discusión es si el artículo es para que el gobierno se salte una decisión restrictiva [de la CNMC] o para que la restrinja aún más. Creo que es la primera opción", indica la misma fuente.

En su momento Competencia no quiso agrandar la herida, pero sí reconoció que ya cuando la ley se aprobó, surgieron dudas sobre si era buena opción dejar tan abierta la interpretación de este artículo. También dudaron sobre que no se acotara suficientemente los supuestos bajo los que se enmarca el interés general.

"A veces hay quien explota las rendijas de las normas. ¿Eso implica limitarlas más? No necesariamente, simplemente hay que tener en cuenta que en una opa hostil los escenarios serán más abiertos".

¿Qué precio equitativo?

La otra gran norma que ha entrado en juego es la ley de opas reformada en el 2007 a raíz, precisamente, de una opa hostil: la de Gas Natural sobre Endesa. Días después, con el desenlace ya sobre la mesa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ofrecía diálogo al gobierno español para su revisión.

En el caso de la opa de Gas Natural sobre Endesa, el punto más conflictivo fue el deber de pasividad. Pero con BBVA y Sabadell, el escenario de una segunda opa y el precio equitativo de esta han supuesto todo un quebradero de cabeza para el organismo supervisor. "El precio equitativo siempre ha sido el foco", apunta una fuente jurídica, que defiende que la ley de opas actual no es mala: "Creo que permite diferentes estrategias, pero no es un texto ambiguo. Es lo que tenemos desde 2007 y ha habido muchas operaciones y se ha dado suficiente certeza en la mayoría de las cuestiones que se plantean", añade.

El presidente de la CNMV lanzaba otra reflexión: el equilibrio entre lo escrito y el caso práctico. "Tú no puedes tecnificar una ley hasta el punto de hacerla rígida", apunta el abogado especialista en derecho mercantil, bancario y financiero, Fernando Mínguez, quien pone de ejemplo los límites del deber de pasividad que tiene la empresa opada. "Tú no puedes paralizar la actividad de una sociedad mercantil durante un período de tiempo tan prolongado, lo que ha sido una característica de esta opa", añade Mínguez. "La ley debe marcar un campo de juego, que no puede ser tan restrictivo porque son procesos dinámicos", indica el abogado.

Pendientes de la respuesta en Bruselas

Sin embargo, el gobierno español tiene pendiente responder al requerimiento de Bruselas sobre dos de las leyes que han entrado en juego (tiene tiempo hasta este 29 de octubre). Por un lado, la ley de Defensa de la Competencia y, por otro, la ley bancaria del 2014 y aprobada por el entonces ministro de Economía del PP, Luis de Guindos, y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE).

"El gobierno estaba habilitado en mirar el interés general. Lo hemos hecho y no ha supuesto ningún impedimento para que la opa continuara y los accionistas se pronunciaran", defendía el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, esta semana, sobre la primera ley. "Estamos convencidos de que encaja totalmente la normativa [española] con la europea", reiteraba. Con todo, Cuerpo también ha confirmado su intención de transponer la directiva europea en la que se dota al Banco de España (BdE) de la capacidad de aprobar una fusión.