¿Hacia la Cataluña de los 9 millones?

El tema de la semana ha sido la regularización de medio millón de inmigrantes. Aunque pueda pensar que no es un tema económico, es una cuestión presente en todas mis clases de entorno económico.

La población española tiene una pirámide demográfica claramente invertida y, actualmente, existen 9,4 millones de personas pensionistas y unos 5 millones de trabajadores en la franja de edad comprendida entre los 55 y los 65 años. Esto significa que, en diez años, el número de pensionistas en España superará los 15 millones. ¿Cómo os digo siempre cuando tratamos el tema de las pensiones: eso, quién lo paga?

Por ahora, incluida la franja de 55 a 65 años, el número total de ocupados es de 22,4 millones. Por tanto, dentro de diez años, si no hay un efecto sustitución claro en el mercado laboral, nos encontraremos con una situación límite: prácticamente el mismo número de pensionistas que de trabajadores. En este contexto, o hay más personas cotizando o el sistema resulta insostenible.

Ahora bien, el debate es mucho más complejo. ¿Está el país preparado para asumir ese incremento de población? Catalunya ha pasado de tener 6,8 millones de habitantes en el 2005 a superar los 8 millones en el 2025, y las previsiones apuntan a que esta cifra seguirá creciendo en los próximos años. Las infraestructuras son las que son, los hospitales son los que son y las escuelas son las que son. Y no me sirve el argumento de que nada se ha hecho: el número de médicos ha aumentado de 32.615 a 51.578. Sin embargo, todos somos conscientes de las largas listas de espera que siguen existiendo y del sistema ferroviario que cae a pedazos (literalmente).

Es ahí donde entra en juego la responsabilidad de las administraciones públicas. Si se promueve —o se acepta— un crecimiento sostenido de la población, éste debe ir necesariamente acompañado de una planificación realista y valiente en servicios públicos e infraestructuras. Si no, la presión caerá sobre un ciudadano que acabará explotando.