El consejo de ministros aprueba la reducción de jornada y Díaz ve margen para evitar el veto de Junts y el PP

MadridLa reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha llegado en segunda vuelta al consejo de ministros de este martes bajo la atenta mirada de Junts. El gobierno español ha dado luz verde al anteproyecto de ley que ahora dará el salto al Congreso de los Diputados, donde, de momento, el ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene los votos garantizados de sus socios de investidura, ni tampoco de la oposición. De hecho, el partido de Carles Puigdemont amenazó con tumbar la norma con una enmienda a la totalidad, aunque mantiene la puerta abierta a la negociación para tratar de conseguir en un texto distinto que incluya, en particular, excepciones para Catalunya.

En todo caso, este escenario no preocupa al ministerio de Trabajo. En rueda de prensa posterior al consejo de ministros, Díaz ha asegurado que ve margen de negociación con los de Carles Puigdemont, pero también con el PP, y ha restado importancia a la presión de las organizaciones empresariales hacia ambas formaciones, pese al desfile de patronales que han pasado por Waterloo, con Foment del Treball y Pimec al frente. De hecho, esta última no tardó en reaccionar al paso de este martes: "La reducción de la jornada supone un incremento insostenible de los costes laborales para las pymes", aseveró el presidente de Pimec, Antonio Cañete, a través de un comunicado de prensa. La patronal catalana avisa de que defenderá ante los partidos en el Congreso la "inviabilidad" de la medida.

"Las formaciones políticas deciden por sí solas y me consta que no por los empresarios", ha apuntado Díaz. Cabe recordar que el texto que el gobierno español ha aprobado sólo tiene el visto bueno de los sindicatos, CCOO y UGT, porque la patronal española CEOE se desmarcó, un elemento que fuentes de Treball vinculan a las discrepancias internas dentro del empresariado.

Excepciones para Cataluña

"El gobierno [español] hoy ha cumplido y ahora debe hablar la soberanía popular, es decir, el Congreso de los Diputados", ha insistido la ministra de Trabajo. De esta forma tira la pelota en el tejado de la cámara baja española. Pero, ¿y una vez aquí?

A pesar del optimismo que se respira en Treball, el camino no se presenta fácil. Tras hacerlo este lunes, la portavoz en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha vuelto a cargar contra el texto actual de la jornada laboral: "Decimos no a una ley que sólo se ha negociado con el lobi sindicato español [CCOO y UGT], y que aprieta a la pequeña y mediana empresa ya los autónomos y pone en riesgo muchos puestos de trabajo". Nogueras insistió en que su plan A es presentar una enmienda a la totalidad al anteproyecto de ley actual. En cualquier caso, fuentes del ministerio de Trabajo explican que la maquinaria de la negociación está en marcha ya todos los niveles, lo que incluye a Waterloo.

La clave de si finalmente el ministerio de Trabajo y Juntos llegan a un entendimiento son las excepciones que se puedan hacer sobre la pequeña y mediana empresa catalana, así como a los autónomos. "La productividad catalana duplica la media española y, por tanto, el tejido empresarial catalán tiene perfil propio", ha reconocido Díaz este martes. La ministra también ha recordado que 30 por ciento de los nuevos convenios colectivos firmados en Catalunya ya están por debajo de las 37 horas.

Durante la negociación con los agentes sociales Díaz guardó en un cajón medidas como las ayudas directas a las empresas para que se adapten a la reducción de la jornada. A esta cuestión se podrían sumar otras vinculadas al absentismo laboral o particularidades para sectores. La intención de Treball sería que aunque el partido de Carles Puigdemont presente una enmienda a la totalidad, se pueda encauzar un acuerdo para que lo acabe retirando de forma que se permita la tramitación de la norma y se puedan presentar enmiendas.

Este martes, la ministra de Trabajo también miró al PP, sobre quien de hecho centró su intervención durante la rueda de prensa. "¿Maniobrará el señor Feijóo para tumbar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales? ¿Quiere hacer daño al país como hizo con la reforma laboral?", ha planteado Díaz. La ministra pidió al PP aclarar cuál es su posición, tras los giros de los populares en este asunto: "Me gustaría saber con qué Feijóo me encontraré", remachó. El líder del PP, precisamente, ha hablado de ello este martes desde las jornadas del Círculo de Economía en Barcelona, ​​donde ha reprochado al gobierno español que "imponga" esta medida, pero no ha aclarado su posicionamiento. El líder conservador criticó que el ejecutivo de Sánchez no hable "ni de productividad ni de absentismo" y aseguró que el principal problema del país no es la jornada laboral, sino los salarios.

El papel de los sindicatos

"[La enmienda a la totalidad de Junts] Es un fraude democrático", aseveraba el líder de CCOO, Unai Sordo, este lunes. Sordo criticó al partido de Puigdemont de practicar "obstruccionismo". Desde UGT Catalunya, y con un tono más conciliador, su secretario general, Camil Ros, ha asegurado que "lo que le llega" es que la presentación de la enmienda a la totalidad por parte de Junts es "con voluntad de negociar". "Espero que la enmienda a la totalidad se convierta en enmiendas en el proceso parlamentario", ha añadido a la SER Catalunya este martes. También se mostró dispuesto a volver a Waterloo para convencer al líder de Junts, Carles Puigdemont, para negociar de nuevo.

A principios de febrero el consejo de ministros aprobó el texto en primera vuelta y por la vía de urgencia. La futura norma no sólo recoge una reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, sino que prevé que deberá aplicarse sin devaluación salarial y antes del 31 de diciembre de 2025, algo que los agentes sociales ven complicado teniendo en cuenta el calendario actual. Además refuerza la desconexión digital y el registro horario.

Según cálculos del ministerio de Trabajo, la reducción de la jornada beneficiará a 12,5 millones de trabajadores. De éstos, 2,4 millones son del sector comercio; 2 millones en la industria y 1,4 millones en la hostelería. Por comunidades autónomas, más de 6 millones de trabajadores de Catalunya, Madrid y Andalucía se beneficiarán.