El techo de gasto de los primeros presupuestos de Isla reafirma la línea expansionista
El tope de gasto de la Generalitat se fija en 37.783 millones de euros, un 12,8% más que en el último año con cuentas aprobadas
BarcelonaUn mes después de la investidura de Salvador Illa, el Govern ha dado el pistoletazo de salida a la tramitación de sus primeros presupuestos con la aprobación del techo de gasto no financiero y no finalista, fijado en 37.783 millones de euros para 2025, un 12,8% más que en 2023, en el último año con presupuestos aprobados. Esta cantidad, que reafirma la línea expansionista de las cuentas de la Generalitat, marca el límite de asignación de recursos presupuestarios para el ejercicio, de acuerdo con tres parámetros: el escenario de ingresos, el cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria y los criterios del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010).
Lo ha anunciado este martes la portavoz del ejecutivo, Silvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo. "Este acuerdo significa un primer paso para tener presupuestos el 1 de enero de 2025. Es un objetivo prioritario", ha explicado la también consellera de Territori. Paneque ha defendido la necesidad de unas nuevas cuentas públicas para "afrontar los grandes retos" que tiene Catalunya como país. La consejera de Economía, Alícia Romero, ya anunció ayer en una comisión parlamentaria la aprobación de este instrumento de gestión presupuestaria.
Primeros encuentros
Para lograr este objetivo de aprobar las cuentas públicas el 1 de enero, el Govern debe buscar los apoyos necesarios en el Parlament, y ya lo ha hecho de forma prioritaria con ERC y los comunes, con los que ha mantenido unas primeras reuniones. Según Paneque, estos encuentros son aún "incipientes" y habrá que ver cómo se "desarrollan" en las próximas semanas. Esto no significa que no hablen con los demás grupos, salvo los que difunden discursos de odio, según dijo ayer la consellera Romero.
Cuando el nuevo gobierno de Isla aterrizó en el Palau de la Generalitat tenía la opción de presentar una propuesta para los presupuestos de 2024 –cuyo techo de gasto se situó en los 36.684 millones de euros, un 3% menos que la cifra establecida hoy para los del próximo año– o bien renunciar a ellos y centrarse en los del próximo año, que es lo que ha acabado haciendo. De hecho, la falta de apoyos parlamentarios a las cuentas planteadas para 2024 es lo que empujó al entonces presidente, Pere Aragonès, a adelantar las elecciones el pasado 12 de mayo, ya que la negociación cayó por la oposición de los comunes en medio de la polémica por la construcción del macrocasino del Hard Rock.
Déficit del 0,1%
La previsión de ingresos no financieros y no finalistas para 2025, el primero de los tres parámetros que permiten calcular el techo de gasto, se sitúa en 36.738 millones de euros, un 17% más que en 2023. Esta cantidad corresponde en gran parte a los recursos provenientes del modelo de financiación –anticipo y liquidación– y, en menor grado, a la previsión de otros ingresos tributarios. Establecida esta cantidad, entra en juego el segundo parámetro: el déficit que permite el gobierno español a las comunidades autónomas. Para el próximo año, el objetivo de déficit acordado es del 0,1% del PIB, es decir, de unos 307 millones de euros, tal y como aprobó el consejo de ministros el 10 de septiembre. El tercer y último elemento que configura esta cifra son los ajustes derivados de la aplicación del Sistema Europeo de Cuentas, que este año ascienden a 739 millones de euros.
La cuantía fijada hoy como techo de gasto, ha informado el gobierno catalán, está sujeto a modificaciones en los ingresos tributarios, incrementos o reducciones de las transferencias del Estado destinadas a la financiación de las competencias transferidas, así como a cambios en los ajustes SEC o cualquier otra variación relevante de los ingresos o del objetivo de déficit.
Regreso de sedes empresariales
Preguntada sobre el regreso de las empresas que trasladaron el domicilio fiscal fuera de Catalunya tras referéndum del 1 de octubre de 2017, la consellera ha dicho que la obligación del Govern es que existan las condiciones necesarias de estabilidad jurídica y política, pero ha advertido de que "lo que no puede hacer es manifestarse sobre decisiones de empresas privadas y concretas".