El Estado ejecuta un 13% de la inversión en Catalunya y un 40% en Madrid durante el primer semestre
Hasta junio, las comunidades recibieron de media el 18% de la inversión presupuestada para este año
En la primera mitad del año, Catalunya ha recibido tan solo el 13,3% de la inversión territorializada que aparecía en los presupuestos del Estado para este año. Es la comunidad donde menos se ha ejecutado el presupuesto en este periodo. En total, han llegado a Catalunya 275,6 millones de euros, según datos publicados este jueves por el ministerio de Hacienda. La cifra dista mucho de la de Madrid, que se sitúa en el 40%. Para que Catalunya reciba todo lo que aparecía en los presupuestos, durante la segunda mitad del año tendrían que llegar inversiones valoradas en unos 1.820 millones, casi siete veces más de lo que ha llegado en el primer semestre.
Hay que recordar que la inversión presupuestada por el Estado en Catalunya durante 2021 sube a 2.101 millones de euros, según los últimos datos actualizados de Hacienda. Incluso si se cumpliera esta cifra, sería el 16,5% del total presupuestado para las comunidades autónomas. Una cifra que no gusta a la Generalitat, que reclama desde hace años que la inversión se equipare al peso de Catalunya en el PIB de España, que es del 19%.
Fuentes del ministerio de Hacienda consultadas por el ARA apuntan que el "moderado" ritmo de ejecución de la inversión presupuestada durante este medio año es resultado de las inversiones "dependientes de Adif", una empresa pública que ahora depende de la ministra catalana Raquel Sánchez.
En su conjunto, las comunidades autónomas han recibido durante el primer semestre un 18,3% del total presupuestado, cinco puntos más de lo que ha llegado a Catalunya, según los datos publicados por la Intervención General del Estado y anticipadas por Nació Digital.
Si la lupa se pone por comunidades, se dibujan diferencias importantes. En Madrid ya ha llegado el 40% de la inversión presupuestada, como se ha dicho, mientras que en el País Valenciano o Andalucía no llegan al 20% de la inversión presupuestada para cada una de ellas.
Cada vez que el gobierno central presenta unos nuevos presupuestos, la Generalitat reclama que las cifras presupuestadas se conviertan en cifras reales, es decir, que el dinero se ejecute. Según un estudio de la Cambra de Barcelona, desde 2001 el Estado dejó de invertir en Catalunya el 25% de lo que había presupuestado. En total, 8.000 millones de euros.
A la espera de los presupuestos
Estos registros se han dado a conocer cuando falta poco para que el gobierno español presente los presupuestos de 2022. De hecho, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado que tiene el texto "a punto". Si el año pasado la inversión territorializada por comunidades fue de 12.125 millones de euros (una cifra que después de la tramitación parlamentaria en el Congreso y las enmiendas de los partidos políticos ha cambiado ligeramente), este año todo apunta a que la inversión será similar o superior.
Habrá que ver si, después de los estragos que ha provocado la crisis sanitaria en las cuentas públicas, el gobierno español apuesta por una inversión territorializada que al menos le permita rebajar la tensión de las últimas semanas alrededor del sistema de financiación que comunidades y ayuntamientos reclaman reformar.
La última reunión entre los dos socios del gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, para pactar los presupuestos, ha tenido lugar este jueves por la tarde y tenía dos temas calientes encima de la mesa que, por ahora, mantienen encallada la negociación. Por un lado, la futura ley estatal de la vivienda que "controle" los precios de los alquileres. Por otro, fijar un mínimo del 15% efectivo en el impuesto sobre sociedades en las grandes empresas. Fuentes del ministerio de Transportes insisten al ARA en que la negociación sobre la ley de vivienda no está vinculada a las cuentas públicas.
En este sentido, este jueves Unidas Podemos, ERC, Junts y la CUP –junto a cinco partidos más– han registrado en el Congreso la ley de vivienda impulsada por entidades sociales como la PAH o el Sindicat de Llogaters y que incluye la regulación de los alquileres. Los portavoces de las entidades han coincidido en presionar al PSOE para que acepte esta regulación. Aun así, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha enfriado la medida y ha insistido en mantener abiertas "otras opciones". "La regulación de los alquileres es una solución que es muy discutida y que no ha dado resultados", ha dicho en un acto en Logroño.