El Gobierno pagará 100 M€ por cerrar el conflicto de ATLL

BarcelonaEl Govern y Acciona han cerrado finalmente el acuerdo para poner punto y final al conflicto abierto por la fallida privatización de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), según ha avanzado este viernes La Vanguardia y ha podido confirmar el ARA de fuentes del Govern. Así, la Generalitat pagará a la constructora controlada por la familia Entrecanales algo más de 100 millones de euros (de los que 95 millones son la indemnización y unos 8 millones los intereses).

Este acuerdo entre las partes, sin embargo, necesitará el aval del Tribunal Supremo, que es la instancia judicial que debía resolver el recurso que la compañía constructora había presentado reclamando la indemnización a la Generalitat. Una vez el Alto Tribunal dé su visto bueno, se pondrá fin a un largo conflicto, que se inició en el 2012 cuando el Govern decidió hacer una concesión del servicio de la ATLL, en plena época de recortes por la crisis financiera y de la deuda, en la que fue la mayor privatización que ha hecho nunca la Generalitat.

La indemnización ahora pactada para cerrar definitivamente el conflicto se sumará a los 377 millones de euros que el gobierno de Pere Aragonès ya pagó a ATLL. Acciona y sus socios consiguieron la concesión de ATLL cuando estaba al frente del Govern Artur Mas y era conseller de Territori Lluís Recoder. La adjudicación se hizo a finales del 2012 por un período de 50 años y un precio de 1.000 millones de euros. Acciona pagó casi 300 inicialmente, pero el caso se judicializó.

El TSJC anuló la concesión, lo que ratificó el Supremo, estableciendo que la compañía debía ser compensada. El gobierno de la Generalitat, con Pere Aragonès al frente,hizo un primer pago a ATLL de 377 millones de euros. Pero Acciona y sus socios hicieron una reclamación en la que pedían también una indemnización por el lucro cesante, es decir, por el dinero que dejaba de ganar por el fin de la concesión que iba a durar 50 años, que es la que ahora se ha pactado.

Impacto total de 480 M€

La compañía controlada por la familia Entrecanales llegó a reclamar hasta 900 millones de euros de indemnización cuando los tribunales anularon su concesión. Con el acuerdo al que se ha llegado, el Gobierno cierra el conflicto, por tanto, con un coste total de unos 480 millones de euros, evitando así unimpacto para las arcas públicas superior a los 1.000 millones de eurosen caso de que los tribunales aceptaran la reclamación inicial de Acciona (900 millones) más los intereses legales.