Abundancia
California lleva años proyectando un tren de alta velocidad, pero la construcción avanza muy lentamente y sólo se han completado algunos tramos; España, sin embargo, tiene una de las redes de alta velocidad más extensas del mundo y sigue abriendo nuevos tramos. El exceso de regulación, los obstáculos institucionales y la forma en que los políticos reaccionan a los intereses locales explican por qué se construye mucho en España y casi nada en Estados Unidos.
En el libro Abundancia, los periodistas Ezra Klein y Derek Thompson describen cómo muchos estados estadounidenses, especialmente los gobernados por demócratas, encuentran enormes dificultades para sacar adelante proyectos. Vivienda en ciudades como San Francisco, parques eólicos y solares en Pensilvania, el tren de alta velocidad… todo queda atascado por procesos administrativos complejos, informes interminables y litigios constantes. Esto provoca retrasos de varios años en proyectos esenciales, con costes sociales y económicos acumulados.
Este tipo de rechazo local es lo que se conoce como fenómeno nimby, no in my back yard. Todo el mundo quiere vivienda asequible, energía limpia o transporte eficiente, pero cuando el proyecto impacta directamente su entorno inmediato, aparece oposición. Los costes son inmediatos y visibles; beneficios, difusos y colectivos. Así, iniciativas útiles socialmente pueden quedar paralizadas, a pesar de su general necesidad.
En Catalunya, esto también ocurre. Por ejemplo, la construcción de vivienda crece muy por debajo de lo necesario, con un ritmo que no cubre la demanda existente. Aunque las causas son diversas, muchos municipios moderan esta construcción con el argumento de preservar el paisaje, mantener la capacidad de las infraestructuras locales o la cohesión de la comunidad. Todo ello ventajas visibles para el mismo municipio. Pero las repercusiones afectan a toda el área urbana: los precios siguen altos, los desplazamientos dentro de la ciudad se alargan y se reduce la movilidad, con un impacto sobre la calidad de vida y la competitividad de toda la región.
Las energías renovables también chocan con obstáculos relacionados con la protección del territorio. Parques eólicos y parques solares de gran escala a menudo se topan con regulaciones estrictas y con la resistencia de comunidades locales preocupadas por el impacto paisajístico o ambiental. Esto hace que muchos proyectos avancen más lentamente de lo necesario para alcanzar los objetivos climáticos. Tanto en vivienda como en renovables, los intereses locales pueden frenar iniciativas beneficiosas para la sociedad. Quienes necesitan más vivienda o energía limpia a menudo carecen de voz, mientras que los actores con capacidad de bloqueo son más visibles e influyentes. El resultado: oferta limitada y transición más lenta a modelos sostenibles y eficientes.
Sin embargo, en infraestructuras grandes la situación es casi la inversa. La alta velocidad es el ejemplo más claro. La lógica es de universalismo territorial: cada región debe tener conexión, aunque la demanda sea limitada. Los beneficios locales son evidentes pero los costes generales se reparten entre todos los contribuyentes. Esto permite invertir en grandes proyectos, pero también genera redes extensivas con rendimientos desiguales y menos recursos disponibles para servicios básicos como Cercanías, con tensiones entre el gasto y la necesidad real.
Si en el nimby los beneficios son generales y los costes concentrados, en infraestructuras como la alta velocidad, los beneficios son locales y los costes generales. Los efectos son simétricos pero inversos: en EE.UU. bloquean, en España sobreconstruimos. Ambas situaciones tienen un coste social considerable y muestran cómo los incentivos institucionales condicionan la capacidad de respuesta a necesidades colectivas.
El problema no es sólo construir más o menos, sino establecer mecanismos que alineen intereses locales y colectivos. En EE.UU., el veto vecinal puede paralizar proyectos necesarios; en España, la distribución política del gasto y la lógica territorial pueden favorecer decisiones ineficientes o partidistas. En un mundo que exige vivienda accesible, energía limpia e infraestructuras eficientes, el objetivo no es sólo gastar más, sino organizar mejor la toma de decisiones. Sin embargo, la abundancia existe sobre el papel, como concluyen Klein y Thompson, los obstáculos institucionales y políticos impiden que se traduzca en vivienda, energía e infraestructuras reales.