Drones militares, pozos de petróleo y diplomacia en una trama que golpea a Repsol
El este de Libia cierra el yacimiento de Al Charara por las pesquisas judiciales sobre un miembro del clan de los Haftar
TúnezEl gobierno del este de Libia, liderado por el general Khalifa Haftar, ha decidido cerrar casi completamente el pozo de petróleo de Al-Xarara como represalia por las pesquisas iniciadas por la justicia española contra un miembro del clan de los Haftar por violar l embargo de armas impuesto por la ONU. El pozo, situado en el suroeste del país, está operado por una coalición de compañías petroleras entre las que figura la española Repsol. La producción diaria del yacimiento de Al Charara es de 300.000 barriles de petróleo, por lo que, después de aproximadamente un mes del cierre, las pérdidas podrían ascender a más de 600 millones de euros.
De acuerdo con la versión de cuatro fuentes libias distintas, el conflicto se desató cuando Sadam Haftar, el hijo del general Khalifa Haftar, fue retenido a finales de julio pasado en el aeropuerto de Nápoles y fue informado de que su nombre figuraba en la lista del Sistema de Información de Schengen (SIS) porque se lo incluyeron las autoridades españolas. Con el cierre del pozo, Haftar pretende que las autoridades españolas archiven el caso o al menos retiren su nombre de cualquier investigación.
La lista del SIS, elaborada por los países de la UE dentro del espacio Schengen en colaboración con Europol, no equivale a una orden de arresto, sino que simplemente obliga a informar de los movimientos de las personas integrantes de la lista a la institución que ha solicitado la monitorización. La noticia salió a la luz pública a principios de agosto gracias a una filtración en el diario italiano La Repubblica. “Italia no debería haber informado a Haftar, pero lo hizo para hacerse perdonar el hecho de haber interceptado un barco con armas chinas a instancias de EEUU que se dirigía al este del país”, apunta una fuente política libia .
Libia, país que posee las mayores reservas de petróleo de toda África, se sumió en el caos tras la guerra civil que puso fin a la dictadura del coronel Moamar Gadafi en el 2011. La transición a la democracia descarriló en 2014 por las luchas de poder entre las diversas facciones políticas y militares, y desde entonces el país está escindido en dos gobiernos y dos estructuras administrativas paralelas: una en el oeste, con sede en Trípoli, y la otra en el este, controlada por el clan de los Haftar, que también ocupa buena parte del sur de Libia. Precisamente en el este y el sur del país es donde se encuentran los grandes yacimientos de petróleo y gas, lo que da al clan de los Haftar un gran poder de negociación en sus relaciones con Trípoli y con las potencias extranjeras.
Los problemas de Haftar con la justicia española arrancan de su intento de comprar drones a una empresa española, lo que representa una violación del embargo de armas de la ONU a Libia. Una persona que trabaja para una de las compañías de Haftar con sede en los Emiratos Árabes Unidos fue arrestada el año pasado en relación con este caso, y está en marcha un proceso judicial en su contra.
Por ello, en enero, Sadam Haftar ya ordenó el cierre del pozo de Al Sharara, situado en el suroeste del país, en una zona desértica, como medida de presión hacia Madrid. Tras unas conversaciones entre Haftar y las autoridades españolas, en las que éstas le dieron garantías de que se acabaría la persecución legal en su contra, Al Sharará volvió a reabrir pocas semanas después.
A raíz de su retención en Nápoles a finales de julio, Haftar reaccionó de forma furibunda al considerar que España no había cumplido su parte del pacto sellado en enero y ordenó de nuevo el cierre casi total del pozo. Consultado por el ARA, el ministerio del Interior español se ha negado a realizar cualquier comentario respecto a “acciones legales en curso”, pero no ha desmentido los hechos publicados por La Repubblica. Por su parte, representantes de Repsol también han declinado realizar cualquier declaración pública al respecto.
Según una fuente cercana a Haftar, el verano del año pasado se produjo un cambio en la política española hacia Haftar y, en general, el gobierno del este del país: “Haftar había tenido una buena relación con el gobierno español y los servicios secretos españoles. Por eso, aquí generó una gran sorpresa cuando se arrestó al comercial de la empresa de Haftar en España. El pedido de drones no era el primero de material de doble uso [civil y militar] que hacía el gobierno del este”. La citada fuente apunta a que hay negociaciones secretas entre Haftar y Madrid para poner fin a la crisis.