Impuestos, servicios públicos y democracia
En el ámbito de la economía pública es bastante conocida la máxima de que los impuestos son el precio que hay que pagar por vivir en democracia. Sin embargo, pagar impuestos no supone un beneficio directo a la persona que paga, sino al conjunto de la sociedad, ya menudo puede caerse en la tentación de pensar que no pasa nada si no se paga, porque ya lo hará otro. Por este motivo, además de garantizar una administración tributaria que facilite y garantice el efectivo cumplimiento de los impuestos, es bueno que los gobiernos fomenten la confianza en el sector público, de modo que la predisposición a pagar impuestos sea favorable. Esto, por ejemplo, es lo que encontramos en un estudio realizado conjuntamente con Leo Rizzo y Riccardo Secomandi, profesores de la Universidad de Ferrara e investigadores asociados del IEB, en el contexto del proceso de vacunación de la covid-19.
Aprovechando datos por España de una encuesta hecha al inicio de la pandemia y repetida posteriormente tres veces cada seis meses, pudimos estimar que aquellas personas que por su edad ya habían recibido mayoritariamente la vacuna de la covid-19, manifestaban claramente una predisposición más elevada a pagar impuestos, en comparación recibimiento. En otras palabras, cuando en primera persona se había constatado la buena organización en el proceso de vacunación masiva y la tranquilidad que suponía la vacuna, la predisposición a pagar impuestos aumentaba. Aunque, ciertamente, el contexto de la pandemia fue muy específico –y, por supuesto, mejor si no se vuelve a repetir–, el resultado anterior sí nos permite destacar la importancia que tiene la confianza en los gobiernos como uno de los elementos para mejorar el cumplimiento fiscal. Pero, ¿cómo podemos mejorar esa confianza en nuestros gobernantes?
La complejidad del tema daría para muchas consideraciones que van mucho más allá del objetivo de esta tribuna, pero sí pueden destacarse un par que están relacionadas con el tema impositivo. En primer lugar, sería bueno que los ciudadanos conozcan de forma clara cuáles son los gobiernos responsables de los distintos servicios públicos: ¿quién financia el servicio recibido? ¿Y cuál es el coste de este servicio? Cuando existe una visita al médico, un tratamiento médico o una intervención quirúrgica, ¿qué coste aproximado tiene el servicio recibido? O cuando se comienza una carrera en una universidad pública, que en este caso sí que es obligatorio pagar un precio, la matrícula, pero con el que sólo se paga una parte pequeña del coste, ¿cuál es el coste total de los estudios? Esta información sin duda la debe saber la administración responsable y, por tanto, ¿por qué no se comparte con el ciudadano?
En segundo lugar, y en este caso respecto a los impuestos, ¿cuánto pagamos ya quién pagamos? Centrémonos en el impuesto sobre la renta, el impuesto paradigmático de los sistemas fiscales modernos. El sistema de retención de la mayoría de las rentas facilita el control del impuesto y su pago. El dinero ya no llega al bolsillo del ciudadano (recibemos el sueldo después de descontar la retención) y, por tanto, es dinero que ya no se tiene presente en el presupuesto familiar. En consecuencia, el sistema de retención es bueno desde la perspectiva del cumplimiento, pero a su vez disminuye su perceptibilidad y fomenta el desconocimiento sobre la cuantía total pagada.
¿Quién mira cada año su cuota líquida en la declaración del IRPF? ¿O sólo nos preocupa de si hay que pagar más o nos devuelve dinero? Es más, ¿quién mira cada año en su declaración la cuota líquida estatal, que se paga al gobierno central, y la cuota autonómica, que se paga al gobierno de la Generalitat, en el caso de Catalunya? En otro estudio, en este caso con Luca Salvadori, de la Universidad Autónoma de Barcelona y también investigador del IEB, observamos que un 60% de los ciudadanos españoles no saben a qué nivel de gobierno pagan el IRPF, pero cuando reciben la información que el impuesto también se paga en su comunidad autónoma, se incrementa la predisposición a pagar.
Estamos en una época convulsa donde algunos cuestionan aspectos fundamentales de la democracia. Dar información real sobre cuánto se paga no deja de ser un reconocimiento del esfuerzo que cada uno realiza en la financiación del gasto público. Asimismo, informar sobre el coste de los servicios públicos que recibimos puede ayudar a valorar mejor el servicio recibido, así como a ser conscientes de su coste. Son pequeños cambios, nada costosos, que pueden ayudar a valorar el sistema democrático que tenemos sin duda imperfecto, pero infinitamente mejor que sus alternativas.