El gobierno español quita hierro a las "amenazas" de las energéticas y las acusa de "sobreactuar"

BarcelonaLa vicepresidenta primera del gobierno español y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, restó importancia a lo que considera "amenazas" de las compañías energéticas y las acusa de "sobreactuar" ante el reciente anuncio del ejecutivo de convertir en permanente el impuesto extraordinario al sector energético aprobado en 2022.

En este sentido, la petrolera Cepsa ha anunciado este viernes que detiene sus planes de inversiones en España porque "está valorando el impacto que puede tener un nuevo impuesto permanente en su fiscalidad". En particular, la compañía, controlada por el fondo soberano de Abu Dhabi –en los Emiratos Árabes Unidos– y el fondo de inversión estadounidense Carlyle, congelará el proyecto de 3.000 millones de euros para crear un hub de hidrógeno verde en Andalucía.

Con este anuncio, Cepsa se añade a otras empresas, como Repsol, que también anunció el pasado martes que detendría las inversiones en el complejo petroquímico del Tarragonès si finalmente el tributo se convierte en permanente.

El impuesto se creó a raíz de que en el 2022 este sector se benefició del encarecimiento de las materias primas –sobre todo del gas natural y del petróleo– debido a la invasión rusa de Ucrania. Este encarecimiento energético tuvo un efecto directo sobre el conjunto de los precios de bienes y servicios de consumo, que se dispararon provocando la peor crisis inflacionaria desde los años 80.

Para compensar el impacto sobre los bolsillos de los consumidores el gobierno español y los de otros países aprobaron nuevos impuestos para gravar estos beneficios extraordinarios, aunque el ministerio de Economía anunció que en el caso español sería temporal hasta el 31 de diciembre de ese año y sólo afectaría a las empresas con facturaciones superiores a 1.000 millones de euros. Ahora, sin embargo, el ejecutivo de Pedro Sánchez quiere mantenerlo de forma permanente, lo que ha sido mal recibido por las empresas del sector, las principales patronales y los partidos de la oposición, sobre todo por el PP y Vox, pero también por Junts y el PNV.

De momento, en los dos últimos años el gobierno español ha recaudado unos 1.644 millones en 2023 correspondientes a los beneficios de las empresas de 2022, y este año unos 1.164 millones más por los resultados de 2023. Estas cifras no incluyen el impuesto al sector bancario, que también recibió un tributo a los extraordinarios beneficios de dos años.

Montero pide "normalidad"

Pese a los anuncios del sector, Montero sacó hierro, en un acto en Sevilla, a las quejas por el tributo y pidió "vivir con normalidad" estas reacciones. La ministra cree, pues, que era de esperar que el sector energético español "sobreactúe, hiperventilie y haga afirmaciones de este tipo", ha dicho sobre los avisos de paros de inversiones. Entra dentro de "una cierta normalidad" que las grandes compañías, las más afectadas por el impuesto, "salgan ahora profiriendo amenazas o trasladando la presión a los grupos políticos para que no hagan permanente ese impuesto", añadió.

La vicepresidenta del gobierno cree que, por "justicia social", las empresas que tienen "más rendimiento en sus cuentas de beneficios" también deben ser las que "abonen más al erario público", ya que este incremento de los ingresos se traducirá en "una mejora de los servicios públicos en la sanidad, la educación y la dependencia".