La escalada de precios por la guerra aboca al gobierno español a mantener ayudas

MadridLa escalada de precios, en particular de los combustibles, por la guerra en Irán aboca al gobierno español a continuar desplegando ayudas dirigidas a familias, empresas y los sectores más afectados como el del transporte o el sector agroalimentario (con el inicio de la guerra, se puso en marcha un paquete de medidas que decae este 30 de septiembre). Lo dan por hecho en el ministerio de Economía y así lo ha trasladado el titular de esta cartera, Carlos Cuerpo, a sindicatos y patronales en una reunión este jueves.

Ahora, la clave será ver en qué se concreta este apoyo a partir del 1 de octubre. Es decir, si las ayudas mantienen el diseño actual, se modifican o se amplían. Entre estas ayudas destaca la rebaja de 20 céntimos sobre el litro de diésel, que este martes se situaba a 1,881 euros, o el descuento de 5 céntimos sobre el de gasolina (1,899 euros el litro). De hecho, la semana que viene Cuerpo se reunirá con los sectores más afectados para "calibrar las medidas de apoyo que puedan ser necesarias", según indican fuentes del ministerio de Economía.

"Seis meses después del inicio del conflicto, la presión de los precios de los carburantes ha vuelto a intensificarse: la inflación general se sitúa en el 4,25%, siete décimas por encima de julio, un repunte que se explica por el incremento de los precios energéticos [...]. Trabajaremos en las medidas del Plan de Respuesta [a la guerra] para continuar acompañando y dando apoyo a las familias ante la subida de los precios, atendiendo sobre todo a los sectores profesionales más afectados por el impacto que se produce sobre el resto de la cadena [productiva]", señalan fuentes del ministerio.

A la reunión de este jueves también han asistido el ministro de Hacienda, Arcadi España; la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz. Por parte de los agentes sociales han estado presentes los máximos representantes de CCOO, la UGT y la patronal española CEOE y Cepyme.

Toque de atención de la Airef

Las medidas del gobierno español suponen un coste para las arcas públicas, pero han ayudado a paliar los efectos de la inflación, empezando por contenerla, como ha reconocido el Banco de España. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), sin embargo, ha avisado este jueves de que el margen fiscal se agota y que las ayudas ponen en "riesgo" cumplir con las reglas fiscales europeas. Así lo ha afirmado la presidenta del ente, Inés Olóndriz, en un desayuno informativo en Madrid, en el que también ha avanzado que el organismo rebajará en una décima su previsión de crecimiento de la economía española este 2027, hasta el 2,7% del PIB (el gobierno español prevé que la economía crezca un 2,1%).

El ejecutivo de Pedro Sánchez continúa monitorizando la evolución económica, explican desde el ministerio de Economía, teniendo en cuenta el contexto de elevada incertidumbre geopolítica –de momento, los intentos de alto el fuego en Oriente Medio no han dado frutos.

Sumar quiere nuevos impuestos

Mientras tanto, Sumar, el socio minoritario en el gobierno español, vuelve a poner la lupa sobre la fiscalidad. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que su propuesta ante la escalada de precios es "prorrogar las medidas de protección [actuales], limitar los alquileres y gravar el refinamiento y recuperar la excepción ibérica", ha dicho a través de la red social Bluesky.

Además, aprovechando que la negociación por los presupuestos generales del Estado (PGE) entre Sumar y PSOE ha arrancado formalmente, el partido también exige un impuesto a las grandes fortunas para reducir la pobreza infantil. El grupo parlamentario en el Congreso ha registrado una proposición de ley para crear un nuevo gravamen de un 3% sobre la concentración de la riqueza que afecte a los patrimonios de más de 50 millones de euros y con la recaudación financiar un fondo para la protección a la infancia.

Finalmente, CCOO pide intervenir los precios y la UGT ampliar las medidas actuales. "Creo que habría que valorar la recuperación de la excepción ibérica para bajar el precio de la energía y proteger a las familias más vulnerables", ha defendido Unai Sordo (CCOO).