Europa reabre la caja de Pandora y apunta que el despido es demasiado barato en España

Madrid/BruselasLa indemnización por despido vuelve a estar a debate. El Comité Europeo de Derechos Sociales ha concluido que España incumple la Carta Social Europea en materia de compensación por los trabajadores a los que les rescinden el contrato, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), ya ha anunciado que convocará a los sindicatos mayoritarios –UGT y CCOO– y la patronal española CEOE para abordar una reforma del despido. "Es un elemento que será susceptible de reforma", avisó Díaz este lunes en declaraciones a los medios de comunicación.

La vicepresidenta ha reiterado que ésta es una materia que hay que abordar en la mesa del diálogo social y "adaptándola a la legislación europea". Es decir, a lo que indica el Comité Europeo de Derechos Sociales, que cuelga del Consejo de Europa y emite resoluciones que, según UGT, son vinculantes. Díaz ha recordado que el acuerdo para formar gobierno entre PSOE y Sumar ya incorpora "establecer garantías ante el despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea".

Según UGT, la comisión del Consejo de Europa (en una resolución que se hará pública el lunes 29 de julio) asegura que la compensación española, que prevé un pago basado en 33 días de salario por año con un máximo de 24 mensualidades, no tiene en cuenta factores como el impacto del despido en la carrera del trabajador, sus circunstancias personales o los posibles daños morales. Además, resalta que en los casos de poca antigüedad la legislación no tiene ningún efecto disuasorio y que la opción de readmisión se aplica de forma muy excepcional y, por tanto, en la práctica los trabajadores ven limitadas las posibilidades de recuperar el trabajo .

"Es una resolución muy importante", ha defendido el líder de UGT, Pepe Álvarez, en rueda de prensa este lunes. Álvarez abrazó la idea de empezar a negociar la reforma a partir de septiembre, pero ya advirtió de que es "vinculante". "Es un órgano jurisdiccional y lo que hace es sentenciar en consecuencia", aseguró el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, en rueda de prensa. De hecho, los tribunales superiores de justicia de Catalunya y País Vasco han emitido sentencias en las que reconocen una indemnización extra en base a la Carta Social Europea.

El Comité Europeo de Derechos Sociales recuerda que los sistemas de indemnización cumplen con la Carta Social Europea cuando prevén una compensación de un nivel suficientemente alto para disuadir al empresario de despedir a trabajadores y de reparar el daño sufrido que supone perder el trabajo. También indica que debe preverse el reembolso de las pérdidas económicas del despedido que debe afrontar desde que pierde su trabajo hasta que el organismo al que puede recurrirlo toma una decisión definitiva, y que realmente se tenga en cuenta la posibilidad de readmisión del trabajador.

Así, a raíz de la denuncia presentada por UGT, el organismo del Consejo de Europa insta a España a hacer más flexible la legislación en materia de indemnizaciones y dar más margen a los tribunales laborales para ajustar las compensaciones a los daños reales que sufre cada trabajador en concreto. Por otra parte, pide que las indemnizaciones sean más altas y señala que una de las opciones es retirar el tope máximo de 24 mensualidades o elevarlo significativamente.

El Comité Europeo de Derechos Sociales también apuesta por fomentar la reincorporación y asegurar que haya más trabajadores que pueden ser readmitidos después de haber sido despedidos de forma injustificada, acelerar las tramitaciones judiciales sobre las disputas por despidos e introducir un salario de tramitación para los trabajadores durante este período de litigio.

Discrepancias

Como la mayoría de negociaciones que ha asumido el ejecutivo español en materia laboral, ésta no se presenta fácil. De entrada, la patronal española CEOE se muestra contraria a tocar el despido en España: "El Comité es consultivo y existen muchos temas consultivos que no se atienden", ha afirmado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una entrevista a El País. Pero el debate también nace en el ejecutivo español. El ministerio de Justicia, bajo la batuta del PSOE, ha expresado con anterioridad que España cumple ya con las recomendaciones europeas.