Más agilidad para la investigación, más soberanía tecnológica
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El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad y la soberanía tecnológica en el ámbito científico e investigador, que establece un marco normativo especial más ágil para centros de investigación de excelencia que contribuyen a las tecnologías críticas. Una decisión así en plena campaña electoral tiene carácter excepcional, pero la urgencia está justificada: la competición tecnológica es una cuestión geoestratégica y no espera a los calendarios políticos. Su convalidación en la Diputación Permanente del Congreso permitiría consolidar el amplio consenso político sobre la necesidad de dotar de más agilidad a la investigación y la innovación disruptivas.
Es una buena noticia para Cataluña, que lleva veinticinco años apostando por centros de investigación con autonomía de gestión y capacidad para atraer talento. Icrea y el sistema CERCA demuestran el éxito de este modelo impulsado y mantenido por los sucesivos gobiernos y parlamentos, con unos resultados extraordinarios en la captación de ayudas del Consejo Europeo de Investigación (ERC) y de financiación de Horizonte Europa, que los sitúan en una posición de liderazgo en Europa. Una muestra de cómo la libertad para investigar y la agilidad de gestión hacen posible la excelencia científica.
Con los años, sin embargo, este margen de maniobra se ha ido reduciendo. Tras la crisis de 2008, los controles concebidos para la administración pública se han ido extendiendo a centros de investigación que compiten internacionalmente por personal, equipamientos y oportunidades científicas. Construir una sala blanca, adquirir instrumentación de alta precisión o negociar una inversión para hacer crecer una start-up exige una agilidad incompatible con los procedimientos administrativos ordinarios. Es necesario recuperar la agilidad con la que se concibieron estos centros. Y es significativo que el decreto también reforme la estructura del Barcelona Supercomputing Center en esta dirección: las trabas burocráticas limitan el potencial de todo nuestro sistema de investigación.
La justificación de la iniciativa ya no es solo científica. La Comisión Europea ha identificado diez ámbitos tecnológicos críticos para nuestra seguridad económica y estratégica, entre los cuales la biotecnología, los semiconductores, la inteligencia artificial, las tecnologías cuánticas y los materiales avanzados. Una dependencia excesiva de países no democráticos en estos ámbitos puede comprometer el bienestar, la competitividad y la seguridad de Europa. Para reducirlas hace falta conocimiento propio, pero también unas infraestructuras y una industria que no se pueden improvisar.
En este terreno, Cataluña no parte de cero. Los siete centros CERCA que componen la comunidad BIST –CRG, IBEC, ICFO, ICIQ, ICN2, IFAE e IRB Barcelona– con sello de excelencia Severo Ochoa y que trabajan con las universidades, son una buena muestra de lo que este modelo de gestión ha hecho posible. Según el Nature Index, la comunidad BIST se sitúa entre el 1,2% de las instituciones de investigación de mayor impacto del mundo. Esta fortaleza científica, difícil de imaginar sin la autonomía de los centros, también se hace valer en su contribución a gran parte de las citadas tecnologías críticas.
Además, como alerta el informe Draghi, Europa destaca en investigación de frontera, pero le cuesta convertir los descubrimientos en innovación disruptiva y empresas capaces de crecer. También en Cataluña hay camino por recorrer entre el laboratorio y la industria. Dotar a los centros de instrumentos ágiles y de mayor envergadura para proteger y madurar tecnologías, captar inversión e impulsar nuevas empresas ayudaría a obtener más retorno social y económico de la inversión pública en ciencia, sin condicionar la libertad de investigación.
Para multiplicar este impacto, los siete centros de la comunidad BIST trabajamos en una estrategia compartida para impulsar y agregar la innovación disruptiva. Partiendo de más de sesenta start-ups creadas que han captado más de 500 M€ de inversión, queremos sumar conocimiento, infraestructuras y capacidades para alcanzar la masa crítica necesaria para convertirse en un actor relevante en el ecosistema europeo de tecnologías profundas. Un marco normativo más ágil nos permitiría reforzar esta apuesta con talento especializado, capacidad de maduración tecnológica e instrumentos de inversión, para facilitar que los resultados de la investigación lleguen a la industria y establecer alianzas con instituciones europeas similares.
Sabemos que la soberanía tecnológica no pasa por dominar todas las tecnologías críticas, sino por llegar a ser imprescindibles en determinados puntos de sus cadenas de valor. El reto es saber dónde tenemos más posibilidades de conseguirlo, porque no siempre podemos anticipar qué líneas de investigación generarán las ventajas competitivas más relevantes. Por eso hace falta dar más margen a las instituciones que ya contribuyen de manera destacada a estas tecnologías, para que puedan explorar oportunidades, madurarlas y comprobar cuáles tienen más recorrido para llegar a la industria. Esta es una de las aportaciones del nuevo marco normativo: dar la agilidad necesaria para identificar estas ventajas y apostar por desarrollarlas.
La flexibilidad normativa, sin embargo, no lo resolverá todo. Europa debe invertir a gran escala en tecnologías profundas, capital paciente y compra pública innovadora, y ayudar a las empresas a crecer industrialmente. Como Tatxo Benet reclamaba en el reciente Foro FemCAT, hace falta más ambición catalana y europea: pensar en grande y aspirar a compañías de dimensión internacional, como hicieron los Estados Unidos con la revolución digital. Esta apuesta por una política continuada de innovación disruptiva, de la investigación a la industria, es la que reclamamos en el Congreso el pasado mayo desde el BIST junto con Cotec, AseBio, AESEMI y Farmaindustria, y este real decreto ley es un primer paso.
Cataluña ya ha demostrado que es capaz de generar investigación de excelencia y transformar sus resultados en nuevas empresas y actividad económica. El nuevo marco que aporta el real decreto ley debe contribuir a reconocer y reforzar este modelo y dotarlo de mayor capacidad para multiplicar su impacto, impulsar el crecimiento industrial de las nuevas tecnologías y contribuir con más fuerza a la soberanía tecnológica europea y a la prosperidad compartida.