El Estado exige un socio español dentro de la nueva Celsa

BarcelonaLos nuevos propietarios de Celsa tendrán que vender una parte de la compañía siderúrgica a un inversor industrial español. Es una de las exigencias que ha puesto sobre la mesa la Moncloa para dar luz verde a la transmisión de la propiedad de la familia Rubiralta a los fondos acreedores, según informaron fuentes conocedoras al ARA. El cambio de propietario lo dictó el juzgado mercantil 2 de Barcelona a principios de mes al homologar el plan de reestructuración que presentaron estos últimos para tomar el control de la compañía. Fuentes del gobierno español no han confirmado ni desmentido la información, mientras que la familia Rubiralta ha declinado pronunciarse sobre ella.

Según ha avanzado el digital El Confidencial, este condicionante podría alcanzar el 25% del capital a cambio de hasta 1.000 millones de euros y se trataría de una maniobra para replicar el modelo de ITP Aero, un fabricante de motores que fue adquirido por Bain Capital y que en su accionariado tiene Indra, el gobierno vasco, Sapa y JB Capital. Así se evitaría que Celsa, con sede en Castellbisbal, quede completamente en manos extranjeras, porque con la decisión judicial la familia Rubiralta perdió todo el control del grupo.

Este movimiento del gobierno español es trascendente: hasta ahora el ejecutivo se había limitado a decir que respetaba la sentencia, aunque algunos entornos apuntaban a que podía ser tumbada por un decreto ley.

Fuentes del sector industrial consultadas por el ARA explican que esta idea incluso podría ser compartida por los Rubiralta, propietarios de Celsa desde que la fundaron en 1967. Desde 2006 la siderúrgica estaba en manos de una de las dos ramas de la estirpe, cuando los hermanos Francisco y José María Rubiralta, hasta entonces copropietarios y administradores, partieron peras. El primero se quedó Celsa y el segundo CH Werfen, dedicada a la distribución de material hospitalario.

De hecho, la propiedad de Celsa es una de las cuestiones que más recelo ha levantado entre los sindicatos, preocupados sobre todo por los puestos de trabajo. Este miércoles el líder de UGT, Pepe Álvarez, pedía al gobierno español que actuara para mantener "la integridad" del grupo y velara para que quede "en manos de un grupo industrial unido y donde predomine el capital español". El sindicato ha hecho esta petición al gobierno con el objetivo de que Celsa y su proyecto industrial "tengan duración en el tiempo" y se mantengan los puestos de trabajo.

La pérdida de un gigante

La decisión del magistrado Álvaro Lobato llegó a principios de septiembre y cogió a todos por sorpresa: era la primera vez que, en aplicación de la nueva ley concursal estatal, se legitimaba a los acreedores a proponer un plan para reestructurar el pasivo de una empresa deudora e incluso acceder a su propiedad. Así, la primera empresa familiar de Cataluña en facturación dejaba de ser familiar y catalana.

El juez dictaminó que el valor de la compañía era inferior a la deuda acumulada durante los últimos años por una serie de acreedores, que ascendía a cerca de 3.000 millones de euros. Así, avaló lo que defendían los acreedores, entre ellos Deutsche Bank, Sculptor, Golden Tree, Cross Ocean, SVP, Golden Street Asset y London Branch, que era apoderarse de la compañía a cambio de parte de la deuda convertible, unos 1.350 millones de euros, y del jumbo, así como su extensión en cinco años de los vencimientos de la deuda restante.

El grupo Celsa, integrado por seis empresas y con cerca de 12.000 trabajadores, facturó 6.084 millones de euros en 2022.