El gobierno español enfría una bonificación generalizada a los carburantes por la guerra en Oriente Medio

MadridEl gobierno español quiere aprobar "lo antes posible" un paquete de medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio, y que ya se está traduciendo en una presión sobre los precios energéticos, en particular sobre el diesel y la gasolina. Aunque la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró este jueves por la mañana que algunas medidas se aprobarán ya en el consejo de ministros de la próxima semana, en la Moncloa reina la prudencia. "Trabajamos para que sea lo antes posible", indican fuentes gubernamentales. Y el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha referido públicamente a ello tras un encuentro con los sindicatos y las patronales para abordar, precisamente, el impacto económico del conflicto: "La prioridad es cerrar un texto, y no puedo avanzar el día de su aprobación", ha dicho Cuerpo en rueda de prensa.

El ministro, pues, ha evitado concretar sobre el calendario, pero, en cambio, ha dejado entrever por dónde irá el texto: ha enfriado la posibilidad de aplicar una bonificación universal a los carburantes como la que se aprobó en el 2022, mientras que ha confirmado que habrá medidas fiscales específicas para el campo y el transporte carburantes.

Bonificación universal

Es cierto que Cuerpo no descartó ninguna medida fiscal para contener los precios de la energía (desde los carburantes, hasta la factura de la luz), pero reconoció que la subvención a los carburantes de 20 céntimos por litro aprobada hace cuatro años para frenar la escalada histórica de precios recibió "numerosas críticas". "Es una de las medidas que menos nos recomiendan", añadió. El ministro ha dicho que están "interiorizando" esas críticas y que "se tendrán en cuenta" a la hora de aprobar el paquete de medidas. También apuntó que el principal "reto" es el precio del diesel, y no tanto el de la gasolina.

Quien se ha referido precisamente a aquella medida ha sido CCOO: "No puede que se adopten medidas fiscales que no vayan de la mano de un control de los precios porque, sino, sólo sirven para mejorar los márgenes empresariales", ha avisado el secretario general del sindicato, Unai Sordo, en rueda de prensa. Para CCOO y UGT, que ya han pedido tener el detalle de los recursos que el gobierno español va a destinar al paquete de medidas, es "imprescindible" reforzar el seguimiento y la transparencia de las posibles rebajas fiscales y ayudas directas. Y avisan: "Una bajada generalizada de impuestos es desarmar al Estado", ha dicho Sordo. Por el contrario, el tejido empresarial ve con buenos ojos las ayudas directas y los incentivos fiscales, una dicotomía que ya se vivió durante la guerra en Ucrania.

Ayudas al campo y al transporte

Por otro lado, el titular de Economía ha reconocido que hay sectores más expuestos al impacto económico de la guerra y que ya lo están notando. En concreto, citó el campo y el transporte por carretera. "Son los sectores más sensibles", ha dicho. Cuerpo confirmó que para ellos habrá ayudas específicas.

Entre el campesinado, la preocupación es un hecho. Unió de Pagesos, por ejemplo, ha convocado una concentración para este viernes en Barcelona para reclamar, precisamente, medidas. "El 25% del gasto del campo es por el gasóleo y los hidrocarburos", apunta Miquel Pinyol, responsable de Economía Agraria de Unió de Pagesos, en una conversación con el ARA, y cree que si no dejan de encarecerse los costes de producción –también alerta sobre los fertilizantes y su impacto en el cultivo–, pérdidas. Entre las medidas que plantean, piden una rebaja del IVA de los hidrocarburos.

Pero más allá de la batería de propuestas fiscales sobre los bienes energéticos, el documento incorporará otras medidas socioeconómicas. En este sentido, el ejecutivo español prevé recuperar algunas de las propuestas del escudo social que descarriló el mes de febrero en el Congreso. Ese paquete incorporaba la prohibición de cortar los suministros básicos a las familias vulnerables, así como las ayudas del bono social eléctrico y térmico sobre el recibo de algunos consumidores.

De hecho, la ministra de Trabajo ha asegurado que también se incorporarán planes de movilidad y la prohibición de despedir por causas energéticas. Además, ha abierto la puerta a aprobar medidas de la vivienda, como la congelación de los alquileres –una propuesta que desde hace tiempo exige Sumar, el socio minoritario en el ejecutivo central– o la limitación de los desahucios. "Estamos calibrando las medidas día a día y el próximo martes aprobaremos algunas", reiteró. También en materia residencial, Podemos ha ampliado sus demandas y exige al gobierno español que limite las hipotecas variables. En cambio, desde Economía envían un mensaje de prudencia en lo que se refiere al impacto económico sobre el mercado laboral, los precios de la vivienda o, incluso, los precios de los alimentos.

Con todo, el plan también incorporará propuestas estructurales para reforzar la autonomía estratégica y la transición energética con el objetivo de estar "menos expuestos" a la volatilidad de los precios.

Tiempo y consenso

Sea como fuere, el gobierno español no sólo busca algo más de tiempo para evaluar la situación por la incertidumbre sobre la prolongación de la guerra en Oriente Medio, sino que aspira a llevar un texto que genere el máximo consenso posible entre los sectores más afectados, pero también entre los partidos políticos, que tendrán que avalarla en el Congreso. En los últimos días ha habido encuentros a diferentes bandas y este jueves ha sido el turno de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, y la patronal española CEOE-Cepyme. Los agentes sociales se han reunido con las carteras económicas del gobierno -Hacienda, Trabajo, la Seguridad Social, Economía y Energía- y aunque de la cita no ha salido una lista concreta de medidas, ya se han dejado entrever las líneas maestras del plan de medidas que el gobierno está ultimando.

Cuerpo reconoció hace unos días que el impacto de la guerra ya se notaba en el bolsillo de las familias y este miércoles anticipaba que en los próximos cuatro o diez días el incremento del precio del petróleo y del gas se trasladará de forma "completa" a los ciudadanos. Hacía referencia a los precios de los carburantes, pero también al incremento de la factura de la luz de algunos clientes y, más adelante, del coste de la cesta de la compra. En cualquier caso, desde Economía mantienen que el escenario actual dista mucho al del 2022, cuando estalló la guerra en Ucrania. "Los precios del gas rondan los 50 euros el MWh y se superaron entonces los 200 euros".